Los abogados explican sus argumentos a favor y en contra de la reforma

Los principales abogados que defender¨¢n al Gobierno de Obama y a los 26 Estados que denunciaron su reforma sanitaria se reunieron hace unas semanas en Washington para explicar los detalles de sus argumentos, que girar¨¢n en torno a estas cinco claves.

?Qu¨¦ pretende solucionar la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible?

Con la ley de reforma del sistema sanitario, el Congreso intent¨® romper un c¨ªrculo vicioso: 50 millones de estadounidenses carecen de seguro m¨¦dico; cuando uno de ellos necesita atenci¨®n m¨¦dica, las aseguradoras deben pag¨¢rsela a los hospitales y, para cubrir esos gastos, elevan el precio de las p¨®lizas de los ciudadanos que s¨ª tienen seguro. El Gobierno estima que las familias pagan de media 1.000 d¨®lares extra cada mes para cubrir ese margen. El precio tan elevado, a su vez, hace que muchos ciudadanos no puedan costearse el seguro, especialmente si carecen de empleo.

?Hay una crisis nacional que resolver?

Las leyes comerciales norteamericanas exigen que el Congreso responda con la legislaci¨®n a un problema a nivel nacional o entre dos Estados que sean incapaces de resolverlo por s¨ª mismos. Sin embargo, las dos partes implicadas no est¨¢n de acuerdo en si 50 millones de ciudadanos sin seguro m¨¦dico equivale a un problema nacional.

Michael Carvin, abogado de la acusaci¨®n, pronunci¨® en una comparecencia en Washington el pasado mes de febrero una de las preguntas claves en este caso y que m¨¢s han empleado los detractores de la reforma: ¡°?Por qu¨¦ supone un problema que yo no tenga seguro mientras no lo necesito?¡±

Seg¨²n Akhil Amar, profesor de derecho de la Universidad de Yale, ¡°se trata de resolver un problema entre los Estados porque los costes que corresponden a unas personas estaban siendo impuestos a otras¡±. En este sentido, el antecedente m¨¢s reciente en el Tribunal Supremo es una sentencia de 1942 mantuvo la vigencia de una ley federal que hab¨ªa sido disputada como una cl¨¢usula comercial. El alto tribunal estableci¨® que el Congreso no hab¨ªa sobrepasado sus competencias al regular un asunto econ¨®mico como el tipo de plantaciones que puede llevar a cabo un agricultor -con consecuencias para la econom¨ªa local, estatal y nacional. Es el mismo argumento con el que los defensores de la reforma intentar¨¢n convencer a los jueces.

El mandato individual

La ley exige a todos los ciudadanos norteamericanos que compren una p¨®liza de seguro m¨¦dico a partir de 2014 si no se la proporciona su lugar de trabajo.

"Quienes redactaron la ley consideraron que esto era cr¨ªtico, el Gobierno necesitaba asegurarse que que todo el mundo ten¨ªa acceso a la sanidad y pensaron que no era posible sin esta obligaci¨®n previa", explica Paul Clement, abogado que defender¨¢ la inconstitucionalidad de la reforma. "Se trata de una provisi¨®n ¨²nica en las leyes. En otras crisis nacionales el Congreso pod¨ªa haber estimado que la soluci¨®n estaba en obligar a los ciudadanos a comprar, pero nunca lo hicieron. Nunca he visto que esto funcione y suscita un problema b¨¢sico: determinar cu¨¢les son los l¨ªmites del gobierno federal".

Neal Katyal, abogado representante del Gobierno de Obama, present¨® el caso como una reacci¨®n a un problema de car¨¢cter nacional: los 50 millones de estadounidenses que carecen de seguro m¨¦dico por las condiciones anteriores a la reforma y que permit¨ªan a las aseguradoras rechazar a pacientes con problemas m¨¦dicos preexistentes. "El Congreso elimin¨® esas condiciones para que todo el mundo tenga acceso a un seguro. El problema surge cuando los ciudadanos perciben que pueden estar sin seguro hasta el d¨ªa que lo necesiten, que esperen a contratarlo a cuando est¨¦n enfermos", afirm¨® Katyal.

El Gobierno defiende que incluy¨® el mandato individual para garantizar que todos los ciudadanos tienen un seguro en todo momento. "No podemos equiparar, como ya se ha hecho, el seguro m¨¦dico con el de un autom¨®vil. En el caso de la industria del autom¨®vil solo pagas por tus costes, no est¨¢s pagando la factura de nadie m¨¢s", argument¨® Katyal.

Michael Carvin, el abogado que representa a la federaci¨®n de empresarios contra la reforma, reconoce que las compa?¨ªas aseguradoras deben pagar casi 30.000 millones de d¨®lares cada a?o para cubrir los gastos de personas sin seguro, gastos que acaban derivando a los que s¨ª contratan una p¨®liza, elevando su precio. "El Tribunal Supremo no va a poner en duda la raz¨®n que llev¨® a Congreso a aprobar esta regulaci¨®n, lo que debe determinar es si tiene poder para articular un mandato constitucional o no", coment¨®.

?Es equiparable el mandato a la obligaci¨®n de pagar impuestos?

Muchos han comparado la obligaci¨®n de adquirir una p¨®liza de seguros, es decir, hacer una compra, con el pago de impuestos. El experto Amar simplific¨® este asunto argumentando que si el Congreso puede decidir cu¨¢ntos impuestos cobrar a los ciudadanos, en qu¨¦ va a invertir ese dinero y poner esa inversi¨®n -en infraestructuras, servicios, etc.- otra vez a su disposici¨®n, ?por qu¨¦ no puede decirles directamente en qu¨¦ gastar ese dinero?

?ste es el principal punto de desacuerdo entre las partes: ¡°Estamos hablando de una circunstancia ¨²nica en la jurisprudencia de Estados Unidos: que el Gobierno obligue a los ciudadanos a hacer una compra para ayudar a bajar los precios¡±, afirm¨® Clement. La Administraci¨®n Obama ha justificado la constitucionalidad de la reforma en la Cl¨¢usula Comercial de las competencias del Congreso, por la que se le otorga competencias para regular comercio entre los Estados.

Los defensores del Gobierno, sin embargo, argumentan que se trata de un mercado distinto a cualquier otro. ¡°Todos los ciudadanos necesitar¨¢n este servicio en alg¨²n momento a lo largo de sus vidas¡±, defendi¨® Katyal. ¡°El Congreso no te est¨¢ haciendo pagar por algo que no quer¨ªas comprar, sino que est¨¢ ayudando a que otros no lo paguen por ti, o que t¨² no lo pagues por ellos¡±, en referencia a la subida de precios que imponen las aseguradoras.

Mientras que el Gobierno defiende que el Congreso tiene que legislar en esta materia a nivel nacional, porque si un estado no regula en un asunto, las consecuencias pueden sufrirse en otro; los republicanos, seg¨²n Clement, consideran que se trata de una industria comercial -no una crisis nacional que deban resolver-, y las leyes de comercio de EE UU proh¨ªben al Gobierno obligar a los ciudadanos a que compren.

Los defensores de la reforma, alegar¨¢n que s¨ª se puede, comparando el mandato con la obligaci¨®n que impuso el Gobierno a los ciudadanos, a trav¨¦s de los rescates de la industria automovil¨ªstica financiado con impuestos de todos los norteamericanos y que les oblig¨® a destinar ese dinero a tres compa?¨ªas en bancarrota.

Sostenibilidad legal si el mandato individual es rechazado

Los cuatro expertos coincidieron en que la inconstitucionalidad del mandato individual dificultar¨ªa gravemente la aplicaci¨®n de la ley al completo, dado que est¨¢ basada en la obligaci¨®n de adquirir una p¨®liza de seguros para hacer que sean m¨¢s asequibles para todos los ciudadanos. El Gobierno de Obama, afirmaron, negociar¨ªa con todas las agencias federales para estudiar las posibles consecuencias y las adaptaciones de la ley que ser¨¢n necesarias para garantizar su articulaci¨®n una vez que entre en vigor.