Los militares mexicanos ser¨¢n juzgados por tribunales civiles cuando violen derechos humanos

El soldado mexicano que viole, secuestre o haga desaparecer a un civil ser¨¢ juzgado por tribunales ordinarios y no, como hasta ahora, por jueces militares. Es el fallo, un¨¢nime e hist¨®rico, del m¨¢s alto tribunal de M¨¦xico, la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n (SCJN), cuyos magistrados decidieron el martes que, a partir de ahora, el fuero militar quedar¨¢ restringido en caso de violaciones de derechos humanos. La resoluci¨®n viene a dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que conden¨® a M¨¦xico por la desaparici¨®n en 1974 de l¨ªder comunitario Rosendo Padilla, interceptado en un ret¨¦n militar en el sure?o estado de Guerrero. La decisi¨®n se produce en el peor momento posible para el presidente Felipe Calder¨®n, por cuanto su estrategia de combate al crimen organizado depende en gran medida de la implicaci¨®n del Ej¨¦rcito, al que sac¨® de sus cuarteles para luchar en pie de guerra contra los sicarios.

La presencia de los militares en las calles conllev¨® un aumento sustancial de las denuncias sobre abusos. Como se ha encargado de recordar hoy Jos¨¦ Miguel Vivanco, director para las Am¨¦ricas de Human Rights Watch (HRW), el Ej¨¦rcito se atrincher¨® en el fuero militar para proteger a los soldados acusados de cometer tropel¨ªas contra civiles: "De todas las denuncias que se han producido en los ¨²ltimos 12 a?os, el ¨²ltimo informe del Ej¨¦rcito solo admite haber condenado a un soldado -a nueve meses de prisi¨®n- por matar a un civil que no se detuvo en un puesto de control". Seg¨²n Vivanco, los magistrados de la Suprema Corte han demostrado un "tremendo coraje moral", por cuanto se sit¨²an enfrente de los intereses del Gobierno mexicano: "El presidente Calder¨®n no tuvo la misma valent¨ªa para enfrentar este asunto y, en septiembre pasado, present¨® una reforma que era absolutamente parcial e inadecuada".

La importancia del fallo radica en dos cuestiones fundamentales. Una de car¨¢cter jur¨ªdico y otra pol¨ªtico. La primera es que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia determinan que todos los jueces civiles mexicanos -no solo los de ¨¢mbito federal- deben pelear por juzgar bajo su jurisdicci¨®n los casos en los que un militar sea acusado de violar los derechos humanos. Ponen adem¨¢s especial ¨¦nfasis en que sus sentencias deben apegarse a los tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por M¨¦xico. Los magistrados a?aden que, en caso de que se produzca un conflicto de competencias, ser¨¢ la Suprema Corte la que decida qu¨¦ tribunal -el civil o el militar- debe juzgar cada caso. El fallo, hist¨®rico, tiene tambi¨¦n importantes consecuencias pol¨ªticas.

Guerra al 'narco'

Hoy por hoy, el presidente Calder¨®n depende de la implicaci¨®n del Ej¨¦rcito con su causa. A principios de 2007, solo unos meses despu¨¦s de llegar al poder, el actual presidente de M¨¦xico declar¨® una guerra frontal contra los carteles de la droga y el crimen organizado. Pero no ten¨ªa con qu¨¦ hacerles frente. Seg¨²n lleg¨® a declarar ¨¦l mismo, las corporaciones policiales locales y estatales -en M¨¦xico existen 1.600- no eran confiables en m¨¢s de un 80%. En muchos casos, no es que estuvieran infiltradas por el crimen, es que trabajan a sus ¨®rdenes. Ante eso, sac¨® a los militares de sus cuarteles, en una decisi¨®n pol¨¦mica que hace unos meses ya recibi¨® un varapalo del Senado de la Rep¨²blica, al aprobar una reforma de la ley de Seguridad Nacional que recortaba los poderes del presidente a la hora de utilizar al Ej¨¦rcito.

Aquella decisi¨®n de los senadores fue calificada como "hist¨®rica", por cuanto el presidente de la Rep¨²blica ya no podr¨¢ utilizar a los militares para reprimir conflictos sociales o de origen pol¨ªtico. Los soldados s¨®lo podr¨¢n salir de los cuarteles s¨®lo cuando la polic¨ªa est¨¦ rebasadas por el crimen y se deber¨¢n atener a una serie de requisitos legales y de procedimiento. Tambi¨¦n se apuntaba entonces que -en caso de violaciones sexuales, torturas o desapariciones forzadas- los militares tendr¨ªan que ser juzgados por jueces civiles. Aunque no inclu¨ªa el resto de las violaciones a los derechos humanos, ya entonces el Ej¨¦rcito se resinti¨®. A la pregunta de c¨®mo se siente el Ej¨¦rcito mexicano con el recorte de poderes del presidente, el general Luis Garfia Maga?a contest¨® a este peri¨®dico: "Desmoralizado".