La fiscal¨ªa peruana reabre el caso de las esterilizaciones en la etapa de Fujimori

La fiscal¨ªa peruana ha reabierto el caso de las esterilizaciones forzadas practicadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), archivado hace dos a?os y medio. La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos solicit¨® al Estado peruano en octubre de 2011 reanudar la investigaci¨®n fiscal tras la denuncia de 2.074 mujeres que no dieron consentimiento informado o a quienes se les condicion¨® ayuda alimentaria y social a cambio de aceptar la entonces denominada "anticoncepci¨®n quir¨²rgica voluntaria".

Por esta causa ser¨¢ investigado, entre otros, el congresista Alejandro Aguinaga, exministro de Salud y actual m¨¦dico de cabecera de Fujimori. La menci¨®n a las denuncias por esterilizaciones forzadas fue uno de los pocos aspectos que debilit¨® la campa?a de Keiko Fujimori por la presidencia en el 2011: el entonces candidato Ollanta Humala mencion¨® el tema en un debate con la hija del exgobernante y, desde entonces, no lo volvi¨® a aludir hasta este domingo, durante una actividad por el d¨ªa de la no violencia contra la mujer.

De 1995 a 2001 se realizaron m¨¢s de 272.028 esterilizaciones, tras modificar el Gobierno de Fujimori la Ley General de Poblaci¨®n para legalizar ese procedimiento como un m¨¦todo de planificaci¨®n familiar. El primer informe del CLADEM (Comit¨¦ de Am¨¦rica Latina y Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer), que denunci¨® dicha pr¨¢ctica en 1999, demostr¨® que los centros de salud recib¨ªan presiones y est¨ªmulos para cumplir con cuotas de esterilizaciones, por lo que las realizaron en su gran mayor¨ªa con mujeres j¨®venes, pobres, rurales, quechua-hablantes y excluidas, sin consentimiento informado o mediante asedio y enga?o.

La abogada Jeannette Llaja ha relato a este diario que Aguinaga lider¨® en 2011 un grupo de congresistas que envi¨® una carta a la fiscal¨ªa supranacional de derechos humanos para que no avanzara el caso de Mam¨¦rita Mestanza, una mujer que muri¨® luego de someterse a la anticoncepci¨®n quir¨²rgica voluntaria. Dicho caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por cinco organismos peruanos y regionales de derechos humanos, entre ellos Demus, que dirige Llaja.

La abogada sostiene que uno de los ¡°riesgos m¨¢s grandes en este proceso es que el Ministerio P¨²blico no destine el dinero suficiente para la investigaci¨®n. Por su complejidad, si no liberan a la fiscal la carga de otros casos y no le da presupuesto, el proceso morir¨¢ como ocurri¨® en primera instancia¡±. El congresista fujimorista Aguinaga ha respondido que ¡°nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo caso¡±, sin embargo, Llaja indica que dicho argumento de defensa es incorrecto: ¡°No hubo pronunciamiento de fondo¡±.

A su vez, el abogado Carlos Rivera, asesor legal de las v¨ªctimas, se?ala que el exministro de Salud Aguinaga ¡°logr¨® dilatar la reapertura de la investigaci¨®n fiscal por casi un a?o, con medios de defensa ilegales¡±. El diario La Rep¨²blica inform¨® que los otros investigados ser¨¢n el exministro de Salud Marino Costa Bauer, el exasesor presidencial Eduardo Yong Motta, el exdirector del programa de salud reproductiva Jorge Parra y otros cinco exfuncionarios del ministerio de Salud.

Un testigo del trabajo que se realizaba en el ministerio de Salud entre 1997 y 2000, ha revelado que Parra ten¨ªa una sala de situaci¨®n en su oficina, con ¡°una pantalla gigante y muy moderna que nadie ten¨ªa en aquella ¨¦poca¡± donde registraban los avances en el n¨²mero de esterilizaciones.

Los delitos que investigar¨¢ la fiscal¨ªa son secuestro, coacci¨®n, omisiones y lesiones seguidas de muerte. De acuerdo con el informe de una comisi¨®n del Congreso que investig¨® en 2002 las esterilizaciones forzadas, a los trabajadores de los centros de salud los amenazaban con no reconocerles el pago de ciertas horas de trabajo o no renovarles sus contratos si incumpl¨ªan con una cuota de esterilizaciones por mes o semana.

El reporte de dicho grupo de trabajo que lider¨® el parlamentario H¨¦ctor Ch¨¢vez Chuch¨®n asegur¨® que la Agencia de Cooperaci¨®n de los Estados Unidos (USAID, en sus siglas en ingl¨¦s) fue una de las entidades que financi¨® las campa?as de esterilizaci¨®n, un alto porcentaje de ellas en condiciones ilegales e irregulares. Cuando hace un par de a?os se archiv¨® esta denuncia, esto signific¨® un incumplimiento de la Convenci¨®n de eliminaci¨®n de todas las formas de discriminaci¨®n contra la Mujer (CEDAW) por parte del Per¨².