Cuarta condena contra el exdictador argentino Reynaldo Bignone
El exdictador recibi¨® una sentencia a cadena perpetua por 23 cr¨ªmenes cometidos en el centro clandestino de detenci¨®n Campo de Mayo
El exdictador argentino Reynaldo Bignone (1982-1983) recibi¨® este martes su cuarta condena por delitos de lesa humanidad durante el ¨²ltimo r¨¦gimen militar de su pa¨ªs (1976-1983). En este caso recibi¨® una sentencia a cadena perpetua por 23 cr¨ªmenes cometidos en uno de los dos principales centros clandestinos de detenci¨®n y tortura de la dictadura, el de Campo de Mayo, en el noroeste del Gran Buenos Aires (periferia de la capital argentina). El otro campo de concentraci¨®n importante era el de la Escuela Mec¨¢nica de la Armada (ESMA).
Por el regimiento del Ej¨¦rcito en Campo de Mayo pasaron unos 5.000 secuestrados. All¨ª tambi¨¦n funcion¨® una maternidad clandestina en la que par¨ªan las desaparecidas embarazadas y en la que los militares se robaban los beb¨¦s para entreg¨¢rselos a miembros de la fuerza o familias cercanas al r¨¦gimen. Entre los 23 casos juzgados este martes figuran los de siete embarazadas que all¨ª dieron a luz.
Bignone fue el dictador que encabez¨® la transici¨®n hacia la democracia despu¨¦s de la derrota de Argentina en la Guerra de Malvinas (1982) contra Reino Unido y en medio del descontento popular por la situaci¨®n pol¨ªtica y econ¨®mica del pa¨ªs, pero durante su gobierno orden¨® la eliminaci¨®n de todas las pruebas de la represi¨®n ilegal. Sin embargo, 30 a?os despu¨¦s de entregarle el mando presidencial a Ra¨²l Alfons¨ªn (1983-1989) la justicia argentina ya lo ha condenado cuatro veces por cr¨ªmenes cometidos antes de ponerse al frente del r¨¦gimen. Desde 2010 hasta ahora hab¨ªa sido sentenciado en otras tres causas a prisi¨®n perpetua, 25 a?os de reclusi¨®n (por otros delitos perpetrados en Campo de Mayo) y 15 a?os. Adem¨¢s, este mes acaba de comenzar el juicio oral que durante dos a?os analizar¨¢ su responsabilidad y la de otros militares en el Plan C¨®ndor, el programa de cooperaci¨®n de las dictaduras sudamericanas de los 70 y 80 para secuestrar y eliminar opositores con el apoyo de EE UU.
El tribunal oral federal de San Mart¨ªn, municipio del Gran Buenos Aires, no solo conden¨® este martes a Bignone sino tambi¨¦n a quien hab¨ªa sido su jefe en Campo de Mayo, Santiago Riveros, excomandante de Institutos Militares que tambi¨¦n acumula varias sentencias en su contra. Otros siete exuniformados fueron penados con reclusi¨®n perpetua, 25, 20 y 16 a?os de prisi¨®n, mientras que un exoficial de Inteligencia del Ej¨¦rcito y su esposa deber¨¢n pasar 15 y 12 a?os tras las rejas, respectivamente, por el robo de la entonces beb¨¦ Laura Catalina de Sanctis Ovando.
De Sanctis era hija de dos integrantes de la guerrilla peronista Montoneros que desaparecieron en 1977, Ra¨²l y Myriam. Su madre estaba embarazada entonces de seis meses. Por una carta que recibi¨® su familia se supo que hab¨ªa dado a luz una beb¨¦ a la que llam¨® Laura. La b¨²squeda de la ni?a comenz¨® en 1982. La organizaci¨®n Abuelas de Plaza de Mayo comenz¨® a trabajar el caso a partir de denuncias que daban cuenta de una joven que hab¨ªa sido anotada como hija propia por un militar y pod¨ªa ser hija de desaparecidos. Un juez orden¨® que se tomaran las medidas necesarias para dar con su paradero y que se le extrajeran objetos personales para conocer su identidad. En 2008, la justicia confirm¨® que la llamada Catalina era en realidad Laura y hab¨ªa nacido en el Hospital Militar de Campo de Mayo. La joven incorpor¨® entonces su nombre original y comenz¨® a usar los apellidos de sus verdaderos padres.
En el juicio, De Sanctis se present¨® como querellante contra esos apropiadores que le hab¨ªan ocultado la verdad durante casi tres d¨¦cadas, Carlos Garz¨®n y Mar¨ªa Francisca Morillo. Antes de conocerse el fallo judicial, la joven opin¨® que la sentencia iba a resultarle ¡°reparadora¡± y servir¨ªa para ¡°honrar la memoria¡± de sus padres.
La justicia tras las dictaduras en Sudam¨¦rica, pa¨ªs por pa¨ªs
Argentina
Argentina fue el ¨²ltimo de los siete pa¨ªses sudamericanos del Plan C¨®ndor en el que se instaur¨® un r¨¦gimen militar (1976-1983). Hasta entonces, este pa¨ªs se hab¨ªa convertido en refugio de exiliados de perseguidos pol¨ªticos de Per¨², Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. No obstante, la fiscal¨ªa del nuevo juicio sobre la Operaci¨®n C¨®ndor considera que la cooperaci¨®n de Argentina con las otras dictaduras comenz¨® ya en el Gobierno de Isabel Per¨®n (1974-1976), en el que mandaba m¨¢s que nadie el ministro de Bienestar Social, Jos¨¦ L¨®pez Rega, a quien respond¨ªa la parapolicial Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).
En el proceso que comenz¨® este martes se analizan los casos de 106 desaparecidos, de los cuales 103 eran extranjeros, sobre todo uruguayos, unos 48. La dictadura de Uruguay fue responsable de la desaparici¨®n de 140 personas, pero tambi¨¦n cont¨® con la colaboraci¨®n de la de Argentina en la eliminaci¨®n de opositores. Por ejemplo, en este ¨²ltimo pa¨ªs fueron asesinados los exparlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y H¨¦ctor Guti¨¦rrez Ruiz. Entre los 48 casos ahora analizados figura el de la hija de Michelini, Mar¨ªa Margarita. Varias uruguayas desaparecidas en Argentina sufrieron el robo de los beb¨¦s que parieron en cautiverio.
Tambi¨¦n en Argentina fueron asesinados el general chileno Carlos Prats, que se hab¨ªa mantenido fiel al Gobierno de Salvador Allende (1970-1973), y su esposa. Una bomba los hizo volar por los aires en 1974. El autor material del atentado fue un agente de la CIA, Michael Townley, lo que demuestra la activaci¨®n colaboraci¨®n de EE UU con la Operaci¨®n C¨®ndor en plena Guerra Fr¨ªa contra el comunismo de la Uni¨®n Sovi¨¦tica. El dictador chileno Augusto Pinochet zaf¨® de una condena en su pa¨ªs por los asesinatos de Prats y su mujer, pero otros militares de ese origen fueron sentenciados all¨ª y en Argentina.
Adem¨¢s de homicidios, el Plan C¨®ndor implic¨® la captura y la extradici¨®n ilegales de guerrilleros, militantes de izquierda y otros opositores a los reg¨ªmenes de pa¨ªses vecinos. Los organismos de derechos humanos han denunciado la desaparici¨®n de 30.000 personas en la dictadura argentina, incluidas las v¨ªctimas del C¨®ndor.
Brasil
La dictadura brasile?a (1964-1985) forz¨® la desaparici¨®n de 366 personas, seg¨²n cifras oficiales. Entre ellos figuran tres argentinos cuyos casos ser¨¢n juzgados en el juicio que comenz¨® en Buenos Aires, tres argentinos que estaban organizando en Brasil una contraofensiva contra el r¨¦gimen argentino en 1978: Norberto Habegger, Susana Pinus de Binstock y Horacio Campligia.
En Brasil, a diferencia de la mayor¨ªa de los pa¨ªses sudamericanos, nunca han sido juzgados los responsables del r¨¦gimen ni del C¨®ndor. La abogada Rosa Maria Cardoso de Cunha, que defendi¨® a la presidenta Dilma Rousseff durante la dictadura, prometi¨® en 2012 que investigar¨¢ el destino de los brasile?os que fueron presos y ejecutados por otros reg¨ªmenes de la regi¨®n en el marco del Plan C¨®ndor. "Hemos solicitado documentos producidos por el CIEX (un centro de espionaje que funcion¨® en el Ministerio de Relaciones Exteriores) y otros organismos", dijo Cardoso de Cunha.
Brasil hab¨ªa firmado un acuerdo de informaci¨®n confidencial con las otras dictaduras, seg¨²n cables desclasificados por el Departamento de Estado de EE UU. No obstante, particip¨® de forma activa en la represi¨®n ilegal, tal como lo demuestra el secuestro en 1978 en Porto Alegre de una pareja de militantes de la oposici¨®n pol¨ªtica uruguaya, Universindo Rodr¨ªguez D¨ªaz y Lilian Celiberti, y sus dos hijos, Camilo y Francesca, de ocho y tres a?os. Adem¨¢s, exgobernador del estado de R¨ªo de Janeiro Leonel Brizola ha denunciado que el expresidente brasile?o Jo?o Goulart (1961-1964), que muri¨® en Argentina en 1976, fue asesinado y no falleci¨® por un ataque al coraz¨®n, como contaba la historia oficial de aquel tiempo.
Chile
Chile ha reconocido que la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) mat¨® e hizo desaparecer a 3.065 personas. Entre sus v¨ªctimas figuran aquellos que mand¨® a matar fuera de su territorio, como Prats y su esposa, cr¨ªmenes por los que han sido condenados en Chile el exgeneral Manuel Contreras, el exbrigadier Pedro Espinoza Bravo, el exgeneral Eduardo Iturriaga, el excoronel Christoph Willikie Fl?l, el exagente de la temida Direcci¨®n de Inteligencia Nacional (DINA) Jos¨¦ Zara Holger y el excoronel Juan Morales Salgado. En Argentina fue sentenciado por el mismo asesinato el exagente de la DINA Enrique Arancibia Clavel.
En 1976, el exministerio de Allende Orlando Letelier muri¨® por la explosi¨®n de un coche comba en Washington. El hijo de Letelier, Francisco, ha denunciado que el crimen de su padre form¨® parte del Plan C¨®ndor. El agente de la CIA Michael Townley, acusado por el crimen de los Prats, tambi¨¦n fue se?alado como autor del de Letelier. Townley confes¨® que hab¨ªa contratado a cinco cubanos anticastristas para matar al exministro de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa de Allende.
Paraguay
La dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) encontr¨® en otros reg¨ªmenes vecinos complicidad para perseguir a sus opositores exiliados. Tres a?os despu¨¦s de su ca¨ªda, en 1992, el activista en favor de los derechos humanos Mart¨ªn Almada encontr¨® en oficinas p¨²blicas informes secretos conocidos como los Archivos del Terror, que constituyeron las primeras pruebas concretas de la Operaci¨®n C¨®ndor.
Unas 425 personas fueron desaparecidas en el r¨¦gimen de Stroessner, seg¨²n el informe de la Direcci¨®n General de Verdad, Justicia y Reparaci¨®n. No obstante, organismos de derechos humanos denuncian hasta 2.000 casos.
Uruguay
La dictadura militar de Uruguay (1973-1985) colabor¨® en forma activa con la de Argentina para reprimir a opositores de ambos pa¨ªses. Entre los desaparecidos en tierra uruguaya figuran los argentinos Carolina Barrientos de Carneiro, Graciela Basualdo de Coicochea, Claudio y L¨ªa Epelbaum, Claudio Logares y Alfredo Moyano y la paraguaya Josefina Klein. Uno de los mayores misterios del C¨®ndor radica en por qu¨¦ la nuera del poeta Juan Gelman, la argentina Mar¨ªa Claudia Garc¨ªa Irureta, fue traslada de su pa¨ªs a Uruguay, donde dio a luz y desapareci¨®, aunque hay versiones de que finalmente fue asesinada en Argentina. Garc¨ªa Irureta no hab¨ªa militado pol¨ªticamente en Uruguay, pero en el centro clandestino de detenci¨®n y torturas donde estaba en Buenos Aires hab¨ªa muchos uruguayos y ella fue conducida junto a varios de ellos en un vuelo a Montevideo.
Bolivia
La dictadura boliviana (1964-1982) tambi¨¦n persigui¨® a sus connacionales fuera de su territorio y cooper¨® con otros reg¨ªmenes para perseguir a los llamados subversivos dentro de sus fronteras. El dictador Hugo Banzer fue uno de los m¨¢s sangrientos ejecutores del plan, pero no el ¨²nico. Tambi¨¦n est¨¢n acusados Juan Pereda Asb¨²n y Luis Garc¨ªa Meza. En 1976, el expresidente boliviano Juan Jos¨¦ Torres fue asesinado en Buenos Aires en un operativo de cooperaci¨®n entre Banzer y su par argentino Jorge Videla.
Per¨²
La variopinta dictadura militar de Per¨² (1968-1980), primero de izquierdas y despu¨¦s de derechas, tambi¨¦n particip¨® en su segunda etapa del Plan C¨®ndor. El r¨¦gimen de Francisco Morales Berm¨²dez (1975-1980) se involucr¨® activamente, seg¨²n consta en los cables desclasificados por Wikileaks y en las acusaciones que contra ¨¦l pesaron en la instrucci¨®n del juicio que ha comenzado en Buenos Aires. Un grupo de opositores a su dictadura fue secuestrado en Per¨² y trasladado a Argentina en 1978. El exsenador peruano Genaro Ledesma Izquieta declar¨® que el entonces dictador argentino, Jorge Videla, hab¨ªa aceptado recibirlo a ¨¦l y a otros 12 conciudadanos como "prisioneros de guerra" con la condici¨®n de que la selecci¨®n de f¨²tbol en la que brillaba Te¨®filo Cubillas se dejara golear 6-0 por la de Mario Kempes para permitir el acceso de la albiceleste a la final del Mundial de Argentina 1978.
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