Los argumentos de la tercera jornada en el alto tribunal

El Tribunal Supremo de Estados Unidos celebr¨® este mi¨¦rcoles las dos ¨²ltimas sesiones del juicio sobre la constitucionalidad de la reforma sanitaria de Obama. En la primera de ellas, los jueces escucharon argumentos sobre la viabilidad de la totalidad de la reforma en el caso de que la corte considere que el mandato individual, que obliga a los ciudadanos a contratar un seguro m¨¦dico, es declarado inconstitucional. En la segunda, analizaron si la expansi¨®n de Medicare -el programa de asistencia m¨¦dica para personas sin recursos- cambia la relaci¨®n entre los Estados y el Gobierno federal.

¡°Si el mandato individual es inconstitucional, entonces el resto de la ley no es sostenible¡±, declar¨® Paul Clement, abogado de los 26 Estados denunciantes contra la ley, al comienzo de sus argumentos. ¡°El resto de provisiones no solo no podr¨ªan operar, en realidad estar¨ªan actuando en contra del objetivo principal del Congreso, el de proteger a los pacientes y proporcionar una asistencia sanitaria asequible¡±.

Clement fue interrumpido inmediatamente por la juez Sonia Sotomayor, quien pregunt¨® por qu¨¦ debe decidir el Tribunal Supremo qu¨¦ hacer con el resto de la ley -asumiendo siempre que el mandato individual fuese ilegal- y no se puede dejar en manos del Congreso. La juez Ruth Bader Ginsburg dej¨® entender despu¨¦s que prefiere que se mantenga el resto de la ley en el caso de que se declare inconstitucional el mandato individual, expresando que la corte se ve obligada a elegir entre ¡°una operaci¨®n de demolici¨®n o un trabajo de rescate¡±.

¡°Se?or Clement, hay muchos aspectos de esta ley que son indudablemente positivos¡±, afirm¨® Ginsburg. ¡°En una cuesti¨®n de decidir si todos los apartados son negativos, entonces tenemos que empezar de cero, o si hay algunas secciones que no tienen nada que ver con el mandato, entonces podemos preguntarle al Congreso qu¨¦ quiere hacer con ellos¡±.

¡°Creo que el planteamiento es fundamentalmente diferente¡±, contest¨® Clement. ¡°Porque si estuvi¨¦ramos aqu¨ª discutiendo si algunos aspectos perif¨¦ricos de la ley son inconstitucionales, entonces creo que los rechazar¨ªan al completo y no querr¨ªan ni empezar a pensar en c¨®mo dividir la ley¡±, declar¨® en referencia a la selecci¨®n de art¨ªculos que quedar¨ªan vigentes y los que deber¨ªan ser rechazados.

El juez Anthony Kennedy a?adi¨® despu¨¦s que permitir que las regulaciones sigan adelante si el mandato es censurado por el Tribunal Supremo. ¡°Todav¨ªa no tengo claro cu¨¢l es el tipo de examen que debemos aplicar aqu¨ª, igual que ya ha pronunciado el juez Scalia¡±, afirm¨® Kennedy, presionando a Clement para que especificara hasta qu¨¦ punto debe entrometerse la corte en las competencias legislativas del Congreso.

Kennedy tambi¨¦n cuestion¨® las consecuencias econ¨®micas de la derogaci¨®n de la ley al completo. ¡°Asumiendo que hay una probabilidad sustancial de que se reduzcan a la mitad los 350.000 millones de d¨®lares (263.000 millones de euros) que se recaudar¨ªan con el mandato individual si ¨¦ste se anula, asumiendo que hay una posibilidad muy significativa de que eso ocurra, ?deber¨ªa este Tribunal asumir ese riesgo o podr¨ªamos decir que el Congreso tuvo la intenci¨®n de que nos enfrent¨¢ramos a esta tesitura?¡±

"Creemos que el Tribunal no es el lugar para estudiar las implicaciones presupuestarias de la ley", contest¨® el asistente del abogado del Estado, Edwin Kneedler, defensor esta ma?ana de la legalidad de la reforma.

La postura del Gobierno de Obama es que el mandato individual queda dentro de la autoridad legislativa del Congreso, reconocida en el Art¨ªculo Primero de la Constituci¨®n norteamericana. Kneedler aleg¨® que por este motivo, ¡°no existe siquiera una raz¨®n por la que la corte deba considerar la sostenibilidad de la ley¡± en el caso de que el mandato sea declarado inconstitucional.

¡°?Debemos rechazar la legislaci¨®n al completo o dejamos que el Congreso decida?¡±, pregunt¨® al abogado la juez Ginsburg. ¡°Consideramos que debe decidir el Congreso¡±, contest¨® Kneedler.

El abogado y el juez Scalia mantuvieron despu¨¦s un intercambio sobre posibles antecedentes del Tribunal Supremo que ayuden a enmarcar su decisi¨®n acerca de la reforma:

SCALIA: ?Alguna vez hemos anulado la parte principal de una norma y mantenido vigente el resto? ?Recuerda alg¨²n caso?

KNEEDLER: No, no hay ning¨²n ejemplo.

SCALIA: No, es cierto que no lo hay.

KNEEDLER: Pero tampoco hay ninguno que impida hacerlo ahora.

SCALIA: No conozco ning¨²n otro antecedente en el que se nos haya hecho la petici¨®n sobre la que estamos debatiendo ahora. (...) ¡°Mi perspectiva ser¨ªa que si retiras el coraz¨®n de la ley, entonces la ley entera se cae. Lo que habilita al Congreso ¨Csi quisiera- para rehacer por completo la ley y a nosotros nos evita tener que ir letra por letra diciendo ¡®esto es bueno, esto est¨¢ mal, esto es bueno, esto est¨¢ mal¡¯. Reduce nuestras opciones pero mejora las del Congreso¡±.

El juez Scalia expresar¨ªa a continuaci¨®n otra de sus preocupaciones: en qu¨¦ medida afectar¨¢ la sentencia del Tribunal Supremo al proceso legislativo. ¡°Independientemente de si rechazamos la ley al completo o dejamos algunos de sus apartados en vigor, el proceso legislativo nunca volver¨¢ a ser el mismo¡±, aleg¨®. ¡°De un manera o de otra, el Congreso deber¨¢ revisar la ley, ?por qu¨¦ no es mejor que la revisen en su totalidad?¡± zanj¨® el juez.

La expansi¨®n de Medicaid, la cobertura sanitaria para personas sin recursos

En la ¨²ltima sesi¨®n del juicio, celebrada el mi¨¦rcoles al mediod¨ªa, Clement se enfrent¨® a cuestiones sobre el argumento de denunciantes, que sostienen que la legislaci¨®n obliga a los Estados a aumentar la cobertura del sistema federal Medicaid y que proporciona asistencia sanitaria a personas sin recursos. La reforma del sistema sanitario obliga a los gobiernos estatales a cubrir los gastos m¨¦dicos de m¨¢s ciudadanos, al elevar el nivel m¨ªnimo de ingresos requeridos para acceder a las ayudas p¨²blicas. Los Estados han denunciado que esto elevar¨¢ sus gastos, sin embargo, el Gobierno federal alega que acarrear¨¢ con pr¨¢cticamente con todo el coste -y que los Estados nunca aportar¨¢n m¨¢s del 10% del gasto-, mientras que ahora apenas cubre el 57%.

"?Por qu¨¦ consideran que el enorme regalo que hace el gobierno federal es una obligaci¨®n? Se trata de una gran cantidad de dinero p¨²blico, a m¨ª no me parece nada forzoso, si me permite¡±, declar¨® la juez Elena Kagan -miembro del Tribunal Supremo desde 2010 a propuesta del presidente Obama. Kagan pidi¨® a Clement que argumentara por qu¨¦ supone una obligaci¨®n para los Estados participar en el Medicare incluso si el Gobierno accede a pagar el 100% de los costes de la expansi¨®n de la cobertura. Seg¨²n el letrado, la obligaci¨®n radica en imponer esa condici¨®n para participar en el programa.

La juez Ginsburg a?adir¨ªa en respuesta que no recuerda ¡°un programa federal que haya sido rechazado porque sea tan bueno que resulta obligatorio participar en ¨¦l¡±, mientras que el juez Stephen Breyer sostuvo que el nuevo estatuto no impone ninguna condici¨®n a los Estados que no estuviera incluida en el programa Medicare desde su creaci¨®n en 1965.

La opini¨®n contraria fue manifestada por el juez conservador Scalia, en una de sus preguntas al abogado del Estado Donald Verrilli. ¡°?Puede pensar usted en un solo Estado que se vaya a negar a participar? Si no puede nombrar ninguno, entonces s¨ª que suena a obligaci¨®n¡±, dijo el juez.

Clement aprovechar¨ªa su conclusi¨®n final para enfatizar que el principal objetivo de la ley sanitaria de Obama era garantizar la mayor protecci¨®n al paciente. Para el abogado -en representaci¨®n de los 26 Estados denunciantes-, el mandato individual es la ¨²nica forma de financiar esa protecci¨®n por lo que un fallo contrario a su constitucionalidad implicar¨ªa la inviabilidad de la esencia de la ley y, por ende, de la totalidad de la reforma.