La Haya investigar¨¢ el esc¨¢ndalo de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia

La Federaci¨®n Internacional de Derechos Humanos ha pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue los cr¨ªmenes contra la humanidad cometidos en Colombia entre 2002 y 2008. En especial, se se?ala el fen¨®meno de los ¡°falsos positivos¡±, las ejecuciones extrajudiciales, que durante dicho periodo, costaron la vida a 3.345 civiles, seg¨²n cifras de Naciones Unidas. En su mayor¨ªa j¨®venes y varones, fueron asesinados en el marco del conflicto armado colombiano que enfrenta a la guerrilla -las FARC- con el Ej¨¦rcito y grupos paramilitares. Las v¨ªctimas fueron falsamente identificadas como guerrilleros muertos en combate y presentadas como tales a la opini¨®n p¨²blica. La Federaci¨®n sostiene que el crimen deriv¨® de la exigencia impuesta a las Fuerzas Armadas de mostrar logros concretos en la lucha contra la insurgencia. ¡°Dado que los mayores responsables de las matanzas no son perseguidos a domicilio¡±, se?ala el informe de la organizaci¨®n, reci¨¦n presentado en Holanda, ¡°el caso ser¨ªa plenamente admisible por la CPI¡±.

Los falsos positivos se convirtieron en un esc¨¢ndalo internacional en 2008. En agosto de ese a?o, un grupo de madres del municipio de Soacha (parte de la conurbaci¨®n de Bogot¨¢) se unieron para buscar a 16 de sus hijos. Los j¨®venes hab¨ªan desaparecido en circunstancias extra?as. Un a?o despu¨¦s, sus cuerpos aparecieron en una fosa com¨²n en Oca?a, al noreste del pa¨ªs, en la regi¨®n andina. El Ej¨¦rcito los identific¨® como delincuentes, paramilitares y guerrilleros. El rechazo ciudadano ante el fraude fue inmediato, y partir de entonces, familias de todo el pa¨ªs denunciaron sucesos similares. Seg¨²n la Federaci¨®n, ¡°la pr¨¢ctica adquiri¨® car¨¢cter sistem¨¢tico¡±. ¡°Hay una relaci¨®n directa entre las ejecuciones y las pol¨ªticas del Gobierno del presidente ?lvaro Uribe V¨¦lez a partir de 2002. Hab¨ªa un sistema de incentivos y recompensas, y la presi¨®n por generar resultados positivos, en el combate contra los grupos insurgentes¡±.

El informe, presentado en el nuevo Instituto de Justicia Global, con sede en La Haya, a?ade que los falsos positivos se convirtieron en un negocio apoyado por los altos mandos del Ej¨¦rcito. Sus miembros, de otro lado, obten¨ªan beneficios. Por ello, y porque investigaciones y juicios ¡°se realizan en Colombia de manera aislada evitando tratar el fen¨®meno como crimen de lesa humanidad¡±, la Federaci¨®n pide a la CPI que intervenga.

Para su fiscal saliente, el argentino Luis Moreno Ocampo, la situaci¨®n no es nueva. En 2005 ya recab¨® informaci¨®n sobre la conducta de jefes paramilitares y guerrilleros colombianos, adem¨¢s de la Fuerza P¨²blica. Su sucesora, la jurista gambiana Fatou Bensouda, confirm¨® en 2009 que el pa¨ªs figuraba en sus archivos ¡°en fase preliminar de estudio¡±. Es decir, no se ha abierto una investigaci¨®n oficial, pero la actuaci¨®n de la justicia nacional es seguida de cerca para ver si persigue a los culpables de los cr¨ªmenes. Si bien la fiscal¨ªa de la CPI reconoce que las instituciones colombianas son fuertes, el temor es que no se avance. Que siga habiendo un desfase entre el grado de violencia y la impunidad registradas en el pa¨ªs. El Gobierno colombiano, sin embargo, no solo asegura que los tribunales est¨¢n capacitados para llevar estos casos. Bogot¨¢ recuerda que reconoce la competencia de la CPI en su lucha contra el genocidio y los cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad, pero no se trata de un Estado fallido necesitado de intervenciones externas.