Presidente, juez y verdugo

?Puede el presidente de un pa¨ªs ordenar en secreto la ejecuci¨®n extrajudicial de uno de sus conciudadanos? Esta es una pregunta cuya simple formulaci¨®n repugna a cualquier persona, sobre todo en pa¨ªses donde no hay pena de muerte y el poder de los gobernantes se halla limitado estrictamente por las leyes. La historia, sin embargo, nos responde que s¨ª puede y que as¨ª es como sucede donde no tienen vigencia el Estado de derecho, la divisi¨®n de poderes o el control de legalidad de los actos del poder ejecutivo.

El poder soberano, que en su origen es absoluto, se caracteriza por el derecho a disponer de la vida de los otros; una potencialidad que la evoluci¨®n del Estado moderno ha ido atemperando hasta reducirla a cero. A nadie se le ocurre formular esta pregunta con relaci¨®n a Angela Merkel o Mariano Rajoy, a Mario Monti o David Cameron. La interrogaci¨®n tiene m¨¢s sentido, en cambio, si hablamos de Putin o Lukashenko, de Ra¨²l Castro o de Kim Jong-un, incluso de Hu Jintao o de Abdal¨¢ Bin Abdulaziz Al Saud. La pregunta, en cambio, tiene toda su vigencia, en Estados Unidos, democracia ejemplar por tantos conceptos, y superpotencia admirada, entre otras cosas, por su historia constitucional y su protecci¨®n a las libertades individuales.

Sabemos a ciencia cierta que el actual presidente, Barack Hussein Obama, dio la orden secreta de matar al ciudadano estadounidense Anwar Bin Nasser Bin Abdullah al-Aulaqi, nacido en 1971 en Las Cruces, Nuevo Mexico, que se ejecut¨® el 30 de septiembre de 2011 en forma de un ataque con misiles, lanzados desde aviones no tripulados y teledirigidos por la CIA.

Como suelen hacer todos los presidentes antes de tomar una decisi¨®n que puede ser controvertida, la Oficina de Consejo Legal, dependiente del departamento de Justicia, fue requerida para que elaborara un documento en el que se garantizara los fundamentos jur¨ªdicos de tal decisi¨®n. Tambi¨¦n Bush cont¨® con memorandos del mismo tipo para la apertura de Guant¨¢namo, la legalizaci¨®n de la tortura, las detenciones extrajudiciales o las entregas extraordinarias a terceros pa¨ªses de combatientes enemigos sin Estado, denominaci¨®n acu?ada para eludir las convenciones de Ginebra sobre prisioneros de guerra. As¨ª fue como un a?o antes de la ejecuci¨®n de Al Awlaki, dos empleados de la oficina, los abogados David Barron y Martin Lederman, elaboraron un memorando tambi¨¦n secreto de unas 50 p¨¢ginas, en el que sostienen la legalidad de la orden, en pleno acuerdo con la Constituci¨®n y con la Quinta Enmienda que exige el "proceso debido" (due proces) al dictar una pena de muerte.

Desde la Casa Blanca y desde el departamento de Justicia nadie ha desmentido ni confirmado la orden secreta de ejecuci¨®n, como tampoco la existencia del memorando. Pero el periodista Charlie Savage, reportero de The New York Times, apenas ocho d¨ªas despu¨¦s de la muerte del dirigente de Al Qaeda, public¨® una extensa informaci¨®n en la que se recog¨ªa el contenido del memorando gracias a fuentes an¨®nimas que lo hab¨ªan le¨ªdo. La empresa editora exigi¨® a continuaci¨®n el acceso al documento acogi¨¦ndose a la legislaci¨®n sobre libertad de informaci¨®n denominada FOIA (Freedom of Information Act), pretensi¨®n inmediatamente rechazada por el departamento de Justicia.

La argumentaci¨®n legal se ha conocido en toda su extensi¨®n gracias a un discurso pronunciado por el fiscal general y responsable del departamento de Justicia, Eric Holder, el pasado 5 de marzo en la facultad de Derecho de la Northwestern University en Chicago. Veamos: EE UU est¨¢ en guerra. El presidente tiene los poderes del Congreso para librarla. Los escenarios b¨¦licos no se circunscriben a Afganist¨¢n, sino que cambian debido a que el enemigo no se identifica con un Estado. Ejecutar a los jefes enemigos, en este caso los comandantes de Al Qaeda, no difiere del ataque en 1943 contra el almirante japon¨¦s Isoroku Yamamoto, responsable del ataque a Pearl Harbour y de la batalla de Midway, abatido en vuelo por EE UU. Holder califica de desafortunada la circunstancia de que un jefe enemigo sea ciudadano estadounidense, cosa que no constituye una excepci¨®n a la hora de constituirse en objetivo de un ataque si representa una amenaza inminente, su captura no es factible y cabe liquidarlo seg¨²n "los principios de la ley de guerra".

El historiador Garry Wills, profesor tambi¨¦n de la misma universidad donde Holder pronunci¨® su conferencia, sostiene en su libro Bomb Power (El poder de la bomba) que toda esta argumentaci¨®n es factible gracias a los poderes militares excepcionales que tiene el presidente de EE UU, por encima de la Constituci¨®n y de las leyes. La clave est¨¢ en el arma nuclear, que sustrae el poder de matar de los militares y lo traslada amplificado al presidente. Gracias a esta operaci¨®n, Wills considera que "el presidente se convierte en prisionero de sus propios poderes" y la administraci¨®n Obama llega a confundirse con la de su antecesor George W. Bush.