Italia contiene el d¨¦ficit, pero no mejora en competitividad

Italia empez¨® a tomarse en serio la agenda europea en agosto de 2011, cuando la crisis de la deuda soberana y el aumento de la prima de riesgo obligaron al Gobierno a recurrir al programa de compra de obligaciones p¨²blicas por parte del Banco Central Europeo. El 5 de agosto, una carta firmada por Jean Claude Trichet y Mario Draghi indicaba al entonces primer ministro, Berlusconi, las prioridades que deb¨ªa abordar a juicio de Bruselas. Aquella fue la primera se?al visible del ¡°v¨ªnculo externo¡± teorizado por el exministro del Tesoro, Guido Carli, para superar las resistencias corporativas del pa¨ªs, adem¨¢s de sentar las bases para las sucesivas recomendaciones de la Comisi¨®n Europea. Los requisitos presentados por el BCE se pueden resumir en cuatro puntos.

Primero: reducir el gasto p¨²blico destinado a pensiones y al funcionamiento del Estado y las entidades locales.

Segundo: llevar a cabo una profunda reforma de la administraci¨®n p¨²blica ¡ªsanidad, justicia, educaci¨®n¡ª que incluya otorgarle m¨¢s eficacia y abolir estructuras in¨²tiles como las provincias.

Tercero: aumentar la competencia mediante liberalizaciones en los servicios p¨²blicos locales y profesionales.

Cuarto: reformar el mercado de trabajo, con una revisi¨®n de las normas de despido y un incremento del peso de los contratos de productividad en empresas en detrimento de los de ¨¢mbito nacional.

Berlusconi no tuvo el tiempo ni la voluntad de cumplir esos requisitos, y traslad¨® la tarea a Monti a partir de noviembre de 2011.

A poco m¨¢s de un a?o de aquella carta, el balance es claroscuro. Monti y sus ministros han intentado meter mano a todas las cuestiones planteadas en el documento, pero solo han conseguido llegar al fondo en dos de las cuatro. La contenci¨®n del gasto p¨²blico se ha logrado: el Gobierno ha aprobado dos medidas para la reducci¨®n del d¨¦ficit (los datos oficiales dicen que este a?o ser¨¢ del 1,6%), han reformado el sistema de la seguridad social y han aumentado la edad de jubilaci¨®n. Ahora, para retirarse, hace falta tener 66 a?os, salvo quien haya cotizado durante 41; en ese caso, basta con tener 62. La reforma de la administraci¨®n p¨²blica est¨¢ en marcha: las provincias ver¨¢n su n¨²mero reducido a la mitad, se han revisado los procedimientos de adquisici¨®n de las instituciones p¨²blicas y un reciente decreto del Gobierno apunta a disminuir dr¨¢sticamente los costes de funcionamiento de ayuntamientos y regiones.

La reforma del mercado de trabajo est¨¢ aprobada, pero no prev¨¦, como propon¨ªa Europa, la superaci¨®n del art¨ªculo 18, que dispone la no movilidad de los trabajadores con contrato indefinido. Para mejorar la productividad, el Gobierno ha pedido un acuerdo a empresas y sindicatos, pero el objetivo est¨¢ a¨²n lejos. El Gobierno ha intentado, sin ¨¦xito, incrementar la competencia; los colegios profesionales, una antigua herencia corporativa, tienen todav¨ªa mucha fuerza y limitan el acceso de las j¨®venes generaciones. Tampoco ha logrado el Gobierno reformar los servicios p¨²blicos locales, lastrados por la presencia de demasiadas empresas municipalizadas y controladas por los ayuntamientos.