Asesinado en Colombia otro campesino que promov¨ªa la devoluci¨®n de tierras

Un crimen ha vuelto a ensombrecer el incipiente proceso del Gobierno de Colombia de devoluci¨®n de tierras a propietarios que fueron despojadas de ellas por bandas armadas. Un l¨ªder de un grupo de campesinos que reclaman terrenos, Jairo Mart¨ªnez, fue asesinado el viernes pasado.

Desde 2007 han sido ejecutados 60 activistas de este tipo, 17 de ellos desde junio de 2011, cuando el presidente Juan Manuel Santos aprob¨® la Ley de V¨ªctimas, que incluye el programa para la restituci¨®n de tierras.

El asesinato de Mart¨ªnez, cuyos detalles y autores no se conoc¨ªan cuando se public¨® esta noticia, tuvo lugar en una zona rural del departamento de Sucre, donde operan potentes grupos armados de origen supuestamente paramilitar.

Ha sido el presidente Santos quien ha dado la noticia en su Twitter con el lenguaje telegr¨¢fico de esta red social. ¡°Condenamos en¨¦rgicamente asesinato de reclamante de tierras. He ordenado investigaci¨®n pronta para castigo severo¡±.

La violencia contra activistas y campesinos es uno de los muros contra los que choca por el momento el ambicioso plan de Santos, que pretende devolver m¨¢s de tres millones de hect¨¢reas, aproximadamente la mitad del total, antes de 2014, cuando termina su legislatura.

La ra¨ªz del problema es la permanencia de grupos paramilitares, seg¨²n la Comisi¨®n de Juristas

Los afectados por la violencia criminal contraria a la devoluci¨®n de las tierras suelen ser peque?os o medianos propietarios rurales. Aunque solo se ha esclarecido uno de los 60 asesinatos de los ¨²ltimos cinco a?os, se sospecha que los hostigadores son remanentes de antiguas bandas paramilitares ligadas a terratenientes particulares y, en teor¨ªa, disueltas desde el inicio del proceso Justicia y Paz (2007) de desmovilizaci¨®n de paramilitares.

Seg¨²n el director de la Comisi¨®n Colombiana de Juristas, Gustavo Gall¨®n, ¡°quienes est¨¢n detr¨¢s son estos grupos que persisten y el tejido local -pol¨ªtico, econ¨®mico y social- en el que se asientan¡±.

La Comisi¨®n de Juristas, una ONG que da ayuda jur¨ªdica a v¨ªctimas de despojos de tierras, sufri¨® la p¨¦rdida de uno de sus representados en 2010, el l¨ªder campesino ?scar Maussa. ¡°Lo mataron a palos y lo dejaron amarrado a un ¨¢rbol con alambre de p¨²as, algo horrible, con mucha sevicia¡±, explica Gall¨®n por tel¨¦fono.

El pasado mes de abril la v¨ªctima fue Manuel Antonio Ruiz, asesinado con su hijo de 15 a?os en el departamento de Choc¨® despu¨¦s de ser torturados. Gall¨®n dice que el Gobierno ha dispuesto medidas contra este problema, como la creaci¨®n de una unidad de protecci¨®n a v¨ªctimas, pero no ha atacado el problema de ra¨ªz, que a su juicio es la permanencia del paramilitarismo.

¡°El elemento m¨¢s grave es la ausencia de reconocimiento de la existencia del paramilitarismo¡±, dice el director de la Comisi¨®n de Jurista, ¡°y de su relaci¨®n con las autoridades estatales ¨Cej¨¦rcito, polic¨ªa y otras agencias¨C en las zonas que necesitan una pol¨ªtica de seguridad¡±. En su opini¨®n, tratar de proteger a las v¨ªctimas o amenazados sin eliminar la supuesta existencia de bandas coludidas con entidades p¨²blicas ¡°es como tratar un c¨¢ncer con aspirinas¡±.