Colombia lanza un plan para proteger la devoluci¨®n de tierras

El martes de la semana pasada, un sicario dispar¨® a quemarropa contra Gloria Constanza Gaona, juez de Saravena, poblaci¨®n del conflictivo departamento colombiano de Arauca al nororiente de Bogot¨¢. Es una zona petrolera fuertemente militarizada y campo de acci¨®n de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN), adem¨¢s de grupos herederos de los paramilitares.

La juez llevaba complicados casos penales. El m¨¢s grave, el asesinato de tres ni?os -entre ellos una de 12 a?os que previamente fue violada-, por el que est¨¢ acusado un subteniente del Ej¨¦rcito. Gaona, de 39 a?os, hab¨ªa denunciado que abogadas de la Defensor¨ªa Militar Integral hab¨ªan tejido patra?as para dilatar el proceso.

El representante de la ONU pide m¨¢s protecci¨®n para las personas vulnerables

El mi¨¦rcoles, David G¨®ez, de 70 a?os, fue asesinado en una zona comercial de Medell¨ªn, segunda ciudad del pa¨ªs. Representaba a 120 familias que reclaman 20.000 hect¨¢reas en la zona de Urab¨¢, en el Caribe, donde los paramilitares implantaron con ¨¦xito su modelo de control pol¨ªtico, econ¨®mico y militar.

Marzo ha sido un mes negro para los derechos humanos en Colombia: con G¨®ez son tres los l¨ªderes comunitarios que trabajaban por la restituci¨®n de tierras asesinados este mes. En la lista figura tambi¨¦n una l¨ªder del programa gubernamental Familias en Acci¨®n, acribillada frente a su esposo y sus hijos. Adem¨¢s, hay que sumar la muerte, este s¨¢bado, de Yhiel, rapero de la conflictiva Comuna XIII de Medell¨ªn. Es el quinto joven artista que muere tiroteado en este populoso barrio: predicaban reemplazar las balas por la m¨²sica. A estos asesinatos se a?aden las amenazas de muerte contra periodistas y defensores de derechos humanos firmadas por las ?guilas Negras, uno de los nuevos grupos paramilitares a los que el Gobierno llama Bacrim: bandas criminales al servicio del narcotr¨¢fico.

Varias ONG pidieron el lunes ante la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, reunida en la sede en Washington de la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA), que se realice una visita a Colombia para verificar la situaci¨®n. Denunciaron, entre otros asuntos, un retroceso en la transferencia de casos de la justicia militar a la ordinaria, lo que lleva a que los cr¨ªmenes cometidos por la fuerza p¨²blica queden en la impunidad.

?Qui¨¦n se esconde tras estos cr¨ªmenes y amenazas? Iv¨¢n Cepeda, congresista del Polo Democr¨¢tico y defensor de v¨ªctimas de la violencia, tiene una tesis: tras las falsas desmovilizaciones de los grupos paramilitares -ha salido a la luz que muchos desmovilizados no pertenec¨ªan a la organizaci¨®n- no exist¨ªa el simple inter¨¦s de inflar las estad¨ªsticas. "Era un plan para dejar en la sombra estructuras que defendieran lo obtenido por la v¨ªa de la masacre y el desplazamiento".

Para Cepeda, las Bacrim son estructuras paras dise?adas para controlar territorios e impedir la restituci¨®n de tierras, pol¨ªtica bandera del presidente Juan Manuel Santos. Ya se ha denunciado que algunas de ellas cuentan con la complicidad de miembros de la fuerza p¨²blica. Se calcula que en todo el pa¨ªs los paras despojaron a los campesinos de m¨¢s de cinco millones de hect¨¢reas. Desde 2002, 42 personas que luchaban por la devoluci¨®n de lo suyo han sido asesinadas. Desde que Santos lleg¨® al poder ya son siete las v¨ªctimas.

El lunes, el Gobierno anunci¨® un esquema de seguridad para proteger a estas personas. Horas antes, Christian Salazar, representante en Colombia de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, hab¨ªa pedido una "revisi¨®n profunda" de las pol¨ªticas para proteger a las personas vulnerables. ?Funcionar¨¢ el plan de protecci¨®n? Cepeda no es optimista: "Mientras el diagn¨®stico sea errado es dif¨ªcil que [esta] sea la soluci¨®n". El congresista cree que una estrategia acertada debe partir de una correcta definici¨®n de lo que son las Bacrim.

En una reuni¨®n especial celebrada el lunes, el vicepresidente y los ministros de Defensa, del Interior y de Agricultura dijeron casi a coro que la pol¨ªtica de restituci¨®n de tierras no tiene vuelta atr¨¢s. "Aqu¨ª no se van a atravesar los criminales", afirmaron. "El Gobierno debe pasar de las palabras y buenas intenciones a los hechos", afirma Cepeda, que reconoce el cambio de tono del Ejecutivo actual frente al anterior: no sataniza a las ONG ni a los defensores de derechos humanos.

Detener la matanza contra los desplazados es la ¨²nica manera de sacar adelante la restituci¨®n de tierras, iniciativa vital para la paz en Colombia. Al igual que es vital contar con unas fuerzas militares sin tacha para recomponer el camino marcado por la violencia.