Nada que celebrar en M¨¦xico

A primera vista, parec¨ªa que se trataba de una broma de mal gusto. En el d¨ªa internacional de los derechos humanos, el Embajador de Estados Unidos en M¨¦xico, Anthony Wayne, public¨® un art¨ªculo ¡°celebrando¡± los avances de M¨¦xico en derechos humanos. ¡°Estados Unidos reconoce al gobierno de M¨¦xico¡±, se?al¨® en el diario El Universal, ¡°por los esfuerzos que ha hecho para promover la protecci¨®n de los derechos humanos¡±.

Resulta dif¨ªcil imaginar un momento menos oportuno para tan inmerecido elogio.

El Embajador Wayne expres¨® este reconocimiento a menos de dos semanas de las estremecedoras revelaciones del Washington Post, que indicaron que seg¨²n la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica, cerca de 25.000 mexicanos desaparecieron durante los pasados seis a?os, a causa de la violencia vinculada con el narcotr¨¢fico. La cifra fue filtrada por un analista gubernamental que temi¨® que ni el gobierno saliente de Felipe Calder¨®n ni el entrante de Enrique Pe?a Nieto, estuvieran dispuestos a admitir que tantas personas pudieran simplemente desaparecer, ni mucho menos a investigar lo sucedido.

Las desapariciones son s¨®lo una cara del nefasto legado que ha dejado la ¡°guerra contra el narcotr¨¢fico¡± del Presidente Calder¨®n. Durante su mandato, soldados y polic¨ªas recurrieron en forma sistem¨¢tica a la tortura para obtener confesiones en el marco de la lucha contra los carteles y cometieron numerosas ejecuciones. Pr¨¢cticamente ninguno de los responsables ha sido sancionado. De las casi 5.000 investigaciones iniciadas por la justicia penal militar, entre diciembre de 2006 y abril de 2012, solo 38 soldados fueron condenados.

Durante gran parte de su gesti¨®n, Calder¨®n sostuvo que no conoc¨ªa ning¨²n caso de violaci¨®n de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Cuando me reun¨ª con ¨¦l a fines de 2011, admiti¨® finalmente que muchos de estos abusos hab¨ªan ocurrido. Lamentablemente, las escasas medidas que luego adopt¨® fueron insuficientes y tard¨ªas.

Si bien Pe?a Nieto al menos ha reconocido el fracaso de la pol¨ªtica de Calder¨®n, Washington pareciera no haberse hecho eco de esta situaci¨®n. Lo cierto es que los elogios del embajador actual en M¨¦xico est¨¢n en sinton¨ªa con la postura del gobierno de Obama, que ha celebrado frecuentemente los esfuerzos de Calder¨®n en su ofensiva contra los carteles, como cuando aplaudi¨® la ¡°valent¨ªa¡± de Calder¨®n en conferencias de prensa en marzo de 2011 y abril de 2012. Obama en ning¨²n momento ha manifestado p¨²blicamente preocupaci¨®n por los terribles abusos cometidos por las fuerzas de seguridad de ese pa¨ªs.

Las acciones del gobierno de Obama han sido consistentes con su discurso. Desde 2007, Estados Unidos ha aportado ayuda por aproximadamente 2.000 millones de d¨®lares para combatir la delincuencia organizada en M¨¦xico. Parte de estos fondos se han destinado a programas valiosos, como la capacitaci¨®n del Ministerio P¨²blico. Un porcentaje de la ayuda destinada a las fuerzas de seguridad supuestamente est¨¢ supeditada al cumplimiento de requisitos en derechos humanos. A pesar de que tales requisitos nunca han sido cumplidos, Washington ha aprobado los fondos con regularidad.

El an¨¢lisis m¨¢s honesto que ha presentado el gobierno de Obama sobre la situaci¨®n en M¨¦xico, provino del predecesor de Wayne --Embajador Carlos Pascual-- quien envi¨® varios cables a Washington advirtiendo sobre la corrupci¨®n, la incompetencia y los abusos de las fuerzas de seguridad. Cuando los memorandos fueron filtrados por Wikileaks, Calder¨®n exigi¨® el retiro del Embajador Pascual. En vez de apoyar al embajador o abordar sus denuncias, Obama acept¨® su renuncia y nombr¨® a Anthony Wayne en su reemplazo.

El Presidente Pe?a Nieto ha expresado su intenci¨®n de abandonar la frustrada ¡°guerra contra el narcotr¨¢fico¡± y enfocarse en cambio en la reducci¨®n de la violencia. Pero no ha dicho c¨®mo lo har¨¢, ni c¨®mo enfrentar¨¢ los abusos cometidos. De hecho, su principal estrategia parece estar encaminada a desviar la atenci¨®n del tema de seguridad y enfocarla en la econom¨ªa. Hasta ahora, el gobierno de Obama se muestra m¨¢s que satisfecho con seguir esta l¨ªnea.

Esto ser¨ªa un error. El Presidente Obama deber¨ªa manifestarse en forma p¨²blica y contundente sobre la necesidad de abordar las pr¨¢cticas abusivas de las fuerzas de seguridad mexicanas, no s¨®lo porque corresponde, sino adem¨¢s porque contribuye a generar confianza p¨²blica en las fuerzas de seguridad, condici¨®n indispensable para enfrentar con eficacia a la delincuencia organizada. Obama deber¨ªa exigir que se cumplan los requisitos de derechos humanos impuestos por el Congreso para la ayuda a M¨¦xico. Y deber¨ªa instar al Presidente Pe?a Nieto a que impulse un plan concreto para juzgar abusos del pasado y evitar su repetici¨®n.

Continuar celebrando pol¨ªticas que han fracasado no contribuir¨¢ en absoluto a que M¨¦xico pueda salir de este espiral de caos y violencia que ya ha cobrado demasiadas vidas.

Jos¨¦ Miguel Vivanco es Director de la Divisi¨®n de las Am¨¦ricas de Human Rights Watch. Este art¨ªculo fue publicado originalmente en ingl¨¦s por The Washington Post.