El Gobierno de Humala recrudece su enfrentamiento con la oposici¨®n en Per¨²
Un fiscal ordena interceptar las comunicaciones de un parlamentario Los l¨ªderes de protestas sociales denuncian una persecuci¨®n policial y judicial Algunos congresistas comparan los m¨¦todos del Gobierno con la era de Fujimori
Mientras el presidente peruano Ollanta Humala visita Ginebra y Estrasburgo, capitales internacionales de la defensa de los derechos humanos, en su pa¨ªs crecen las cr¨ªticas por el uso instrumental del aparato de inteligencia y el poder judicial al menos en tres casos recientes. Por un lado, para neutralizar o atacar a un respetado parlamentario. Y por otro a dos l¨ªderes pol¨ªticos de sendas movilizaciones contra proyectos mineros en Espinar (Cusco, sierra sur) y Cajamarca (norte del pa¨ªs).
El martes hubo fuertes cr¨ªticas contra el oficialismo debido a que un fiscal orden¨® levantar el secreto de las comunicaciones de un tel¨¦fono del congresista Luis Galarreta, presidente de la comisi¨®n de Econom¨ªa. La medida fue ordenada como parte de un proceso judicial contra un periodista que accedi¨® ilegalmente a correos electr¨®nicos del ministro de Comercio. El fiscal hab¨ªa ordenado la intervenci¨®n de 18 n¨²meros telef¨®nicos y el de Galarreta aparec¨ªa entre las llamadas recientes del periodista que cubr¨ªa fuentes econ¨®micas.
El legislador Carlos Bruce declar¨® el martes que es ilegal intervenir las comunicaciones de un congresista sin antes haberle quitado la inmunidad parlamentaria. Mientras que la congresista Carmen Omonte, portavoz de la alianza Per¨² Posible, dijo que ¡°no hay nada que justifique esos m¨¦todos heredados de [Vladimiro] Montesinos¡±, el ex asesor del ex presidente Alberto Fujimori, en prisi¨®n por cr¨ªmenes contra la humanidad.
La reacci¨®n indignada de los parlamentarios de la Alianza por el Gran Cambio, a la que pertenece Galarreta, y de otras bancadas, llev¨® a que el fiscal de la Naci¨®n, Jos¨¦ Pel¨¢ez, retirara al fiscal de la unidad contra el crimen organizado que pidi¨® la intervenci¨®n. La parlamentaria Marisol P¨¦rez Tello anunci¨® que si Pel¨¢ez, no renunciaba, iniciar¨ªan una acusaci¨®n constitucional en su contra.
Por otro lado, tras estar 15 d¨ªas preso, un juez dict¨® la libertad del alcalde de la provincia de Espinar, Oscar Mollohuanca, l¨ªder de la protesta social de la zona contra Xstrata Tintaya. El lunes 28 de mayo, murieron tiroteados por la polic¨ªa dos personas en una protesta, Walter Sencia y Rudecindo Puma: ese d¨ªa el Gobierno declar¨® el estado de emergencia y un par de d¨ªas despu¨¦s detuvo a Mollohuanca, en un proceso que ha sido criticado por abogados y analistas.
Entre los datos que se cuestionan, est¨¢ el traslado de la causa de un juzgado a otro que se supone m¨¢s favorable a los intereses del Gobierno. ¡°El cambio de administraci¨®n judicial de Cusco a Ica [para que se vea all¨ª el caso Mollohuanca] fue una muestra de la complacencia del Poder Judicial con el Ejecutivo, pues la resoluci¨®n respondi¨® a un pedido del ministerio del Interior¡±, coment¨® el martes el abogado Carlos Rivera en una conferencia en Lima con la prensa extranjera.
Rivera, uno de los defensores de Mollohuanca, agreg¨® que hace unos meses el presidente del Poder Judicial, C¨¦sar San Mart¨ªn, critic¨® las mafias en dicho poder del Estado: ¡°Y una de esas mafias era las cortes de Ica, donde hay posibilidad de interferir pol¨ªticamente en la justicia¡±.
Cuando se produjo la detenci¨®n de Mollohuanca hubo fiscales enviados por el Ministerio P¨²blico de Lima que asumieron funciones en Cusco, desplazando al fiscal de Espinar. ¡°Estas muestras de la falta de independencia de sistema de justicia lo hacen aparecer como un instrumento del poder pol¨ªtico¡±, agreg¨® Rivera, director del equipo legal de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL).
Pulgar Vidal sostiene que podr¨ªa viajar a Cusco para retomar el di¨¢logo sobre Espinar
Por su parte, Wilfredo Ardito, doctor en Derecho y activista de derechos humanos desde la d¨¦cada de los 80, coment¨® que ¡°el traslado de competencia de Cusco a Ica y la absurda orden de prisi¨®n preventiva por cinco meses a Mollohuanca demuestran esta nueva actitud sesgada¡± del poder judicial a favor del Ejecutivo.
El mismo traslado de competencia judicial para procesar a los ¡®revoltosos¡¯ se aplica a Cajamarca, pues los procesados por disturbios tienen que ir ahora a una corte en el departamento de Lambayeque. El Poder Judicial bas¨® esa decisi¨®n en que no hay garant¨ªas en Cusco y Cajamarca para que los jueces hagan su trabajo, sin embargo, algunas otras detenciones, habeas corpus y detenciones del caso en Espinar s¨ª se desarrollaron en Cusco y exceptuaron de ello el expediente del alcalde.
¡°El propio C¨¦sar San Mart¨ªn est¨¢ convencido que en algunos lugares del pa¨ªs se viven situaciones inmanejables por los c¨¢nones normales. Una ofensiva medi¨¢tica muestra las primitivas masas andinas y la incapacidad de las autoridades locales. El temor es que los violentos, andinos, cholos, campesinos y manipulados vayan a sabotear el progreso del pa¨ªs¡±, agrega Ardito.
Consultado por EL PA?S, tras el anuncio de la liberaci¨®n de Mollohuanca, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, sostuvo que podr¨ªa viajar a Cusco para retomar el di¨¢logo sobre las evaluaciones de contaminaci¨®n que demanda la poblaci¨®n de Espinar.
Mientras, en el conflicto por el proyecto Conga en Cajamarca, quiz¨¢ el que m¨¢s repercusi¨®n ha tenido fuera de Per¨², el presidente del Gobierno regional, Gregorio Santos, es investigado de oficio por una fiscal¨ªa de Lambayeque por supuesto delito de ¡°apolog¨ªa a la rebeli¨®n¡±. El origen de la investigaci¨®n est¨¢ en unas declaraciones de Santos en las que afirm¨®: ¡°?Qu¨¦ se hace cuando un presidente [Humala] no cumple sus promesas?¡±. Sus seguidores clamaron: ¡°?Lo sacan!¡±.
Cada mes hay en Per¨² unos 70 conflictos sociales originados
El hijo de Santos y la madre del menor fueron agredidos el martes pasado por un individuo en una moto lineal en Ja¨¦n, de donde es oriundo Santos, ex dirigente de las rondas campesinas que se enfrentaron a Sendero Luminoso en los a?os 80.
Mientras tanto, el otro l¨ªder de la huelga indefinida que vive Cajamarca, el fundador del movimiento pol¨ªtico Tierra y Libertad, Marco Arana, es seguido muy de cerca por la Direcci¨®n de Inteligencia Nacional (DINI) y por la direcci¨®n de inteligencia de la Polic¨ªa Nacional.
El jueves pasado, el semanario Caretas public¨® un informe secreto de la DINI sobre una reuni¨®n del ex sacerdote Arana con Mollohuanca en Espinar, realizada en marzo. El burgomaestre pertenece al mismo movimiento pol¨ªtico de Arana. La revista indic¨® que el aparato de inteligencia busca tambi¨¦n informaci¨®n privada sobre el pol¨ªtico ambientalista.
Ante las cr¨ªticas, el primer ministro Oscar Vald¨¦s ha afirmado que el Gobierno no defiende a las empresas mineras. Pero el jefe de la DINI, V¨ªctor Gomez Rodr¨ªguez, es un capit¨¢n del Ej¨¦rcito en retiro de la promoci¨®n del presidente Humala que trabaj¨® como gerente de seguridad durante casi dos d¨¦cadas en dos de las principales mineras, Southern Per¨² y Antamina.
Cada mes en el Per¨² hay unos 70 conflictos sociales originados por disputas medioambientales; la administraci¨®n Humala est¨¢ qued¨¢ndose sin interlocutores al insistir con el mensaje de ¡°orden y mano dura¡±, sin di¨¢logo y respeto a los recursos naturales como ofreci¨® en la campa?a electoral de 2011. En ese marco, el primer ministro Vald¨¦s declar¨® el lunes: ¡°Lo que todos los peruanos debemos esperar es que nuestro presidente, una vez elegido, ya debe olvidarse de sus promesas electorales. Debe gobernar para el 100% de los peruanos¡±.
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