Egipto procesa a 19 estadounidenses de varias ONG

Las autoridades egipcias lanzaron un desaf¨ªo a la Casa Blanca al procesar a 19 ciudadanos estadounidenses por haber violado las leyes del pa¨ªs relativas a la financiaci¨®n de ONG por parte de gobiernos extranjeros. La noticia, publicada el domingo en varios medios egipcios, hace presagiar fuertes turbulencias en las relaciones entre ambos pa¨ªses, pues el gobierno de EE UU hab¨ªa advertido de graves consecuencias si se incriminaba a sus ciudadanos en este caso.

Las acusaciones contra los 19 estadounidenses llega poco m¨¢s de un mes despu¨¦s de que varias ONG estadounidenses fueran registradas, y la fiscal¨ªa incautara documentos y ordenadores. Entre las entidades bajo sospecha, figuran el National Democratic Institute y el International Republican Institute, fundaciones vinculadas a los dos grandes partidos estadounidenses, el republicano y el dem¨®crata, y que se dedican a promover la democracia a nivel internacional.

Tras los registros, se prohibi¨® al menos a siete ciudadanos estadounidenses salir de Egipto, entre ellos a Sam Lahood, el hijo del secretario de Transportes de EE UU, Ray Lahood. El Departamento de Estado inform¨® que varios trabajadores de las organizaciones investigadas decidieron alojarse en las dependencias de la embajada estadounidense en El Cairo durante los ¨²ltimos d¨ªas.

Seg¨²n un comunicado de la fiscal¨ªa, s¨®lo 6 de los 19 procesados permanece en Egipto. Sam Lahood es uno de ellos. Adem¨¢s de ciudadanos de EE UU, en el proceso est¨¢n implicadas otras 25 personas de nacionalidades alemana, noruega, serbia, palestina, jordana y egipcia.

De acuerdo con la legislaci¨®n vigente, todas las ONG que operan en Egipto deben contar con una autorizaci¨®n oficial para poder recibir financiaci¨®n extranjera. Seg¨²n los responsables de algunas de las entidades investigadas, ¨¦stas realizaron las peticiones adecuadas que establece la normativa, pero no recibieron ninguna respuesta de las autoridades egipcias.

Desde el inicio del conflicto, Washington ha reiterado en diversas ocasiones, tanto a trav¨¦s de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, como del secretario de Defensa, Leon Panetta, que la persecuci¨®n judicial de las ONG y sus trabajadores podr¨ªa provocar una congelaci¨®n de los fondos de ayuda a Egipto. Est¨¢ previsto que en el presente a?o, el pa¨ªs ¨¢rabe reciba cerca de 1.100 millones de euros, la mayor¨ªa en el ¨¢mbito militar.

Por su parte, el Gobierno egipcio asegura que la investigaci¨®n no tiene una motivaci¨®n pol¨ªtica, y que no puede inmiscuirse en las pesquisas de la fiscal¨ªa. Esta fue la posici¨®n que expuso una delegaci¨®n egipcia que visit¨® la semana pasada Washington para entrevistarse con responsables del Departamento de Estado, as¨ª como tambi¨¦n varios congresistas.

Nathan Brown, profesor de la Universidad George Washington especializado en Egipto, s¨ª considera que el caso se debe analizar bajo un ¡°prisma pol¨ªtico¡±, a pesar de que reconoce que pueden haberse producido violaciones de la legislaci¨®n.

¡°El miedo a una intervenci¨®n internacional en los asuntos dom¨¦sticos de Egipto es muy profunda. La Junta Militar y algunos ministros realmente se comportan como si percibieron esto como una amenaza real¡±, sostiene Brown. Tanto el Gobierno como los medios de comunicaci¨®n p¨²blicos han acusado a menudo a las ONG y movimientos de j¨®venes revolucionarios de defender los intereses de potencias extranjeras.

Durante la ¨¦poca de Mubarak, las ONG dedicadas a la promoci¨®n de la democracia y el respeto a los Derechos Humanos padec¨ªan un acoso constante del r¨¦gimen. Muchos activistas creyeron que despu¨¦s de la Revoluci¨®n podr¨ªan operar sin tantas restricciones, pero no ha sido as¨ª.

¡°La situaci¨®n no ha cambiado demasiado, como demuestran las acusaciones de financiaci¨®n extranjera¡±, explica Hossam Bahgat, director ejecutivo de EIFR, una entidad que opera en el ¨¢mbito de los Derechos Humanos. ¡°Todo esto es bastante absurdo, ya que todas las ONG en pa¨ªses en desarrollo necesitan fondos para operar. Adem¨¢s, no hay que olvidar que el primer receptor de fondos es el propio Estado¡±.