Obama: evite abusos en la estrategia contra el narco en M¨¦xico

Tengo el honor de dirigirme a S.E. con el fin de expresar nuestra preocupaci¨®n por el impacto negativo que han tenido, para la vigencia de los derechos humanos, las pol¨ªticas de seguridad p¨²blica implementadas en los ¨²ltimos a?os en M¨¦xico. Sin duda, la seguridad p¨²blica estar¨¢ entre los principales temas a tratar durante la reuni¨®n que mantendr¨¢ esta semana con el Presidente Enrique Pe?a Nieto. La visita ofrece una oportunidad crucial para evaluar la crisis de seguridad p¨²blica que a¨²n persiste en M¨¦xico, y que se traduce en la presencia de carteles poderosos y violentos, corrupci¨®n end¨¦mica entre las fuerzas policiales y pr¨¢cticamente ning¨²n tipo de rendici¨®n de cuentas por parte de quienes cometen delitos.

La estrategia de seguridad p¨²blica impulsada en los ¨²ltimos a?os por el gobierno de Felipe Calder¨®n ¡ªcon pleno apoyo y cooperaci¨®n de Washington¡ª no s¨®lo no logr¨® abordar adecuadamente estos graves problemas, sino que tampoco puso freno al incremento alarmante de la violencia propiciado en parte por estas causas. M¨¢s de 70.000 personas murieron en hechos violentos vinculados al narcotr¨¢fico durante el sexenio de Calder¨®n, con cifras anuales que fueron de 2.500 en 2007 (el primer a?o de su mandato) hasta un m¨¢ximo de casi 17.000 muertos en 2011. Adem¨¢s, ser¨ªan aproximadamente 26.100 las personas que desaparecieron, seg¨²n un informe publicado recientemente por el gobierno de Pe?a Nieto.

La visita ofrece una oportunidad crucial para evaluar la crisis de seguridad p¨²blica que a¨²n persiste en M¨¦xico, y que se traduce en la presencia de carteles poderosos y violentos, corrupci¨®n end¨¦mica entre las fuerzas policiales y pr¨¢cticamente ning¨²n tipo de rendici¨®n de cuentas por parte de quienes cometen delitos"

Estad¨ªsticas publicadas recientemente por el gobierno mexicano revelan asimismo la ineficacia de los operativos de seguridad p¨²blica en lo que respecta al juzgamiento de miembros de la delincuencia organizada, y confirman las conclusiones de Human Rights Watch de que agentes de las fuerzas de seguridad habr¨ªan efectuado habitualmente detenciones arbitrarias. En efecto, de un total de 620.000 personas detenidas en operativos contra el narcotr¨¢fico durante el gobierno de Calder¨®n, cerca de 500.000 (aproximadamente el 80 por ciento) fueron liberadas por falta de pruebas o bajo fianza, seg¨²n datos de la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR).

En M¨¦xico, quienes son consignados por delincuencia organizada u otros delitos graves no pueden salir bajo fianza, lo cual sugiere que quienes salieron bajo fianza fueron consignados por delitos menores, sin ninguna conexi¨®n con el crimen organizado. La PGR indic¨® que las sospechas de v¨ªnculos con organizaciones delictivas afectan a menos del 1 por ciento de las personas detenidas.

La estrategia ¡ªque el entonces Presidente Calder¨®n denomin¨® ¡°guerra contra el narcotr¨¢fico¡±¡ª adem¨¢s permiti¨® que miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas cometieran violaciones generalizadas de derechos humanos y se practicara la tortura de un modo sistem¨¢tico. Por ejemplo, las quejas presentadas ante la Comisi¨®n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes se incrementaron dr¨¢sticamente cada a?o de la ¡°guerra contra el narcotr¨¢fico¡± de Calder¨®n (de 395 casos en 2007 a 1.662 en 2012) y se registraron en total m¨¢s de 6.500 denuncias durante su mandato.

M¨¢s de 70.000 personas murieron en hechos violentos vinculados al narcotr¨¢fico durante el sexenio de Calder¨®n"

Una de las principales causas del aumento de abusos cr¨®nicos es la impunidad. En el caso de la tortura, por ejemplo, ning¨²n funcionario federal fue condenado por esta pr¨¢ctica en el ¨¢mbito de la justicia federal mientras Calder¨®n estuvo en el poder. A su vez, los abusos cometidos por miembros del Ej¨¦rcito y la Marina recaen en la jurisdicci¨®n del fuero militar que, adem¨¢s de permitir su impunidad, carece de garant¨ªas b¨¢sicas para asegurar independencia e imparcialidad.

Entre los problemas que afectan al sistema de justicia militar, se puede mencionar que el Secretario de la Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas, que los jueces militares no gozan de la garant¨ªa de inamovilidad en el cargo y que el sistema pr¨¢cticamente no tiene ning¨²n grado de transparencia. Si bien durante el gobierno de Calder¨®n los agentes de la Procuradur¨ªa General de Justicia Militar habr¨ªan iniciado aproximadamente 5.000 investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, tan s¨®lo en cuatro de estos casos se dictaron condenas contra militares (y dos de ellas han sido apeladas).

Aunque las evidencias muestran en forma clara un aumento preocupante en el n¨²mero de violaciones de derechos humanos, de las cuales pr¨¢cticamente ninguna fue investigada, durante casi todo su mandato el entonces Presidente Calder¨®n neg¨® en¨¦rgicamente que ocurrieran tales abusos y afirm¨® que casi todas las v¨ªctimas de la violencia asociada al narcotr¨¢fico eran en verdad delincuentes. Si bien durante su ¨²ltimo a?o de gobierno reconoci¨® a rega?adientes que se hab¨ªan cometido abusos, insisti¨® en que se trataba de casos aislados ¡ªa pesar que las evidencias indicaban que ten¨ªan car¨¢cter generalizado¡ªy no implement¨® pol¨ªticas para asegurar que los responsables fueran llevados ante la justicia.

La estrategia ¡ªque el entonces Presidente Calder¨®n denomin¨® ¡°guerra contra el narcotr¨¢fico¡±¡ª adem¨¢s permiti¨® que miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas cometieran violaciones generalizadas de derechos humanos y se practicara la tortura de un modo sistem¨¢tico"

Frente a una de las crisis de derechos humanos m¨¢s graves del hemisferio, y un presidente que en gran parte negaba esta situaci¨®n, su administraci¨®n constantemente elogi¨® sin reservas las pol¨ªticas de Calder¨®n. En varias ocasiones, expres¨® su admiraci¨®n por la ¡°valent¨ªa¡± del entonces Presidente Calder¨®n al enfrentarse a los carteles, sin alertar jam¨¢s en forma p¨²blica sobre la preocupante situaci¨®n de los abusos generalizados cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, ni sobre la peligrosa ret¨®rica utilizada por Calder¨®n al culpar a las v¨ªctimas de esos abusos.

Su gobierno tambi¨¦n opt¨®, consistentemente, por no exigir el cumplimiento de los requisitos de derechos humanos establecidos en la Iniciativa M¨¦rida, un proyecto conjunto de Estados Unidos y M¨¦xico destinado a combatir la delincuencia organizada. Desde 2007, Estados Unidos ha enviado a M¨¦xico fondos por cerca de?$ 2.000 millones de d¨®lares en el marco de la Iniciativa M¨¦rida, gran parte de los cuales se han destinado a capacitar y equipar a las fuerzas de seguridad de M¨¦xico. El 15 por ciento de esta asistencia se encuentra supeditada a que M¨¦xico cumpla anualmente una serie de requisitos b¨¢sicos de derechos humanos, entre los cuales se incluyen prohibir el uso de confesiones obtenidas mediante torturas y asegurar que los militares que cometan abusos sean investigados en la justicia penal ordinaria.

Sin embargo, a pesar de las evidencias existentes ¡ªincluidos casos documentados en los informes del propio Departamento de Estado¡ª de que M¨¦xico ha incumplido estos requisitos, su gobierno ha recomendado reiteradamente al Congreso que dispusiera de todos modos la entrega de los fondos. Para ello, su gobierno ha se?alado que M¨¦xico ha mostrado avances en el cumplimiento de los requisitos, adem¨¢s de un mayor compromiso con el tema, dos conceptos que si bien son positivos, no coinciden con los est¨¢ndares establecidos en la ley, ni con la realidad de M¨¦xico. Tan solo algunos miembros del Congreso de Estados Unidos han cuestionado que se hubieran cumplido verdaderamente los requisitos, y han preguntado acertadamente cu¨¢l ser¨ªa el prop¨®sito de que Estados Unidos establezca requisitos en materia de derechos humanos si el gobierno no tiene previsto exigir su cumplimiento.

Durante casi todo su mandato el entonces Presidente Calder¨®n neg¨® en¨¦rgicamente que ocurrieran tales abusos y afirm¨® que casi todas las v¨ªctimas de la violencia asociada al narcotr¨¢fico eran en verdad delincuentes"

A diferencia de su predecesor, el gobierno de Pe?a Nieto ha demostrado desde un primer momento su voluntad de reconocer algunas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad en el contexto de la ¡°guerra contra el narcotr¨¢fico¡± y, de manera m¨¢s general, la necesidad de modificar la estrategia contra el narcotr¨¢fico. En un art¨ªculo publicado en The Washington Post pocos d¨ªas antes de la reuni¨®n con S.E. en noviembre de 2012, Pe?a Nieto, en ese entonces presidente electo, escribi¨® acerca de su estrategia frente a la delincuencia organizada: ¡°Continuar¨¦ los esfuerzos iniciados por el Presidente Felipe Calder¨®n, pero la estrategia debe cambiar necesariamente¡±.

Posteriormente, el Presidente Pe?a Nieto se?al¨® que el respeto de los derechos humanos debe considerarse un componente esencial ¡ªantes que un obst¨¢culo¡ª para la eficacia de la lucha contra la delincuencia. Pe?a Nieto ha propuesto entre los objetivos de su gobierno ¡°sincronizar el plan de seguridad y justicia con el plan de derechos humanos¡±. No obstante, a¨²n no ha elaborado una nueva estrategia de seguridad p¨²blica ni propuestas concretas para alcanzar estas metas.

Miembros clave del gabinete del Presidente Pe?a Nieto han reconocido p¨²blicamente las falencias de la ¡°guerra contra el narcotr¨¢fico¡± del ex Presidente Calder¨®n y se han manifestado a favor de que ¨¦sta sea revisada. El Secretario de Gobernaci¨®n Dr. Miguel ?ngel Osorio Chong reconoci¨® que si bien el gasto destinado a seguridad p¨²blica se hab¨ªa incrementado en m¨¢s del doble durante el gobierno anterior, los delitos hab¨ªan aumentado significativamente. ¡°La tasa de crecimiento de homicidios¡±, se?al¨®, ¡°nos ubica como una de las mayores del mundo¡±. Asimismo, Osorio Chong admiti¨® que ¡°s¨®lo uno de cada 100 delitos se castiga¡±.

El gobierno de S.E. ha mostrado un fuerte liderazgo al reconocer que tambi¨¦n cabe a Estados Unidos, como principal proveedor de armas il¨ªcitas y el primer destino de las drogas que se trafican a trav¨¦s de M¨¦xico, responsabilidad en la lucha contra la delincuencia organizada en M¨¦xico"

Por su parte, el Procurador General de la Rep¨²blica Dr. Jes¨²s Murillo Karam ha se?alado reiteradamente que la pr¨¢ctica del arraigo ¡ªadoptada por una ley en 2008, que permite detener a personas hasta 80 d¨ªas sin que medie acusaci¨®n por alg¨²n delito¡ª se utiliz¨® en forma excesiva durante el gobierno de Calder¨®n ¡°violentando, con frecuencia, derechos fundamentales¡±. Pese a ello, la figura del arraigo a¨²n est¨¢ en la Constituci¨®n y sigue siendo aplicada.

El gobierno de S.E. ha mostrado un fuerte liderazgo al reconocer que tambi¨¦n cabe a Estados Unidos, como principal proveedor de armas il¨ªcitas y el primer destino de las drogas que se trafican a trav¨¦s de M¨¦xico, responsabilidad en la lucha contra la delincuencia organizada en M¨¦xico. Sin embargo, como S.E. lo ha manifestado en numerosas ocasiones, asumir parte de esa responsabilidad y actuar como socios leales implica tambi¨¦n reconocer cuando las pol¨ªticas no producen resultados favorables y trabajar para mejorarlas. Lamentablemente, si bien el gobierno de Pe?a Nieto ha dado el primer paso al admitir que existe una crisis y que es necesario modificar las estrategias, llama la atenci¨®n que su gobierno no se ha pronunciado al respecto.

Esta visita ofrece una excelente oportunidad para poner fin al silencio de Estados Unidos en esta materia y expresar su preocupaci¨®n por los problemas de derechos humanos de M¨¦xico y su respaldo a una nueva estrategia. Se trata de un momento especialmente oportuno, dado que el gobierno de Pe?a Nieto se ha referido a algunas de las falencias de la ¡°guerra contra el narcotr¨¢fico¡± y ha fijado metas distintas a las de su antecesor, pero a¨²n no ha propuesto un plan concreto que establezca c¨®mo tiene previsto alcanzarlas.

Esta visita ofrece una excelente oportunidad para poner fin al silencio de Estados Unidos en esta materia y expresar su preocupaci¨®n por los problemas de derechos humanos de M¨¦xico"

Es fundamental que S.E. aproveche esta ocasi¨®n para expresar su apoyo a las iniciativas del gobierno mexicano destinadas a juzgar a los responsables de los delitos m¨¢s aberrantes cometidos en los ¨²ltimos seis a?os, incluidas graves violaciones de derechos humanos, ya que esta es la manera m¨¢s efectiva de evitar su repetici¨®n. Y en un sentido m¨¢s amplio, ha llegado el momento de plantear p¨²blicamente ¡ªjunto con el nuevo gobierno mexicano¡ª que el respeto por los derechos humanos es un componente esencial, y no un obst¨¢culo, para mejorar la seguridad p¨²blica. Esto implica expresar claramente que la ¨²nica forma de desarticular a los poderosos carteles que existen en M¨¦xico no es mediante detenciones arbitrarias y torturas, sino con investigaciones exhaustivas que aporten los elementos necesarios para juzgar a redes delictivas extensas, sofisticadas y muy violentas.

A fin de impulsar tales investigaciones de manera efectiva, M¨¦xico debe contar con fuerzas de seguridad profesionales, cuyos miembros entiendan que violar los derechos fundamentales ¨²nicamente consigue: exacerbar el clima de corrupci¨®n y violencia que facilita la proliferaci¨®n de los carteles; frustrar la posibilidad de que se juzgue a responsables de abusos y debilitar a¨²n m¨¢s la confianza p¨²blica que resulta indispensable para el ¨¦xito de cualquier iniciativa de seguridad p¨²blica.

Una revisi¨®n de la estrategia, conforme a los mencionados principios, no s¨®lo reflejar¨¢ los valores comunes que comparten Estados Unidos y M¨¦xico, sino que adem¨¢s contribuir¨¢ al objetivo inmediato de reforzar la seguridad y, al mismo tiempo, poner freno a los abusos, lo cual est¨¢ en el mayor inter¨¦s de ambos pa¨ªses.

Aprovecho la oportunidad para expresar los sentimientos de mi m¨¢s alta consideraci¨®n y estima.