La corrupci¨®n atenaza a las polic¨ªas argentinas

Las siguientes noticias aparecieron en la prensa argentina en la ¨²ltima semana. La ministra de Seguridad, Nilda Garr¨¦, recibi¨® la denuncia de la hija de un exagente de inteligencia que acusa a su padre de dirigir una red de trata de prostitutas en Buenos Aires y Canc¨²n (M¨¦xico), de sobornar a 21 jefes de la Polic¨ªa Federal para mantener su negocio y de financiar las campa?as electorales del alcalde porte?o, el conservador Mauricio Macri. Tres polic¨ªas de la provincia de Buenos Aires fueron condenados por vejaciones a detenidos. Diez uniformados de la provincia sure?a de Chubut fueron arrestados por violar a un adolescente en una comisar¨ªa. Un miembro de la Polic¨ªa Federal qued¨® tras las rejas por asaltar a cuatro turistas. Otro colega suyo fue detenido por abusar de un adolescente en el metro. A seis polic¨ªas bonaerenses les pusieron las esposas por torturar a un motociclista que no hab¨ªa frenado en un control de tr¨¢nsito.

No todos son corruptos, pero polic¨ªas federales, de las 23 provincias y de la capital, suelen aparecer involucrados en delitos: cobran sobornos del narcotr¨¢fico, de la trata de personas para burdeles (en algunos casos, de Espa?a, Suiza y M¨¦xico) o talleres textiles clandestinos, del proxenetismo, el robo de coches y camiones y el juego clandestino, reclutan j¨®venes para delinquir, tirotean a sospechosos (el llamado gatillo f¨¢cil), torturan a detenidos, montan causas judiciales para involucrar a inocentes, asesinan a manifestantes en protestas sociales, como ocurri¨® en los ¨²ltimos a?os con ind¨ªgenas y okupas, o intimidan a campesinos en lucha por sus tierras. Tambi¨¦n matan a otros polic¨ªas, a los que denuncian las miserias de sus colegas o en ajustes de cuentas entre uniformados corruptos, y despu¨¦s difunden que los asesinos eran ladrones comunes. El a?o pasado 145 personas fueron asesinadas por polic¨ªas, seg¨²n la Coordinadora contra la Represi¨®n Policial e Institucional. La cifra baj¨® de los 200 por primera vez desde 2003 y coincidi¨® con el a?o en que el Gobierno de la peronista Cristina Fern¨¢ndez de Kirchner comenz¨® la reforma de la Polic¨ªa Federal.

¡°A partir de la globalizaci¨®n del narcotr¨¢fico y la trata de personas, en la Polic¨ªa ha habido una institucionalizaci¨®n de la corrupci¨®n¡±, opina Gustavo Vera, que dirige la ONG La Alameda, que se dedica a rescatar personas de la esclavitud sexual y laboral. ¡°La mafia cop¨® las calles y la Polic¨ªa se ha asociado con ella", cuenta este dirigente social que ha dado amparo a Lorena Martins, la hija del exesp¨ªa que involucr¨® a Macri. El alcalde de Buenos Aires ha negado v¨ªnculos con ese exagente. Los sobornos a los polic¨ªas suben a las c¨²pulas de las fuerzas y a veces tambi¨¦n involucran a pol¨ªticos, jueces y fiscales, seg¨²n Vera y otros denunciantes.

Una integrante de la Divisi¨®n de trata de personas, Nancy Mi?o, denunci¨® en 2010 que cuando ella hallaba un prost¨ªbulo con mujeres esclavizadas, su jefe extorsionaba a los due?os. Mi?o, que ha sido obligada a guardar silencio y a trabajar en un ¨¢rea administrativa, contaba que cada burdel pagaba un soborno de 10.000 euros por mes. La Alameda calcula que hay 1.350 prost¨ªbulos en Buenos Aires. ¡°La Polic¨ªa se fue de las manos del poder pol¨ªtico¡±, dec¨ªa Mi?o.

El Gobierno de Fern¨¢ndez comenz¨® a finales de 2010 a combatir la corrupci¨®n en la Polic¨ªa Federal, que act¨²a en la capital y en algunos delitos en el resto del pa¨ªs, como el narcotr¨¢fico y la trata de personas. Nombr¨® como ministra de Seguridad a Garr¨¦, que retir¨® a la Federal de los barrios pobres del sur de Buenos Aires, donde impera el tr¨¢fico de drogas, ech¨® a decenas de polic¨ªas, muchos de ellos involucrados en la red del exesp¨ªa y fren¨® los ascensos de uniformados imputados de delitos. ¡°Ya no se deja a la Polic¨ªa sin control de la autoridad civil¡±, comenta un polic¨ªa desde el anonimato. ¡°Ahora se separa a aquel que est¨¢ sospechado hasta que se demuestre su inocencia¡±, a?ade el agente. Vera destaca estas medidas, pero advierte de que el crimen organizado contin¨²a. En 2004, el Gobierno de N¨¦stor Kirchner orden¨® que los polic¨ªas federales no portaran armas en manifestaciones, pero en 2010 una ocupaci¨®n de tierras acab¨® con tres muertos y entonces Garr¨¦ asumi¨® como ministra. A su vez, las provincias siguen su propia pol¨ªtica y de momento no han emprendido reformas policiales o han dado marcha atr¨¢s con las que hab¨ªan iniciado.