Los condenados a muerte en Arabia Saud¨ª: ¡°Nos ejecutan el martes¡±
Los siete j¨®venes que cometieron delitos cuando eran menores alertan de que las autoridades saud¨ªes no les van a juzgar
"Nos ejecutan pasado ma?ana", repite una y otra vez la voz en ¨¢rabe que suena al otro lado del tel¨¦fono, tratando de asegurarse de que la periodista entiende el mensaje. El interlocutor se identifica como Saeed al Shahrani, uno de los siete condenados a muerte en Arabia Saud¨ª por un robo que cometieron cuando eran menores. Est¨¢ llamando desde la c¨¢rcel. Es un gesto desesperado porque las autoridades les mintieron el pasado martes cuando, ante el eco internacional alcanzado por su caso, se comprometieron ante sus familias a retrasar la ejecuci¨®n un mes para que pudiera repetirse el juicio tal como ped¨ªan varias organizaciones de derechos humanos.
La ejecuci¨®n estaba inicialmente prevista para el pasado martes. Sin embargo, el pr¨ªncipe Miteb, hijo mayor del rey Abdal¨¢ y jefe de la Guardia Nacional, recibi¨® la noche anterior a los familiares y amigos que se hab¨ªan concentrado a las puertas del palacio real en Riad para pedir clemencia. Seg¨²n el relato de uno de ellos, Miteb hab¨ªa dado ¨®rdenes de que se pospusiera la ejecuci¨®n y se hab¨ªa comprometido a que se revisara el juicio. De hecho, se suspendi¨® la cita con el verdugo a las nueve de la ma?ana y todos respiraron aliviados. Ali al Ahmed, un opositor que dirige el Institute for Gulf Affairs, confirm¨® el repentino cambio de parecer de las autoridades. "La Corte Real minti¨® a sus familias cuando les dijo que se libraban de la pena de muerte", se?ala a esta corresponsal. En su opini¨®n, el Gobierno saud¨ª s¨®lo retras¨® el castigo para evitar que coincidiera con la visita del secretario de Estado norteamericano, John Kerry. ¡°He intentado recabar ayuda de los europeos, de la ONU, de EEUU, pero s¨®lo los funcionarios de este pa¨ªs se han interesado, ni siquiera la ONU¡¡±, se lamenta el activista.
Saeed y sus seis compa?eros de infortunio fueron detenidos entre marzo de 2005 y enero de 2006 por una serie de atracos a joyer¨ªas en Abha, la capital de la provincia meridional de Asir, durante los meses previos. Un juez les declar¨® culpables y les conden¨® a muerte en 2009, despu¨¦s de un juicio que, seg¨²n activistas saud¨ªes de los derechos humanos apenas dur¨® tres horas y en el que no tuvieron la asistencia de un abogado. Adem¨¢s, seg¨²n sus datos, los j¨®venes ten¨ªan entre 15 y 19 a?os cuando ocurrieron los hechos, por lo que la mayor¨ªa eran menores de edad, a quienes la legislaci¨®n internacional proh¨ªbe aplicar la pena capital. Amnist¨ªa Internacional y Human Rights Watch se hicieron eco de las irregularidades en el juicio, y solicitaron que se repitiera.
El caso de los Siete de Abha, como se ha terminado por conocer a los j¨®venes reos, caus¨® especial alboroto debido a que el supuesto cabecilla de la banda, Sarhan al Mashayekh, fue tambi¨¦n condenado a la crucifixi¨®n, tal como adelant¨® EL PA?S. Esa pena de reminiscencias b¨ªblicas a¨²n sigue contemplada por el sistema penal saud¨ª en pleno siglo XXI. ¡°Es infrecuente, pero se dicta¡±, declar¨® a este diario el activista de derechos humanos saud¨ª Mohamed al Qahtani, quien explic¨® que no se trataba del m¨¦todo de ejecuci¨®n, sino que despu¨¦s de ¨¦sta se colocaba el cad¨¢ver en una cruz y se dejaba expuesto a modo de escarnio. Como se hac¨ªa en tiempos de los romanos.
Las ejecuciones en Arabia Saud¨ª se realizan por el sistema de la decapitaci¨®n a espada. Sin embargo, una informaci¨®n aparecida hoy en el diario Al Watan asegura que un comit¨¦ ministerial est¨¢ estudiando sustituirlo por un pelot¨®n de fusilamiento. Hace tiempo que los activistas piden que la ejecuci¨®n, que se efect¨²a en p¨²blico en las plazas de las ciudades, se lleve a cabo mediante inyecci¨®n letal en las c¨¢rceles. En total, 17 personas han sido ejecutadas este a?o, seg¨²n Amnist¨ªa Internacional. La pena se aplica a asesinato, atraco a mano armada, violaci¨®n y tr¨¢fico de drogas.
Hoy, Al Qahtani se encuentra en la c¨¢rcel tras haber sido condenado ayer s¨¢bado a diez a?os de c¨¢rcel por ¡°sedici¨®n y dar informaci¨®n inexacta a los medios extranjeros¡±. Junto a ¨¦l tambi¨¦n recibi¨® el mismo castigo Abdullah Hamad. Ambos fundaron la prohibida Asociaci¨®n por los Derechos Civiles y Pol¨ªticos en Arabia Saud¨ª (ACPRA) que documenta los abusos de derechos humanos y que ha hecho un llamamiento para que el pa¨ªs se transforme en una monarqu¨ªa constitucional, con elecciones democr¨¢ticas. El a?o pasado, ACPRA pidi¨® al rey Abdal¨¢ que destituyera al entonces ministro del Interior, el pr¨ªncipe Nayef, a quien responsabilizaban de la mayor¨ªa de los abusos de ese departamento, convertido en un estado dentro del Estado. Nayef muri¨® poco despu¨¦s y ha sido remplazado por su hijo Mohamed Bin Nayef.
El sistema judicial saud¨ª, basado en una estricta interpretaci¨®n de la shar¨ªa (ley isl¨¢mica), es objeto de frecuentes cr¨ªticas internacionales por su falta de codificaci¨®n, la ausencia de garant¨ªas procesales, su arbitrariedad y el recurso a los castigos f¨ªsicos, como la flagelaci¨®n y las amputaciones. Aunque el rey Abdal¨¢ anunci¨® en 2007 una serie de reformas para modernizar la judicatura, que inclu¨ªa la especializaci¨®n de los tribunales y cursillos de capacitaci¨®n para los jueces, el clero ultraconservador que domina buena parte del Ministerio de Justicia ha frenado esos cambios hasta ahora.
Pero el Reino del Desierto no es el ¨²nico pa¨ªs que se salta a la torera la Convenci¨®n Internacional de los Derechos del ni?o que proh¨ªbe aplicar la pena de muerte por delitos cometidos antes de los 18 a?os. Human Rights Watch acaba de publicar un informe bajo el t¨ªtulo Look at Us with a Merciful Eye (M¨ªrennos con ojos misericordiosos) en el que denuncia que al menos 22 j¨®venes en esas circunstancias se encuentran en el corredor de la muerte en Yemen y pide a su presidente que no firme esas sentencias. Otros 16 han sido ejecutados en los pasados cinco a?os, el ¨²ltimo ayer, Mohammed Hazaa, que Catherine Ashton conden¨® en un comunicado. Adem¨¢s, otros dos pa¨ªses, Ir¨¢n y Sud¨¢n, violan con frecuencia esa ley internacional.
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