M¨¦xico ordena liberar a dos activistas ind¨ªgenas
Jos¨¦ Ram¨®n y Pascual cumpl¨ªan siete a?os por un delito que ocultaba un conflicto por agua
La Suprema Corte de M¨¦xico ha ordenado este mi¨¦rcoles la liberaci¨®n de Jos¨¦ Ram¨®n Aniceto G¨®mez, de 65 a?os, y Pascual Agust¨ªn Cruz, de 49, considerados los dos ¨²nicos presos de conciencia del pa¨ªs por organizaciones de derechos humanos. Los dos ind¨ªgenas, activistas por el agua, cumpl¨ªan una condena de siete a?os por un delito menor que ocultaba un conflicto por agua en el centro del pa¨ªs.
Los dos ind¨ªgenas, l¨ªderes de la comunidad nahua de Atla, llevaban dos a?os y 10 meses encerrados en un penal de media seguridad del municipio de Huauchinango. Se les acusaba del robo con violencia de un veh¨ªculo en un confuso incidente ocurrido en octubre de 2009. De fondo, no obstante, estaba un enfrentamiento entre las autoridades ind¨ªgenas y el cacique local por el acceso al agua potable. Jos¨¦ Ram¨®n y Pascual trabajaban en un programa de universalizaci¨®n del agua potable que chocaba con los intereses de un grupo dedicado a la venta del agua.
La Suprema Corte ha reconocido ahora las "irregularidades" que rodearon el juicio, entre ellas la "falta de pruebas" y la ausencia de abogados que hablaran n¨¢huatl, su lengua nativa y traductores.
El caso fue llevado ante la Corte Suprema por los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agust¨ªn Pro Ju¨¢rez (PRODH), quienes presentaron el ¨²ltimo recurso directo de amparo. Amnist¨ªa Internacional (AI) ha celebrado la noticia y ha subrayado que la defensa del acceso al agua de los dos detenidos "fue motivo de disputas durante d¨¦cadas" y origin¨® la "injusta detenci¨®n y procesamiento".
"Estos tres a?os de injusticia son el reflejo de un d¨¦bil sistema judicial, que lejos de garantizar seguridad y justicia se presta a perseguir a personas ¨²nicamente por el hecho de luchar por sus derechos", ha se?alado Alberto Herrera, director ejecutivo de AI M¨¦xico. "Lo m¨¢s preocupante es que los fallos que caracterizaron este caso, lejos de ser desafortunadas excepciones, parecen m¨¢s bien ser problemas estructurales caracter¨ªsticos del sistema de justicia en M¨¦xico", agreg¨®.
Amnist¨ªa Internacional y el centro PRODH han denunciado que en el proceso judicial no se respetaron los derechos constitucionales de que los ind¨ªgenas contasen con abogados que hablasen su idioma o int¨¦rpretes. AI ha instado a las autoridades judiciales a que revisen otros casos similares. En marzo, sin ir m¨¢s lejos, hubo otra historia similar: una mujer ind¨ªgena, Adela Ram¨ªrez, fue liberada en Chiapas tras siete a?os de c¨¢rcel por un juicio en el que no cont¨® con int¨¦rprete a pesar de que no hablaba espa?ol.
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