62 jueces de Brasil, sospechosos de lucrarse con la venta de sentencias
Su patrimonio est¨¢ siendo analizado por el mayor ¨®rgano de control del poder judicial, la Polic¨ªa Federal, el Banco Central y por el Consejo de Control de Actividades Financieras
No solo los pol¨ªticos, tambi¨¦n los jueces forman parte del ¡°sistema de corrupci¨®n¡± instalado en Brasil denunciado d¨ªas atr¨¢s por el expresidente de la Rep¨²blica el soci¨®logo Fernando Henrique Cardoso.
El patrimonio de al menos 62 jueces, acusados de haber vendido sentencias para enriquecimiento personal, est¨¢ siendo analizado por el mayor ¨®rgano de control del poder judicial (la Corregidur¨ªa Nacional de Justicia), la Polic¨ªa Federal, el Banco Central y por el Consejo de Control de Actividades Financieras.
Existe en este momento una lucha sorda entre entre las asociaciones de jueces y el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), acusado de abusar de sus poderes en la investigaci¨®n de los jueces.
La investigaci¨®n del patrimonio de los 62 jueces bajo sospechas de ilegalidad se est¨¢ llevando a cabo en secreto, seg¨²n ha informado hoy el diario Folha de S?o Paulo, y se ha ampliado a amigos y familiares que podr¨ªan ser c¨®mplices del enriquecimiento ilegal de los jueces. Seg¨²n algunos analistas pol¨ªticos, esta investigaci¨®n forma parte del nuevo clima creado por la presidenta Dilma Rousseff, al¨¦rgica a cualquier tipo de ilegalidad entre los funcionarios del Estado, sin exclusiones.
Hasta la llegada a la presidencia de Rousseff exist¨ªa la idea en la opini¨®n p¨²blica de que en Brasil reinaba no solo la corrupci¨®n en la Administraci¨®n del Estado, sino tambi¨¦n y sobre todo la impunidad. Hasta el momento, la presidenta ha sido severa contra la corrupci¨®n y lo que esperan ahora los ciudadanos de a pie es que muestre la misma actitud contra la impunidad. No basta, dice la sociedad civil, con retirar de su cargo a un ministro o a un juez o a cualquier funcionario p¨²blico acusado de corrupci¨®n si despu¨¦s no son llevados ante la justicia y no se les obliga a devolver el dinero sustra¨ªdo al Estado.
La venta de sentencias por parte de los jueces y el hecho de que sean ellos quienes acaben absolviendo pr¨¢cticamente a los pol¨ªticos acusados de corrupci¨®n es una de las cuestiones que m¨¢s irritan a la opini¨®n p¨²blica y que acaba reflej¨¢ndose en las cartas de los lectores a los peri¨®dicos y en las p¨¢ginas de Internet. Si ya les escandalizan las ilegalidades de los pol¨ªticos, la sola sospecha de que los jueces puedan tambi¨¦n subirse al tren de la corrupci¨®n deja m¨¢s indignados a los ciudadanos. La presidenta brasile?a lo sabe y ha dado luz verde a los ¨®rganos de investigaci¨®n para que act¨²en con seriedad y rigor, como lo est¨¢ haciendo en su Gobierno, del que ha alejado a ministros y asesores de la m¨¢xima importancia. ¡°En mi Gobierno no aceptar¨¦ ilegalidades¡±, es su lema.
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