Dictadores sin impunidad

?Cu¨¢l es el momento adecuado para pedirle cuentas a un dictador por sus cr¨ªmenes? La imagen de Slobodan Milosevic o de Hosni Mubarak respondiendo a las preguntas de jueces a los que antes despreciaron resulta reconfortante y ayuda sin duda a cerrar heridas del pasado. Pero ?qu¨¦ pasa cuando el empe?o por hacerles pagar las culpas a dictadores o criminales de guerra dificulta una salida menos violenta o m¨¢s r¨¢pida?

El pasado domingo el aut¨®crata yemen¨ª Ali Abdul¨¢ Saleh dejaba su pa¨ªs, oficialmente para seguir un tratamiento m¨¦dico en Estados Unidos, amparado por una ley que le garantiza su inmunidad. Esta ley hab¨ªa sido aprobada un d¨ªa antes por el Parlamento, con el voto de fieles pero tambi¨¦n de algunos detractores, para dar salida a la crisis que hace un a?o que mantiene al paup¨¦rrimo pa¨ªs hundido en una espiral de violencia y represi¨®n. Representantes de Naciones Unidas y de organizaciones como Human Rights Watch se apresuraron a condenar la impunidad obtenida por los responsables de la sangrienta represi¨®n. Nada garantiza que Saleh no vuelva de nuevo, como hizo tras su exilio saud¨ª, ni que su partido no gane en 2014 las elecciones. El tiempo dir¨¢ si el traspaso de poder ser¨¢ el primer paso de una transici¨®n que cierre la crisis y lleve al pa¨ªs a la senda de la paz, la unidad y la democracia, o si servir¨¢ para que los culpables se parapeten en sus posiciones de poder y eludan rendir cuentas por su represi¨®n criminal.

Cuando un Estado tiene el grado de madurez institucional suficiente para garantizar un juicio justo y ajeno a presiones pol¨ªticas, debe ser el propio pa¨ªs quien juzgue a los responsables de cr¨ªmenes de Estado. A partir de los juicios de N¨²remberg a los jerarcas nazis, la comunidad internacional se ha ido dotando de instrumentos para castigar acciones que superan esta capacidad del Estado. Desde 2002 est¨¢ en marcha la Corte Penal Internacional, que actualmente investiga cr¨ªmenes en cinco Estados africanos. Tambi¨¦n las justicias nacionales de otros Estados han tomado cartas en asuntos que trascienden su ¨¢mbito territorial. El caso Pinochet es el m¨¢s conocido en esta radical transformaci¨®n internacional, que deber¨ªa acabar con la impunidad para que ning¨²n dictador, criminal de guerra o torturador pueda volver a dormir tranquilo.

Sin embargo, la lucha contra la impunidad no puede hacerse a cualquier coste, en particular all¨ª donde intentan hacer justicia a las v¨ªctimas puede complicar la soluci¨®n de un conflicto todav¨ªa abierto. Algunos casos recientes deber¨ªan hacernos reflexionar. V¨¦ase, por ejemplo, la iron¨ªa que representa que la antigua ministra de Exteriores israel¨ª, Tzipi Livni, no pudiese viajar a Londres como l¨ªder de una oposici¨®n relativamente moderada durante dos a?os a causa de una orden de arresto de la justicia brit¨¢nica por la actuaci¨®n de Israel en Gaza, mientras Netanyahu y Lieberman defienden a sus anchas sus postulados mucho m¨¢s extremistas. O el caso del presidente Al Bashir de Sud¨¢n, contra quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, pero con quien no cabe m¨¢s que hablar de la evoluci¨®n pol¨ªtica de Sud¨¢n y la resoluci¨®n de los contenciosos pendientes en Darfur y la frontera con Sud¨¢n del Sur; cada vez que Al Bashir participa en encuentros bilaterales y multilaterales, a menudo, junto a jefes de Estados parte de la Corte, la autoridad de esta queda debilitada. En Libia, la pronta emisi¨®n de una orden de arresto para Muamar el Gadafi y su hijo Saif el Islam enterr¨® toda posibilidad de compromiso con el r¨¦gimen y de soluci¨®n pactada del conflicto. Ello conven¨ªa al discurso belicoso alimentado por Par¨ªs, Londres y Doha con aquiescencia de Washington, discurso que tild¨® cualquier apertura del r¨¦gimen libio de mera tomadura de pelo y fij¨® la derrota militar como ¨²nica alternativa aceptable. El violento final de Gadafi fue un mal augurio para el nacimiento de una democracia libia.

Yemen se enfrent¨® el pasado fin de semana a la disyuntiva entre avanzar a costa de prometer impunidad o continuar con el enfrentamiento. Su Parlamento, que es parte interesada, apost¨® por renunciar a hacer justicia para intentar salir de la larga crisis. Los dem¨®cratas yemen¨ªes, ahora presos del desaliento, no deber¨ªan ignorar las lecciones que ofrecen casos como el de Pinochet en Chile, la Junta Militar en Argentina o los protagonistas del golpe militar de 1980 en Turqu¨ªa, en los que la justicia tard¨® d¨¦cadas pero la inmunidad acab¨® cediendo. La mejor receta contra la impunidad es que el pa¨ªs construya un sistema pol¨ªtico y jur¨ªdico con la solidez imprescindible para saldar sus cuentas con quienes abusaron de ¨¦l durante a?os mediante procesos con todas las garant¨ªas, juicios que demuestren la solidez de la nueva democracia y certifiquen as¨ª el fracaso final del dictador.