M¨¦xico, demandado en La Haya por cr¨ªmenes de guerra

M¨¦xico ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional por cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad supuestamente perpetrados por el Gobierno del presidente Felipe Calder¨®n, y tambi¨¦n por capos de la droga como Joaqu¨ªn Guzm¨¢n Loera, El Chapo, en la lucha contra el narcotr¨¢fico. La demanda viene avalada por 23.000 firmas recogidas (en su mayor¨ªa a trav¨¦s de internet), por un grupo de activistas, entre los que se cuentan juristas e intelectuales mexicanos que aseguran que se han registrado 50.000 muertos entre 2006 y 2010.

La Secretar¨ªa mexicana de Relaciones Exteriores ha rechazado la imputaci¨®n, porque ¡°presenta de forma equivocada la realidad nacional¡±. ¡°El Estado act¨²a conforme a Derecho en el combate a todas las organizaciones criminales¡±, reza el comunicado oficial. La Corte Penal, por su parte, ha acusado recibo de la demanda. Ahora pasar¨¢ a ser estudiada para ver si cabe abrir una investigaci¨®n sobre los hechos.

Seg¨²n el abogado mexicano Netza¨ª Sandoval, ¡°pedimos que se investigue la responsabilidad de ambos bandos, el gubernamental y los narcos, porque el clima es de impunidad absoluta¡±. ¡°Ni la guerra de Estados Unidos contra Afganist¨¢n ha generado tantos muertos. El Estado mexicano asume que es leg¨ªtimo asesinar a criminales y utiliza al Ej¨¦rcito en labores policiales. Los narcotraficantes, de su lado, aprovechan los vac¨ªos de un sistema legal que ignora los cr¨ªmenes de guerra o contra la humanidad¡±, asegura.

El jurista, que ha depositado en persona la denuncia ante la fiscal¨ªa de la Corte, con sede en La Haya, asegura que el problema radica en las leyes mexicanas. ¡°Para que se haga una idea, nuestra legislaci¨®n solo considera secuestro una desaparici¨®n, los llamados ¡°levantones¡±, cuando se pide un rescate. De lo contrario, no investiga. Los narcotraficantes, a su vez, reclutan menores para convertirlos en sicarios ante la pasividad de las autoridades¡±, dice.

Las 23.000 firmas que avalan la demanda la convierten en la mayor denuncia civil recibida por la Corte en su historia. La fiscal¨ªa tiene en espera otros dos casos similares, referidos a Colombia (con los asesinatos de las FARC) y Honduras (por la violencia de golpe de Estado de 2009). De ser admitidos estos a tr¨¢mite, se abrir¨ªa oficialmente una investigaci¨®n.

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