La Iglesia pide al Gobierno boliviano que acabe con los linchamientos

Los obispos cat¨®licos, espantados ante las pr¨¢cticas inhumanas de la justicia comunitaria, como los linchamientos, han pedido a las autoridades bolivianas que asuman con premura toda medida encaminada a acabar con lo que consideran un grave flagelo en la sociedad.

Y no es para menos. La muerte accidental del pe¨®n Miguel Delgado Condori, que se atragant¨® mientras beb¨ªa en casa de tres hermanos en la comunidad Batallani de Tapacar¨ª (Cochabamba), desat¨®, dos d¨ªas despu¨¦s, la vengativa furia de unos 60 campesinos, que azotaron a los anfitriones con chicote (l¨¢tigo) y palos, los arrastraron y los enterraron vivos atados de pies y manos en una fosa que las mismas v¨ªctimas tuvieron que cavar, despu¨¦s de que sus conocidos vencieran su resistencia con golpes de piedra en la cabeza. Todo ello sucedi¨® la semana pasada bajo el amparo de la llamada justicia comunitaria.

Los informes de las autopsias de las v¨ªctimas son escalofriantes, tanto que la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) considera, en el documento difundido en los medios locales, que estos actos reflejan "un desprecio por el valor sagrado de la vida como don de Dios y vulneran profundamente la dignidad humana".

La oficina del Defensor del Pueblo ha informado de que, en lo que va de 2010, se han producido 20 linchamientos en Bolivia. Naciones Unidas ha registrado 30 linchamientos desde 2009 y seg¨²n el peri¨®dico Opini¨®n de Cochabamba solamente en ese departamento se produjeron 80 linchamientos en el ¨²ltimo lustro.

"Desde hace tiempo se producen estos cr¨ªmenes; sin embargo, en estos ¨²ltimos a?os han recrudecido en n¨²mero y con caracter¨ªsticas de una violencia brutal e inhumana, justificados con argumentaciones insostenibles y que, en ciertos casos, rayan en la apolog¨ªa del delito", afirm¨® el obispo auxiliar de La Paz, ?scar Aparicio, quien destac¨® que "lo que causa a¨²n m¨¢s inquietud es el hecho de que las autoridades responsables del orden y de la defensa de los derechos de los ciudadanos no logran prevenir ni sancionar adecuadamente a los responsables".

El Gobierno de Evo Morales ha dispuesto, en la Ley del ?rgano Judicial promulgada en junio pasado, que la justicia ordinaria y la justicia comunitaria tengan la misma validez, pero para consagrar esta igualdad se requiere otra ley de "deslinde jurisdiccional" entre una y otra, que se prepara actualmente y que tiene como meta el respeto a la vida, el derecho a la defensa y la vigencia plena de los derechos colectivos establecidos en los pueblos ind¨ªgenas originarios campesinos, adem¨¢s de la definici¨®n de las facultades de las autoridades ind¨ªgenas para resolver un conflicto a nivel territorial.

Mientras se espera a que concluya esta etapa persisten las acciones violentas en las comunidades ind¨ªgenas y en algunos barrios de las ciudades, cuyos vecinos no dudan en atentar contra la vida de las personas que consideran sospechosas, si antes no llega en auxilio la polic¨ªa que, a veces, tiene tambi¨¦n que defender su vida y salir huyendo con las v¨ªctimas para evadir la furia de los ejecutores de la llamada justicia comunitaria.

Las autoridades del Ministerio del Interior y de Justicia consideran que estos linchamientos no corresponden a la justicia comunitaria, puesto que su esp¨ªritu es el respeto a la vida y el derecho a las garant¨ªas establecidas en la Constituci¨®n Pol¨ªtica del Estado.

Los obispos advierten que el malentendido de la justicia comunitaria entre los ind¨ªgenas y campesinos se ve agravado por "las ambig¨¹edades contenidas en la actual legislaci¨®n, que no reglamenta sus alcances y responsabilidades, y en la que pretenden ampararse muchos de los responsables".

La cultura de la vida y no de la muerte, proclamada siempre por el presidente Morales, tiene como la otra cara de la moneda esta creciente tendencia a buscar la justicia por propia mano.

Adem¨¢s de los tres hermanos linchados en Tapacar¨ª el pasado 15 de septiembre, otros cuatro polic¨ªas encontraron, a finales de mayo, una muerte atroz en Unc¨ªa (norte de Potos¨ª), cuando entraron en una ruta supuestamente controlada por mafias del narcotr¨¢fico y de veh¨ªculos robados fuera de Bolivia.

Han sido procesados por la justicia ordinaria los autores del linchamiento e incineraci¨®n del alcalde de Ayo Ayo (altiplano de La Paz) y algunos otros —no todos los implicados— por la terrible muerte con graves torturas previas, incluyendo quemaduras con agua hirviendo, de tres polic¨ªas en la localidad de Epizana (Cochabamba). Los principales inculpados en estos sucesos han apelado a instancias superiores.