La oposici¨®n argentina retrasa la ley contra la compra de tierras por extranjeros
El Gobierno quiere evitar que m¨¢s del 20% del pa¨ªs est¨¦ en manos for¨¢neas
Apenas gan¨® las elecciones primarias con el 50% de los votos de todos los argentinos, el pasado 14 de agosto, su presidenta, Cristina Fern¨¢ndez de Kirchner, reclam¨® al Congreso que aprobase una ley para limitar la extranjerizaci¨®n de la tierra. Pero la prisa de la jefa del Estado se ha topado con las cr¨ªticas de los grupos empresariales agr¨ªcolas, de la oposici¨®n pol¨ªtica, que tacha la norma de inconstitucional por su discriminaci¨®n al extranjero, y hasta de los peque?os y medianos agricultores, que piden controles mayores a los propuestos.
El peronismo kirchnerista quer¨ªa que hoy se discutiera el proyecto de ley que el Gobierno envi¨® este a?o al Congreso. Ten¨ªa planeado debatirlo en tres comisiones, de modo de acelerar su paso al pleno y de conseguir su sanci¨®n antes de las elecciones generales del 23 de octubre. Pero la intenci¨®n del Ejecutivo se ha topado con la resistencia del peronismo disidente y de los radicales, pese a que varios de ellos pertenecen a la Federaci¨®n Agraria Argentina, la entidad de peque?os y medianos agricultores que viene reclamando desde hace a?os una norma contra la propiedad extranjera del campo. Unos y otros se ausentaron del plenario e impidieron la discusi¨®n. El Frente Amplio Progresista (FAP), que lidera el socialista Hermes Binner, est¨¢ de acuerdo con el Gobierno en abordar el proyecto de forma urgente, aunque tambi¨¦n plantea la necesidad de modificarlo.
Desde 2002, en plena crisis argentina, comenzaron a subir los precios de las materias primas agr¨ªcolas y, por consiguiente, los de las propiedades que los producen. Desde entonces hasta ahora se han presentado 15 proyectos para regular la extranjerizaci¨®n de las fincas en Argentina, el pa¨ªs con la octava mayor superficie del planeta y una de las principales potencias exportadoras agr¨ªcolas. Hasta el a?o pasado, era la oposici¨®n la que presionaba para sancionar una regulaci¨®n, mientras que el Gobierno se resist¨ªa, pero en 2011 Fern¨¢ndez inaugur¨® las sesiones del Congreso con la promesa de que atender¨ªa la cuesti¨®n.
Es que a finales de 2010 Brasil y Uruguay hab¨ªan dado impulso al control del fen¨®meno. Por un lado, la Defensor¨ªa del Estado de Brasil, a petici¨®n del entonces Gobierno de Luiz In¨¢cio Lula da Silva, reinterpret¨® la ley de 1971 que imped¨ªa la compra de m¨¢s de 5.000 hect¨¢reas por parte de extranjeros (en algunas regiones el l¨ªmite desciende a 250) y determin¨® que las empresas brasile?as controladas por for¨¢neos tambi¨¦n deb¨ªan someterse a la restricci¨®n. Al mismo tiempo, el presidente de Uruguay, Jos¨¦ Mujica, le pidi¨® a su grupo parlamentario que elaborara un proyecto para limitar la inversi¨®n de multinacionales y estados extranjeros en su territorio.
Eran tiempos en que comenzaban a llegar a Sudam¨¦rica misiones de China o Arabia Saud¨ª para asegurarse la provisi¨®n de alimentos mediante la compra o el alquiler de tierras. Por ejemplo, una empresa estatal china acord¨® con la provincia argentina de R¨ªo Negro que durante 20 a?os esta la aprovisionar¨¢ de alimentos producidos en unas 330.000 hect¨¢reas a cambio de una inversi¨®n de 1.079 millones de euros.
Fern¨¢ndez reaccion¨® con posterioridad y propuso una norma que impida que m¨¢s del 20% de la superficie argentina quede en manos de extranjeros y que cada uno de ellos cuente con m¨¢s de 1.000 hect¨¢reas. Parec¨ªa que la ley iba a contar con el apoyo de casi todos los parlamentarios, con la excepci¨®n de la conservadora Propuesta Republicana (PRO). En un principio solo se escuchaban los argumentos contrarios de los grupos econ¨®micos que tem¨ªan que se les arruinara el negocio inmobiliario y que alegaban que la inversi¨®n extranjera tra¨ªa desarrollo.
Pero en las ¨²ltimas semanas desde el radicalismo y el peronismo disidente hasta el progresista FAP advirtieron que la norma ser¨ªa inconstitucional. Este escollo se podr¨ªa salvar si de la restricci¨®n se excluyeran a los extranjeros que residen en Argentina. El kirchnerismo ha aceptado este cambio en una de las comisiones del Congreso.
El FAP pidi¨® que se a?adieran l¨ªmites a la propiedad extranjera en las fronteras y protecciones a los recursos naturales, como fuentes de agua, dentro de fincas de for¨¢neos. Esta modificaci¨®n tambi¨¦n ha sido aceptada por el kirchnerismo. Pero radicales y peronistas disidentes abortaron hoy la discusi¨®n porque pretenden m¨¢s reformas. Por ejemplo, uno de los diputados radicales de la Federaci¨®n Agraria, Ulises Forte, se quej¨® del l¨ªmite de 20% sobre la posesi¨®n extranjera del territorio argentino porque considera que eso permitir¨ªa que un inversor del exterior se quedase con todo un municipio o incluso una provincia. El ministro de Agricultura , Juli¨¢n Dom¨ªnguez, dice que el Gobierno tiene conocimiento de que el 8% de las tierras del pa¨ªs est¨¢ en poder for¨¢neo, aunque admiti¨® que entidades privadas calculan que la cifra podr¨ªa ser del doble.
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