La ley de Derecho a Voto de Estados Unidos, ante el Tribunal Supremo

Las ¨²ltimas elecciones presidenciales, en las que el presidente Barack Obama result¨® reelegido para un segundo mandato, estuvieron marcadas por diversas leyes estatales que limitaban el acceso a las urnas de millones de ciudadanos. En una trayectoria paralela a la de estas regulaciones -que terminaron en su mayor¨ªa en los tribunales- un condado de Alabama logr¨® que su denuncia contra la Ley de Derecho a Voto, aprobada en 1965, llegase hasta el Tribunal Supremo.

La corte superior de justicia estadounidense recibir¨¢ este mi¨¦rcoles los argumentos a favor y en contra de la Ley de Derecho a Voto. Aprobada en 1965, la ley cuenta con un art¨ªculo especial, la Secci¨®n 5, para garantizar que aquellos Estados que participaron en la segregaci¨®n racial sometan cualquier cambio a su legislaci¨®n electoral a la aprobaci¨®n del Departamento de Justicia.

En total, nueve Estados y condados locales en otros siete deben demostrar que el cambio en su legislaci¨®n no discriminar¨¢ en contra de minor¨ªas raciales. Uno de ellos, el condado Shelby, de Alabama, considera sin embargo que la Secci¨®n 5 debe ser eliminada porque viola su autonom¨ªa en materia de competencias electorales, garantizada por la Constituci¨®n.

El sistema estadounidense permite a cada uno de los Estados imponer diferentes condiciones para la celebraci¨®n de elecciones, desde facilitar el voto anticipado o los documentos necesarios para votar. Esto dio lugar en 2011 a la aprobaci¨®n de nuevas leyes en 19 Estados de todo el pa¨ªs -la mayor¨ªa gobernados por el Partido Republicano- con el objetivo de eliminar el fraude electoral. Sin embargo, diversas organizaciones, as¨ª como el Gobierno de Barack Obama, denunciaron que una de las principales consecuencias de estas regulaciones, conocidas como ¡°leyes de supresi¨®n de voto¡±, ser¨ªa la discriminaci¨®n de millones de votantes de minor¨ªas raciales y sin recursos, violando su derecho a voto.

Un informe reciente del Instituto Brennan de la Universidad de Nueva York concluy¨® que, en el caso de entrar en vigor, las diferentes leyes pod¨ªan alejar de las urnas a cinco millones de votantes. Para evitarlo, el Gobierno de Obama invoc¨® la Secci¨®n 5 en varias demandas que impidieron la aplicaci¨®n de las leyes antes de las elecciones. Este mi¨¦rcoles, el abogado del estado argumentar¨¢ ante los nueve jueces del Tribunal que este art¨ªculo clave sigue siendo imprescindible para impedir las consecuencias discriminatorias de regulaciones como las que protagonizaron las ¨²ltimas elecciones.

¡°Esperamos que el Gobierno relacione la vigencia de la Secci¨®n 5 con las ¡°leyes de supresi¨®n de voto¡±, afirma Kathleen Unger, presidenta de la organizaci¨®n Vote Riders, dedicada a informar a los ciudadanos sobre los documentos que necesitan presentar para votar, as¨ª como los diferentes cambios en la legislaci¨®n de cada Estado. ¡°Las normativas aprobadas en 2011 y 2012 son ejemplos de la discriminaci¨®n que pretende evitar la Secci¨®n 5 tal y como fue dise?ada¡±.

Unger afirma que a trav¨¦s de su organizaci¨®n ha recibido numerosas reclamaciones de diferentes ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho a voto. ¡°Hubo demasiadas personas que ni siquiera intentaron ir a votar por temor a no tener los documentos adecuados¡±, afirma Unger. Otros quedaron enredados en la red de nuevas exigencias y condiciones para votar que fueron aprobadas en Estados Unidos desde 2011.

Obama destac¨® la gravedad de los obst¨¢culos que sufren los ciudadanos tanto por las nuevas exigencias como por la limitaci¨®n de fechas en las que pueden votar por adelantado. En Florida, miles de ciudadanos debieron esperar varias horas despu¨¦s de que se hubieran cerrado muchos colegios para poder presentar su voto. Como ejemplo, el presidente invit¨® a su reciente discurso sobre el estado de la Uni¨®n a una mujer de 102 a?os, nacida en Hait¨ª, y que esper¨® todo un d¨ªa para votar.

La Secci¨®n 5 debe ser renovada adem¨¢s cada 25 a?os con aprobaci¨®n del Congreso y en la ¨²ltima ocasi¨®n, en 2006, se decidi¨® que permanezca vigente hasta 2032. Sin embargo, en 2009, el presidente del Tribunal Supremo, el juez John Roberts argument¨® en otro caso que ¡°el sur ha cambiado¡± y que la ley ¡°impone cargas actuales que deben estar justificadas por necesidades actuales¡±, inspirando sospechas de que la Corte podr¨ªa estar lista para revocar el pol¨¦mico art¨ªculo.

Seg¨²n una investigaci¨®n de Latino Decisions, sin embargo, el 25% de los Estados que deben cumplir con la Secci¨®n 5 exigen una prueba de identificaci¨®n especial para votar y un 50% exige presentar una fotograf¨ªa, en comparaci¨®n con un 11% y un 16%, respectivamente, entre los que no deben someterse a esta ley.