Guatemala, un pa¨ªs controlado en un 60% por el narcotr¨¢fico, seg¨²n el fiscal Castresana
El espa?ol dibuja una naci¨®n institucionalmente d¨¦bil y vulnerable a la infiltraci¨®n del delito organizado en ¨¢mbitos oficiales
El 60% de Guatemala est¨¢ controlado por el narcotr¨¢fico, fundamentalmente mexicano, que recluta a pandilleros de la Mara Salvatrucha y corrompi¨® a los cuerpos de seguridad y judicatura del pa¨ªs centroamericano, seg¨²n comunic¨® a Estados Unidos el fiscal espa?ol Carlos Castresana , director de Comisi¨®n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de la ONU, entre los a?os 2007 y 2010. Las frecuentes conversaciones entre el fiscal espa?ol y el embajador norteamericano dibujan una naci¨®n institucionalmente d¨¦bil y vulnerable a la infiltraci¨®n del delito organizado en ¨¢mbitos oficiales, pese a la buena voluntad reconocida al presidente, ?lvaro Colom, y a los organismos comprometidos con la legalidad y la decencia. Amenazado, Castresana abandon¨® Guatemala, regres¨® a Espa?a y ocupa una plaza en la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo,
El despliegue de los carteles mexicanos es tan amplio que el Gobierno decret¨® las pasadas Navidades el estado de sitio en la provincia Alta Verapaz para combatir a los carteles, pertrechados con "un arsenal impresionante", seg¨²n el ministro de Defensa, general David Mungu¨ªa. El 60% de control territorial atribuido al narcotr¨¢fico fue un dato comunicado a la Subsecretaria Adjunta de Estado de EE UU, Julissa Reynoso, durante un viaje a Guatemala en 2009. El avance de las mafias de la droga en las instituciones habr¨ªa alcanzado a Carlos Quintanilla, destituido jefe de seguridad del presidente, ?lvaro Colom, porque desde su cercan¨ªa al Ejecutivo "algunas l¨ªnea de investigaci¨®n indican que puede haber sido c¨®mplice de la penetraci¨®n de Los Zetas (cartel mexicano) en Guatemala", dice un cable de la embajada de Estados Unidos.
Cuando el embajador norteamericano, Stephen McFarland, pregunt¨® a Castresana sobre su colaboraci¨®n con los cuerpos de seguridad mexicanos en la lucha contra Los Zetas, que controlan los departamentos m¨¢s extensos, m¨¢s poblados y de m¨¢s peso econ¨®mico de Guatemala, el fiscal espa?ol respondi¨® que no conf¨ªa en ellos. El director de la CICIG prefiri¨® recurrir a la DEA (Agencia Antidrogas de EE UU) de Guatemala para conectar con la DEA de M¨¦xico e identificar a interlocutores mexicanos fiables. "Castresana lament¨® que las posibilidad de malograr una operaci¨®n eran muy grandes si trataba directamente con las autoridades mexicanas".
"Hab¨ªa una trama para matarme"
La lectura de los despachos diplom¨¢ticos sobre el trabajo de Carlos Castresana, apoyado por el embajador de EE UU, acreditan sus declaraciones a este diario en octubre pasado: "Hab¨ªa una trama para matarme". Acompa?ado siempre por 16 escoltas, limitado en sus funciones por pol¨ªticos, legisladores y magistrados venales, no tard¨® en entrar en colisi¨®n con el Fiscal¨ªa General de Juan Carlos Florido, cesado en 2009, al perseguir a gente influyente en una naci¨®n sin apenas administraci¨®n de justicia pues el 98% de los delitos quedan impunes.
Ni siquiera la gente importante tiene garantizado el castigo de los culpables: una pareja adolescente, acompa?ada por sus hijos, de muy corta edad, fue asaltada por cinco polic¨ªas de tr¨¢fico. Tras robarles, torturarles y violar a la chica, les dejaron ir. "Hasta ah¨ª, el suceso hubiera sido com¨²n y nada rese?able", dijo Castresana. Pero resulta que el joven era sobrino de exministro de Defensa, Julio Balconi. Confiados en sus poderosas conexiones, el sobrino y su pareja presentaron una querella criminal contra la polic¨ªa. "Como venganza, dos o tres meses m¨¢s tarde, la misma polic¨ªa secuestro a la joven y a la chica que le acompa?aba y las asesinaron", informa un cable . Uno de cada diez polic¨ªas guatemalteco, de un total de 20.000 est¨¢ implicado en hechos delictivos, reconocieron fuentes oficiales. Otras fuentes elevan el porcentaje.
Uno de los problemas constatados por EE UU y Castresana es que la mayor¨ªa de los testigos capaces de facilitar las sentencias condenatorias son, a su vez, criminales. La CICIG tampoco dispone de elementos para pinchar tel¨¦fonos, ni personal que vigile la entrega de alijos, ni otros elementos imprescindibles, como es un programa de protecci¨®n de testigos seguro. "Solo algunos pa¨ªses, Uruguay, Costa Rica y Cuba, parecen estar seriamente dispuestos a recibirlos".
300.000 armas fuera de control y 6.000 asesinatos anuales
La sospechosa liberaci¨®n judicial del expresidente Alfonso Portillo (2000-04) en 2008, tras su extradici¨®n desde M¨¦xico ese mismo a?o, constat¨® la fragilidad del Estado de Derecho en una naci¨®n de 14 millones de habitantes, 300.000 armas fuera de control y 6.000 asesinatos anuales. La permanencia de la CICIG en Guatemala tambi¨¦n corri¨® peligro ya que "personas poderosas que est¨¢n siendo investigadas" quer¨ªan su expulsi¨®n. El fiscal espa?ol coment¨® al embajador detalles sobre la captura de Portillo, en libertad condicional durante casi cuatro a?os, cuando trataba de huir a Belice.
Portillo, acusado de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos por m¨¢s de 15 millones de euros, fue detenido el 26 de enero de 2010 en una operaci¨®n de la CICIG, la marina, la polic¨ªa nacional, la Fiscal¨ªa General y helic¨®pteros norteamericanos. Escondido en seis casas de seguridad durante a?os, fue capturado, seg¨²n los cables, cinco minutos antes de que embarcara en una lancha rumbo a Belice, con la ayuda del guardaespaldas asignado por el Estado. Portillo prefiri¨® ser procesado en Guatemala, donde el pasado 14 de febrero se reanud¨® el juicio en su contra, antes de ser entregado a EE UU, amenazado por una condena de entre 10 y 20 a?os de c¨¢rcel por lavado de dinero.
Castresana advirti¨® a la embajada que la vida del exgobernante peligraba en Guatemala porque un poderoso grupo de exjefes militares conocidos como La Cofrad¨ªa, sospechoso de narcotr¨¢fico y otros delitos, "aliados con Portillo cuando era presidente, para enriquecerse con millones (robados) del Estado, podr¨ªan intentar su asesinato a fin de asegurarse que no colabore con las autoridades guatemaltecas o estadounidenses". Como el juicio podr¨¢ durar mucho tiempo, el fiscal espa?ol no descart¨® que consiguiera escapar de la prisi¨®n.
Activismo contra la impunidad
Los despachos diplom¨¢ticos citan asesinatos sin resolver, funcionarios impunes, magistrados bajo sospecha en la Fiscal¨ªa General de Juan Carlos Florido, pero tambi¨¦n rese?an el activismo de la embajada estadounidense y del director de la CICIG en la aprobaci¨®n de nombramientos y de leyes nacionales contra la impunidad. "Colom hab¨ªa dudado en aprobar las medidas debido a la fuerte resistencia de su consejero general, Carlos Larios Ocha¨ªta. Sin embargo, en el ¨²ltimo minuto, una reuni¨®n con el embajador y el comisionado Carlos Castresana convenci¨® a Colom de firmar el proyecto de ley en ley . El episodio demuestra la pobre coordinaci¨®n entre el Ejecutivo y el Legislativo", escribe Stephen McFarland, que alude a "la rampante corrupci¨®n en el Estado guatemalteco".
El diplom¨¢tico escribi¨® a Washington que "la credibilidad de Castresana sufri¨® un golpe cuando el Congreso desestim¨® sus objeciones (argumentando falta de probidad) contra ocho (de los 26) candidatos al Tribunal Supremo, porque solo aport¨® evidencias m¨ªnimas". Hace dos a?os, el fiscal espa?ol al frente del CICG traslad¨® al jefe de la embajada su percepci¨®n sobre del pa¨ªs centroamericano: la aplicaci¨®n de la ley no existe y la CECIG, en cierto sentido, lo que hace es practicar la autopsia de unas instituciones ya difuntas .
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