Las acusaciones contra seis altos militares mexicanos decaen por falta de pruebas

La Procuradur¨ªa (fiscal¨ªa) General de la Rep¨²blica (PGR) de M¨¦xico reconoci¨® el lunes que no cuenta con elementos probatorios para sostener la acusaci¨®n contra de seis militares de alto rango, detenidos desde mayo pasado acusados de dar protecci¨®n a narcotraficantes. Con esto terminar¨¢ en chasco un caso que fue presentado por el anterior gobierno como una muestra de lo alto que hab¨ªa llegado el poder corruptor del crimen organizado.

Los generales de divisi¨®n Tom¨¢s ?ngeles Dahuahare (retirado) y Ricardo Escorcia Vargas (retirado), el general de brigada Rub¨¦n P¨¦rez Ram¨ªrez, el general Roberto Dawe Gonz¨¢lez, el teniente coronel Silvio Hern¨¢ndez Soto y el mayor Reyna Mu?oz se enfrentaban a las acusaciones surgidas de los testimonios de los testigos protegidos Jennifer y Mateo, cuya identidad corresponde al abogado Roberto L¨®pez N¨¢jera y al presunto narcotraficante Sergio Villarreal, tambi¨¦n conocido como El Grande. A ambos se les vincula con el narcotraficante ?gdar Valdez Villarreal, alias La Barbie.

Desde que el caso surgi¨®, diversas voces pusieron en entredicho la solidez de las acusaciones. En particular caus¨® extra?eza que fuera incriminado el general ?ngeles Dahuahare, descendiente de un h¨¦roe revolucionario, ex subsecretario de la Defensa Nacional y hombre de trato afable y discreto estilo de vida. La familia de ?ngeles Dahuahare y la de otros inculpados acudieron a los medios de comunicaci¨®n para denunciar irregularidades procesales. A pesar de ello, a finales de julio quedaron formalmente presos en un reclusorio de alta seguridad.

El caso sin embargo nunca pareci¨® tener m¨¢s fundamento que las declaraciones de los dos testigos protegidos, que ahora se encuentran en Estados Unidos. La fiscal¨ªa se vio forzada a reconocer que carec¨ªa de m¨¢s pruebas al responder a una petici¨®n de la defensa del general ?ngeles Dahuahare, quien desde la semana pasada solicit¨® que se cerrara su caso. ¡°Los desposados (las declaraciones) de los testigos protegidos colaboradores no se encuentran corroborados con medio convictito alguno¡±, expuso el lunes la PGR en un documento entregado al juez tercero de distrito de procesos penales federales. Existe la misma carencia de pruebas en los casos de los otros cinco militares acusados en el mismo juicio de ?ngeles Dahuahare.

El caso nunca pareci¨® tener m¨¢s fundamento que las declaraciones de los dos testigos protegidos

A pesar de que durante el sexenio del presidente Felipe Calder¨®n (2006-2012) hubo diversas detenciones de funcionarios de diferentes niveles de gobierno, incluso de oficiales de la c¨²pula de la Polic¨ªa Federal, ning¨²n caso fue m¨¢s notorio que el de los militares de alto rango retenidos en mayo. El arresto lleg¨® a ser visto como un nuevo y grave incidente similar al ocurrido en 1998, cuando fue detenido el general Jes¨²s Guti¨¦rrez Rebollo, quien dirig¨ªa el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, y quien fue condenado a 40 a?os de prisi¨®n por delitos contra la salud y delincuencia organizada.

En tiempos de Calder¨®n la fiscal¨ªa se caracteriz¨® por emprender detenciones de alta visibilidad que no pocas veces concluyeron en grandes chascos. El caso m¨¢s relevante fue el llamado Michoacanazo, ocurrido en mayo de 2009 cuando 35 funcionarios de Michoac¨¢n, entre los que hab¨ªa presidentes municipales, estatales y un juez, fueron detenidos en una megaoperaci¨®n que a los pocos meses se convirti¨® en el hazmerre¨ªr nacional cuando todos los detenidos salieron de la c¨¢rcel.

Este martes y despu¨¦s de que se difundiera la informaci¨®n sobre los generales que estar¨ªan camino de obtener su libertad, desde el Senado de la Rep¨²blica el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se manifest¨® a favor de la revisi¨®n del uso de los testigos protegidos. Si esto sucediera, ser¨ªa un paso m¨¢s en una renovaci¨®n que ha emprendido el nuevo gobierno, que en voz del Procurador General de la Rep¨²blica, Jes¨²s Murillo Karam, tambi¨¦n es partidario de revisar el arraigo, una figura legal mediante la cual se mantiene arrestada indefinidamente a una persona en una suerte de detenci¨®n sin pruebas.

El gobierno de Enrique Pe?a Nieto (PRI) ha dado adem¨¢s un giro a la estrategia medi¨¢tica ligada a la lucha anticrimen. Desde el d¨ªa de su toma de posesi¨®n, el primero de diciembre, el nuevo presidente erradic¨® de su discurso cotidiano el tema de la violencia. Y este lunes se inform¨® de que ya no habr¨¢ difusi¨®n de las capturas de presuntos criminales en los medios de comunicaci¨®n ni presentaci¨®n ante la prensa de supuestos delincuentes, la propaganda favorita del anterior gobierno, al que nunca le import¨® acusarlos en los medios sin luego poder probar ante un juez su culpabilidad.