Estado de sitio en una zona minera de Guatemala

La miner¨ªa a cielo abierto, denostada desde su inicio por las miserables regal¨ªas impuestas por el Estado a las compa?¨ªas a quienes se les concede la utilidad (un 1%), y el temor campesino por la destrucci¨®n del h¨¢bitat natural, ha sido una fuente creciente de conflictos en Guatemala. Los m¨¢s recientes ocurrieron el 30 de abril en las provincias de Jalapa y Santa Rosa (en el este del pa¨ªs, en la frontera con El Salvador), donde una turba atac¨® las viviendas de los empleados de la mina San Rafael, de capital canadiense, las saque¨® e incendi¨®, junto a los autom¨®viles de los empleados.

Un contingente polic¨ªaco enviado al lugar fue recibido a balazos, con el saldo de un agente muerto. La turba, compuesta por unas 500 personas que se cubr¨ªan el rostro, cop¨® a los agentes, los despoj¨® de sus armas de reglamento y los mantuvo en calidad de rehenes.

Seg¨²n la versi¨®n oficial, los captores negociaron la liberaci¨®n de sus rehenes directamente con el ministro de Energ¨ªa y Minas, Erick Archila, a cambio del cierre del proyecto minero. No pod¨ªa haber acuerdo y comandos especiales fueron movilizados para liberar a sus compa?eros. En un intercambio de disparos, 10 de los rehenes resultaron con heridas.

El ministro de Gobernaci¨®n (Interior), Mauricio L¨®pez Bonilla, se?al¨® que esas acciones ¡°no son obra de comunitarios, gente sencilla que se opone al proyecto minero, sino de grupos que tienen conocimiento de c¨®mo llevar las cosas a extremos¡±, en alusi¨®n a una presunta connivencia entre algunos dirigentes campesinos y grupos de narcotraficantes, que campan a sus anchas por las regiones fronterizas.

As¨ª las cosas, el 2 de mayo, por medio de un decreto publicado en el Diario Oficial (BOE), el gobierno decret¨® el estado de sitio en los cuatro municipios pr¨®ximos a la explotaci¨®n minera. El presidente, Otto P¨¦rez, puntualiz¨® que la medida obedec¨ªa a ¡°hechos delictivos que van desde asesinatos y destrucci¨®n de bienes del Estado, asociaci¨®n il¨ªcita y robo de armas¡±.

Los antecedentes se remontan a noviembre de 2012, cuando presuntos comunitarios atacaron la entrada de la mina. En esa ocasi¨®n murieron dos agentes privados de vigilancia, robaron varias cajas con explosivos y quemaron tres veh¨ªculos de la empresa.

La presunta connivencia con las mafias del narcotr¨¢fico es negada rotundamente por los vecinos del sector, quienes califican el actuar de las fuerzas del orden como una agresi¨®n a los l¨ªderes comunitarios. ¡°Hay una leg¨ªtima resistencia y vemos c¨®mo el Estado s¨®lo defiende a una empresa que causa zozobra en la regi¨®n¡±, dijo a la prensa Kelvin Jim¨¦nez, integrante del llamado Parlamento Xinca, que aglutina a los pobladores de la regi¨®n.

El Gobierno ha rectificado y en una rueda de prensa ofrecida este lunes, tanto el titular del Interior, Mauricio L¨®pez, como la fiscal general, Claudia Paz y Paz, afirmaron que el estado de excepci¨®n obedece al robo de explosivos en noviembre de 2012 y al despojo de las armas de reglamento a los polic¨ªas tomados como rehenes el pasado 30 de abril. ¡°No es por nexos con el narcotr¨¢fico como se dijo la semana pasada¡±, subray¨® L¨®pez Bonilla.

Al cumplirse una semana de la implantaci¨®n del estado de sitio, que ha movilizado a 3.500 soldados, los resultados son m¨¢s bien pobres: cinco detenidos, mientras 25 permanecen pr¨®fugos. A todo esto, el Congreso (legislativo de una c¨¢mara) sigue sin ratificar el estado de sitio decretado por el Ejecutivo, lo que deja a la medida en un limbo legal.