La Corte Penal Internacional mantiene la orden de arresto contra Saif el Islam

Los acontecimientos registrados en las ¨²ltimas horas en Libia no han modificado los planes de la Corte Penal Internacional. De este modo, y por ahora, se mantiene en vigor la orden de arresto contra Saif el Islam, segundo hijo del fallecido Gadafi. Lo mismo sucede con Abdul¨¢ el Senusi, que fuera jefe de la Inteligencia militar del r¨¦gimen libio. Ambos est¨¢n acusados de cr¨ªmenes contra la humanidad por la represi¨®n contra la poblaci¨®n registrada a partir de febrero de 2011.

Sobre Gadafi mismo, la Corte debe seguir el protocolo jur¨ªdico de cualquier otro tribunal, seg¨²n se?alan portavoces del organismo. Es decir, tiene que acreditar primero su muerte para abandonar la b¨²squeda a escala internacional. Por extra?o que parezca despu¨¦s de que la imagen de su cad¨¢ver diera la vuelta al mundo, se trata de un tr¨¢mite jur¨ªdico ineludible. C¨®mo lo har¨¢ es otra cosa. La Corte podr¨ªa dar por buenos los documentos e im¨¢genes llegados a trav¨¦s de la prensa. Tambi¨¦n podr¨ªa requerir un despacho al consejo rebelde libio para que constate el fallecimiento del dictador.

Gadafi fue el segundo jefe de Estado buscado por la CPI, despu¨¦s del presidente sudan¨¦s, Omar al Bashir. En el caso libio, el tr¨ªo formado por el l¨ªder muerto, su hijo, y el jefe de los esp¨ªas, ostentaba el poder de diversa forma. Gadafi era el l¨ªder supremo. Saif, un primer ministro de hecho encargado de dar ¨®rdenes. El Senusi, su principal ejecutor.

Ahora que la revuelta libia est¨¢ a punto de completar su c¨ªrculo, la Corte depende m¨¢s que nunca de los propios libios para poder juzgar tanto a Saif el Islam y como a El Sanusi. A carecer la CPI de polic¨ªa (la busca y captura internacional se encarg¨® a Interpol), los l¨ªderes revolucionarios decidir¨¢n qu¨¦ hacer con ambos. Pueden procesarlos en Libia, o rendirlos a la justicia internacional.

Seg¨²n las organizaciones humanitarias, la revuelta suma miles de muertos, cerca de 700.000 civiles escapados a otros pa¨ªses, y unos 300.000 desplazados. Human Rights Watch ha denunciado que ambas partes cometieron cr¨ªmenes. Algo que la CPI sigue investigando, en el caso de los insurgentes.

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