Los argumentos de la primera jornada en el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha celebrado esta ma?ana la primera de las tres sesiones en las que escuchar¨¢ los argumentos a favor y en contra de la reforma sanitaria. Durante estos primeros 90 minutos, los abogados han explicado su postura sobre la competencia de la propia corte para dictar sentencia sobre la constitucionalidad de la reforma.

Se trata de una cuesti¨®n que ninguno de los protagonistas personados en la causa -ni el abogado del Estado y los representantes de quienes reclaman la inconstitucionalidad de parte de la ley-, ha entendido que deba ser considerada. Cuando el alto tribunal entiende que hay cuestiones jur¨ªdicas relevantes que las partes no han incluido en sus alegatos, est¨¢ facultado para designar a un abogado que argumente sobre ese particular. Los magistrados de la Corte Suprema, a propuesta del juez Clarence Thomas, han elegido a Robert Long, un abogado con experiencia en ese tribunal, para enfrentarse a Donald Verrilli, abogado del Gobierno de Obama.

Los jueces deb¨ªan valorar hoy si la penalizaci¨®n que impone la nueva ley para aquellos ciudadanos que no contraten un seguro m¨¦dico equivale al pago de impuestos. Si la multa es considerada como una tasa impositiva, la ley de 1867 conocida como Anti Injuction Act (AIA), impedir¨ªa a los ciudadanos denunciar al Gobierno por el cobro de impuestos antes de que ¨¦stos hayan sido recaudados. La ley obstaculizar¨ªa tambi¨¦n que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la constitucionalidad de la reforma antes de 2014, fecha en la que entra en vigor el apartado que exige a los ciudadanos contratar un seguro. Sin embargo, ni los dos abogados ni ocho de los nueve jueces -el juez Thomas no hizo ninguna pregunta durante la sesi¨®n- dejaron ver que la corte incumpla sus competencias al dictar sentencia sobre la reforma.

La juez Sonia Sotomayor explic¨® en una de sus intervenciones que hab¨ªa encontrado al menos cuatro casos a lo largo de la historia del Tribunal Supremo en los que se hab¨ªa aceptado una denuncia contra leyes de recaudaci¨®n de impuestos antes de que fueran vigentes. El Juez Antonin Scalia, por su parte, declar¨® que la ley no establece que la recaudaci¨®n de estas penalizaciones se haga del mismo modo que la cuestaci¨®n de impuestos.

"El texto legal no dice en ning¨²n momento que el Secretario del Tesoro deba recaudar las penalizaciones del mismo modo que recauda impuestos", reconoci¨® el abogado Robert Long. El juez Stephen Breyer a?adir¨ªa despu¨¦s, de acuerdo con Long, que el Congreso no redact¨® en ning¨²n momento la palabras "impuesto" en el texto de la reforma. "Lo que dice es 'penalizaci¨®n'", dijo Breyer.

"No necesitamos determinar si se trata de un impuesto para saber si se aplica el AIA, porque el Congreso dijo espec¨ªficamente que la penalizaci¨®n deber¨ªa ser presentada y recolectada de la misma manera que los impuestos, incluso si se trata de una penalizaci¨®n y no un impuesto", argument¨® Long. El abogado reconoci¨® despu¨¦s que si el Congreso hubiera incluido en alg¨²n momento el t¨¦rmino "impuesto" no habr¨ªa duda de que el Tribunal Supremo no podr¨ªa dictar sentencia hasta la entrada en vigor del mandato en 2014.

La juez Ruth Bader Ginsburg a?adi¨® en una de sus intervenciones esta ma?ana que la conversaci¨®n sobre las penalizaciones "no tiene sentido" porque la denuncia contra la reforma no se centra en las multas y s¨ª en la obligaci¨®n a contratar una p¨®liza de seguros. "Si llegamos a la conclusi¨®n de que el mandato individual es constitucional, entonces todas estas quejas carecer¨¢n de fundamento", explic¨®.

El juez conservador Samuel Alito, el primero en preguntar al abogado del Estado, Donald Verrilli, le reprob¨® sus argumentos. "Usted defiende que la penalizaci¨®n no es un impuesto y ma?ana va a volver aqu¨ª a defender que s¨ª es un impuesto", dijo Alito. El Gobierno de Obama, al que defiende Verrilli, deber¨¢ demostrar que la multa equivale a un impuesto para que quede dentro de las competencias del Congreso y as¨ª mantener la constitucionalidad de la ley.

¡°Se admite que [la sanci¨®n] ayudar¨¢ a incrementar los ingresos, se?or¨ªa. Pero aunque ese sea el caso, como creo que sucede con todas las sanciones econ¨®micas, todav¨ªa falta una disposici¨®n textual en el articulado de la ley que establezca que esa sanci¨®n deba ser considerada como un impuesto, un requisito necesario para que pueda aplicarse la AIA, algo que en este caso no se da¡±, declar¨® Verrilli. El abogado comparec¨ªa para defender la competencia del tribunal para decidir sobre la constitucionalidad de la reforma alegando que aunque la sanci¨®n econ¨®mica tiene un efecto recaudatorio, no puede considerarse un impuesto como tal ya que ninguna disposici¨®n de la ley lo establece as¨ª textualmente.

La diferencia entre sanci¨®n e impuesto, no ha impedido a Verrilli empelar en varias ocasiones este ¨²ltimo t¨¦rmino para referirse precisamente a la penalizaci¨®n econ¨®mica que impone la ley. El juez? Breyer tambi¨¦n se lo recrimin¨® en uno de sus intercambios:

VERRILLLI: Quien paga el impuesto se sit¨²a de nuevo en la legalidad.

BREYER: ?Por qu¨¦ no para de decir impuesto?

VERRILLI: Quien paga la sanci¨®n impuesta, se sit¨²a de nuevo en la legalidad.

BREYER: Gracias.

VERRILLI: Gracias a usted, juez Breyer.

BREYER: La sanci¨®n.

VERRILLI: S¨ª. Eso es.¡±

El abogado Long dispondr¨ªa posteriormente de los ¨²ltimos cinco minutos finales para reafirmarse en sus argumentos, justo antes de que el presidente del tribunal, el juez John Roberts, diera por concluida la sesi¨®n.

Si el Supremo considera que no es competente para entrar a juzgar sobre la reforma, dar¨¢ a conocer su decisi¨®n el pr¨®ximo viernes. Este fallo dilatar¨ªa el veredicto sobre la constitucionalidad de la ley dos o tres a?os. Hasta que no comiencen a aplicarse las sanciones y, sobre todo, hasta que alguien no interponga una denuncia contra ¨¦stas, algo que nunca ocurrir¨ªa antes de 2014 o 2015, el Tribunal Supremo no estar¨ªa capacitado para juzgar sobre la ley.

Este martes los jueces escuchar¨¢n los argumentos de los abogados en relaci¨®n con la constitucionalidad del mandato individual, la norma que obligar¨¢ a los ciudadanos a contratar un seguro a partir de 2014, considerado el coraz¨®n de la reforma.