Derechos Humanos, Insulza, Brasil y el ALBA

Lo m¨¢s valioso que hemos logrado construir colectivamente en este hemisferio para defender y expandir los derechos humanos y las libertades p¨²blicas corre serio peligro. Se trata de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos -para muchos observadores imparciales- una de las pocas instituciones con credibilidad y que funciona en la OEA. La Comisi¨®n y su Relator¨ªa Especial para la Libertad Expresi¨®n (mecanismo que m¨¢s irrita a algunos) son directamente responsables de los m¨¢s importantes progresos alcanzados en ¨¢mbitos tan diversos como la despenalizaci¨®n de calumnias e injurias y derogaci¨®n del desacato, la anulaci¨®n de leyes de amnist¨ªa, reformas al fuero militar, acceso a informaci¨®n de inter¨¦s p¨²blico y derogaci¨®n de normas discriminatorias. Pues bien, si este ¨®rgano ha sido tan exitoso, ?por qu¨¦ se ha desatado una verdadera campa?a en su contra? Muy sencillo: porque ha tocado intereses importantes de gobiernos con claras tendencias autocr¨¢ticas o lo suficientemente poderosos como para creer que tienen el peso para no rendir cuentas de sus pol¨ªticas o pr¨¢cticas a un ¨®rgano de supervisi¨®n regional.

Lamentablemente, el Secretario General de la OEA, Jos¨¦ Miguel Insulza en lugar de ejercer liderazgo para proteger a esta importante instituci¨®n, en la pr¨¢ctica, se ha sumado a esfuerzos que la debilitan. Si la OEA, reunida en Bolivia en estos d¨ªas, aprueba el informe elaborado por el Secretario, se reducir¨¢ la independencia de la Comisi¨®n, al otorgarle a la Asamblea General poderes para redefinir lo que la Comisi¨®n y sus relator¨ªas puedan o no hacer. Insulza propone reformar el estatuto de la Comisi¨®n en ¨¢reas clave para la protecci¨®n como son las intervenciones urgentes de la Comisi¨®n, la tramitaci¨®n de casos y algo que incomoda a quienes m¨¢s violan los derechos humanos, como son los informes de pa¨ªses. Por ejemplo, en este ¨²ltimo punto, el Secretario General propone que los mismos estados monitoreados por la Comisi¨®n sean quienes definan los t¨¦rminos de esa supervisi¨®n con la posibilidad, adem¨¢s, de dilatar hasta por un a?o la publicaci¨®n de estos informes; conden¨¢ndolos a la irrelevancia.

Lo cierto es que estos ataques no son nuevos. Desde 1993 se vienen registrando esfuerzos para desacreditar o recortar las facultades de la Comisi¨®n. Gobiernos de distinto tinte ideol¨®gico, pero con nostalgia por la soberan¨ªa y el principio de no injerencia, descubrieron la f¨®rmula perfecta: grupos de trabajo que en la OEA eufem¨ªsticamente se les llama de ¡°fortalecimiento del sistema de derechos humanos¡±, cuando lo que realmente buscan es su debilitamiento y, si pudieran, hasta su sustituci¨®n. En estas instancias conviven gobiernos que abiertamente intentan limitar las principales atribuciones de la Comisi¨®n y su Relator¨ªa de Libertad de Expresi¨®n y gobiernos que la defienden desactivando las iniciativas m¨¢s da?inas, lo cual sumado al apoyo de la sociedad civil, ha permitido a la Comisi¨®n sortear con relativo ¨¦xito estos procesos inquisitoriales.

Ha costado un gran esfuerzo mantener esta discusi¨®n dentro de ciertos cauces, bajo el supuesto que se trata de elaborar recomendaciones no vinculantes. Durante m¨¢s de 30 a?os no se ha tocado el estatuto de la Comisi¨®n, primero, porque no se justifica y segundo, porque no hay condiciones pol¨ªticas con gobiernos que son sus declarados enemigos. No es sorpresa para nadie que los gobiernos del ALBA estar¨¢n muy complacidos de participar en un proceso de reforma de la Comisi¨®n y su Relator¨ªa. Lo que s¨ª puede sorprender a muchos es que Brasil tambi¨¦n apoye esta estrategia. Es decepcionante que un pa¨ªs que aspira a asumir responsabilidades globales, incluso en derechos humanos, y que jura adhesi¨®n al multilateralismo, siga boicoteando a la Comisi¨®n despu¨¦s que ¨¦sta tuviera la osad¨ªa de solicitarle informaci¨®n sobre el impacto de un proyecto hidroel¨¦ctrico para comunidades ind¨ªgenas del Amazonas.

El Secretario General justifica la reforma de la Comisi¨®n sosteniendo que generar¨¢ m¨¢s seguridad jur¨ªdica y mejor protecci¨®n. A juzgar por el r¨¦cord de algunos gobiernos con sus propios ciudadanos -especialmente aquellos que buscan perpetuarse en el poder- me temo que el Secretario est¨¢ equivocado.

Jos¨¦ Miguel Vivanco es director de Human Rights Watch