Un tribunal colombiano estudia llevar ante La Haya al expresidente Betancur

Colombia vive una profunda controversia por una de sus m¨¢s profundas heridas: el asalto al Palacio de Justicia, tomado por la guerrilla del M-19 en 1985. El Tribunal Superior de Bogot¨¢ pidi¨® el lunes a la Corte Penal Internacional (CPI, con sede en La Haya) que eval¨²e la posibilidad de investigar la actuaci¨®n del expresidente Belisario Betancur, quien gobernaba el pa¨ªs cuando ocurrieron los hechos.

La decisi¨®n produjo una fuerte reacci¨®n de todos los estamentos pol¨ªticos. El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a trav¨¦s de su ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, mostr¨® ayer ¡°la profunda preocupaci¨®n de Estado¡± por las ¡°graves implicaciones¡± de una solicitud de semejante envergadura. Para el Ejecutivo no solo est¨¢ claro que la CPI solo puede investigar hechos que ocurrieron con posterioridad a la suscripci¨®n del Tratado de Roma ¡ªque empez¨® a regir en Colombia en 2002¡ª, sino que el proceso ya ha sido tramitado en las instancias judiciales nacionales.

Prueba de ello es el propio fallo del tribunal de Bogot¨¢ ¡ªen el que hace la solicitud a la CPI¡ª y que ratifica la condena de 30 a?os de prisi¨®n contra el coronel del Ej¨¦rcito Alfonso Plazas Vega, el oficial que comand¨® la recuperaci¨®n del edificio, en la Plaza de Bol¨ªvar de Bogot¨¢, coraz¨®n de la vida p¨²blica nacional.

La sentencia, adem¨¢s, ordena al Ej¨¦rcito Nacional a realizar un acto p¨²blico, en la misma plaza, en el que pida perd¨®n por los ¡°delitos ejecutados los d¨ªas 6 y 7 de noviembre de ese 1985¡±.

Al agresivo tono de la discusi¨®n ha contribuido sin duda el parad¨®jico destino de los protagonistas de ese episodio. En uno de los costados de la Plaza de Bol¨ªvar est¨¢ el nuevo edificio del Palacio de Justicia, pues el antiguo qued¨® reducido a cenizas despu¨¦s de 28 horas de combate, y en el otro est¨¢ el Palacio Li¨¦vano, donde hoy gobierna el alcalde de Bogot¨¢, Gustavo Petro, desmovilizado de la guerrilla del M-19.

En las l¨ªneas abiertas de las emisoras de radio y en los foros de Internet, muchos ciudadanos no entienden c¨®mo es posible que los autores de la violenta toma hoy gobiernen la capital de la Rep¨²blica, mientras quienes en ese momento ten¨ªan las armas del Estado est¨¢n en la c¨¢rcel y, por si fuera poco, el expresidente de entonces es amenazado con ser llevado ante una corte internacional.

La raz¨®n principal es que el M-19 se someti¨® a un proceso de paz, recibi¨® una amnist¨ªa y en m¨²ltiples ocasiones ha pedido perd¨®n por sus actos. En cambio, el estamento militar rechaza la posibilidad de expresar disculpas pues, seg¨²n su versi¨®n, obraron en defensa de la democracia. Para ellos someterse a un indulto es un desprop¨®sito.

¡°La pol¨¦mica se da por un falso dilema. Aunque en el ¨¢mbito medi¨¢tico es una comparaci¨®n atractiva, en la realidad nada puede hacerse contra la c¨²pula del M-19, pues todos ya est¨¢n muertos y los dem¨¢s integrantes de ese grupo armado legalmente recibieron una amnist¨ªa¡±, explica el exprocurador y exfiscal Alfonso G¨®mez M¨¦ndez. Para este jurista es trascendental precisar que a los militares no se les hace responsables por la decisi¨®n de recuperar el Palacio, sino por ¡°los excesos de fuerza y las desapariciones forzadas¡± de civiles inocentes o de guerrilleros.

La toma del Palacio de Justicia fue un asalto perpetrado al mediod¨ªa del mi¨¦rcoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del M-19, que una demencial acci¨®n pretend¨ªa hacer un juicio p¨²blico por el fracaso de paz contra el presidente Betancur, quien ten¨ªa su sede de Gobierno a solo una cuadra de all¨ª, en la Casa de Nari?o. Sin embargo, la reacci¨®n de las autoridades militares fue contundente. En menos de una hora rodearon el palacio con poderosos tanques de guerra y sin ninguna posibilidad de tregua procedieron a disparar sus morteros.

El M-19, que manten¨ªa como rehenes a una 350 personas, entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia, pidi¨® un alto el fuego a trav¨¦s de la radio, pero la solicitud no fue atendida. El eco del cruce de los disparos fue o¨ªdo por todo el pa¨ªs con asombro. Por la noche se propag¨® un incendio en el interior del edificio, d¨¢ndole un toque a¨²n m¨¢s dantesco a semejante batalla.

Al d¨ªa siguiente, el saldo de v¨ªctimas era estremecedor: 95 muertos, entre ellos 11 magistrados de una de las generaciones m¨¢s brillantes de la justicia colombiana. El Ej¨¦rcito report¨® que la totalidad del comando guerrillero que tom¨® el edificio muri¨® en el combate.

Sin embargo, se estableci¨® que 11 personas que estaban dentro del Palacio permanecen desaparecidas. Jam¨¢s se encontraron sus cad¨¢veres. La justicia investig¨® y decidi¨® que al menos dos de ellas fueron sacadas vivas de all¨ª, entre ellas la guerrillera Irma Franco, y que por orden del coronel Plazas Vega fue torturada y desaparecida. El tribunal confirma este hecho en su decisi¨®n de este lunes, ratifica la condena para el militar y va m¨¢s all¨¢ al enviar copia del expediente a la CPI.

Lo que hizo fue ¡°ordenar que se compulsen copias para que se investigue con seriedad, profundidad y prontitud, la responsabilidad de Belisario Betancur en las desapariciones forzadas¡±, dijo el abogado Jorge Molano, representante de las v¨ªctimas.

En las consideraciones del tribunal se exige, adem¨¢s, que ninguna unidad militar del pa¨ªs pueda tener el nombre el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, preso por estos hechos desde el 16 de julio de 2007, y se ordena que las p¨¢ginas de Internet del Ministerio de Defensa y del Ej¨¦rcito publiquen el fallo por un a?o, ¡°para que sirva de ejemplo de lo que no debe hacer la fuerza p¨²blica¡±. Muchos analistas difieren en la ra¨ªz del este fallo, pues mientras unos lo califican de ¡°ajustado a las leyes¡± y ¡°ejemplo de solidez democr¨¢tica¡±, otros consideran que tiene ¡°motivaciones pol¨ªticas¡± y que busca ¡°minar la moral de las Fuerzas Armadas¡± en su lucha contra la guerrilla.