Organismos regionales y el Paraguay

La comunidad inter-americana de democracias ha mostrado, desde la d¨¦cada de los ochenta, un firme compromiso con la defensa colectiva de la democracia a trav¨¦s de instrumentos como la Carta Democr¨¢tica Inter-Americana (CDIA) de la OEA, o las cl¨¢usulas democr¨¢ticas de Mercosur y Unasur. Se trata as¨ª de prevenir la ruptura del orden democr¨¢tico o restaurarlo cuando se quiebre en uno de sus miembros, ya sea por golpe de estado militar, auto-golpe, o alteraci¨®n del ¡°orden constitucional que afecte gravemente el orden democr¨¢tico¡± (Art. 19, CDIA). Ahora se pretende aplicarlos al Paraguay, luego de la destituci¨®n del presidente Lugo el pasado 22 de junio.

Estos instrumentos se activan despu¨¦s de un golpe o intento de, y por eso son de tipo reactivo y restaurativo. Han sido aplicados desde 1991 en Guatemala, Hait¨ª, Honduras, Per¨² y Venezuela, con condenas del golpe, misiones de buenos oficios, sanciones diplom¨¢ticas (no reconocimiento, ruptura de relaciones), interrupci¨®n del comercio y la cooperaci¨®n, congelamiento financiero y suspensi¨®n del organismo. Tambi¨¦n son preventivos, cuando se usan para evitar la interrupci¨®n del orden democr¨¢tico como en Paraguay, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.

Sin embargo, los mismos se han dise?ado por y para proteger exclusivamente a los ocupantes del poder ejecutivo. Reflejan los intereses de esa rama del poder y por ello ¨¦sta es la ¨²nica que puede pedir ayuda para la preservaci¨®n del orden democr¨¢tico. Conforman as¨ª en los organismos intergubernamentales un club de mutua protecci¨®n presidencial. Pero si el ejecutivo viola el orden constitucional democr¨¢tico o sus principios, los otros poderes no tienen recurso a esos instrumentos, a pesar de que en democracia rige la independencia e igualdad de poderes.

En el Paraguay se ha destituido a un miembro del club, y varias canciller¨ªas han calificado la destituci¨®n constitucional parlamentaria del presidente Lugo como golpe de estado, y la han calificado como ileg¨ªtima y violatoria del debido proceso y de los derechos humanos del ex presidente (Qu¨¦ dir¨ªan los ex presidentes Bucaram y Gutierrez de Ecuador o Color de Melo de Brasil, S¨¢nchez Lozada de Bolivia, o de la R¨²a de Argentina?). Tambi¨¦n se suspender¨¢ al nuevo gobierno de las actividades de los organismos mencionados.

Pero el problema es que la destituci¨®n no fue ni un golpe de estado ni una alteraci¨®n del orden constitucional democr¨¢tico. Fue un juicio pol¨ªtico, no penal, resuelto por abrumadora mayor¨ªa, que respet¨® los preceptos de la constituci¨®n paraguaya. Al perder su legitimidad cuando el PLRA le retir¨® su apoyo, Lugo acept¨® el juicio y sus reglas, envi¨® su abogado (que hizo un descargo dram¨¢tico e inteligente por m¨¢s de dos horas), reconoci¨® su derrota pol¨ªtica y dej¨® la presidencia sin resistirse. No fue detenido ni exiliado, y usa ahora espacios p¨²blicos para criticar libremente al nuevo gobierno. Lo substituy¨® su vicepresidente, Francisco Franco. Si le hubiesen dado m¨¢s tiempo, el resultado habr¨ªa sido el mismo, y probablemente se hubiese desencadenado un per¨ªodo de inestabilidad pol¨ªtica y violencia social.

Lo ins¨®lito es que los gobiernos que no reconocen a las nuevas autoridades, han venido mirando con complacencia las alteraciones que algunos gobiernos de la regi¨®n perpetran contra el orden democr¨¢tico. Estos llegan al poder v¨ªa elecciones democr¨¢ticas, pero una vez en control del Estado, lo ejercen para erosionar las instituciones, valores y pr¨¢cticas democr¨¢ticas consagradas en sus propias constituciones y la CDIA.

La erosi¨®n del orden democr¨¢tico (¡°golpe en c¨¢mara lenta¡±) la consuman solapadamente. Se manipulan elecciones o referendos y mayor¨ªas transitorias en el poder legislativo o en el poder judicial y electoral, para modificar las reglas de juego y obtener superpoderes. Se destituyen o presionan a jueces no aliados y se ignoran decisiones de las cortes o legislaci¨®n contraria a sus fines. Se socavan as¨ª la independencia de poderes, la libertad de prensa, el estado de derecho, las elecciones libres y justas y el respeto a las minor¨ªas, entre otros. La oposici¨®n es perseguida y tildada de conspirativa. El proceso culmina invariablemente en hiper-presidencias que acumulan y monopolizan el poder. Todo en nombre de la democracia ¡°participativa,¡± la ¡°inclusi¨®n social,¡± el socialismo y el anti-imperialismo.

La indiferencia a tales desarrollos y los ataques desmedidos de Venezuela y Nicaragua, en particular (v¨¦ase sesi¨®n de OEA), m¨¢s el intento de aislar al Paraguay parecen m¨¢s una vendetta ideol¨®gica que una defensa de la democracia, o una venganza del chavismo para castigar al Congreso paraguayo por no ratificar su entrada al Mercosur. Hasta Cuba retir¨® su embajador porque se viol¨® la democracia. Vaya desfachatez!

Surge entonces la urgencia y necesidad de que la comunidad democr¨¢tica interamericana, a trav¨¦s de sus organismos regionales, se aboque a perfeccionar los mecanismos colectivos de defensa de la democracia. En ese sentido, parece impostergable una definici¨®n m¨¢s afinada de lo que significa la ¡°alteraci¨®n del orden democr¨¢tico,¡± con especial atenci¨®n al fen¨®meno de la erosi¨®n de la democracia; y es imprescindible, para evitar su colapso en casos de crisis institucional, incluir en los mecanismos colectivos de an¨¢lisis y prevenci¨®n la voz de todos los poderes del estado involucrados en la pugna institucional, y no s¨®lo el poder ejecutivo, como ocurre hasta ahora. S¨®lo as¨ª tales organismos podr¨¢n impulsar el di¨¢logo necesario para la construcci¨®n de consensos que prevengan la ruptura del orden democr¨¢tico. Si no, pasar¨¢n irremediablemente a la irrelevancia en la defensa de la democracia.