El Gobierno argentino recurrir¨¢ a la Corte Suprema para salvar la reforma judicial

Se aproxima la hora de la verdad para el Gobierno argentino y su reforma judicial. A lo largo de las dos ¨²ltimas semanas, unos diez jueces de primera instancia hab¨ªan decretado la suspensi¨®n de la reforma hasta que no se dictara una sentencia sobre su constitucionalidad. Y la sentencia lleg¨® el martes a las once de la noche, de la mano de la jueza Mar¨ªa Servini de Cubr¨ªa, quien dictamin¨® su inconstitucionalidad.

La reforma pretende transformar el Consejo de la Magistratura, el ¨®rgano rector de los jueces, aumentar el n¨²mero de miembros de 13 a 19, modificar la mayor¨ªa necesaria para tomar decisiones y, sobre todo, permitir que 12 de esos 19 miembros sean elegidos mediante voto popular, con sus nombres inscritos en las papeletas de los partidos que concurrir¨¢n a las elecciones legislativas del 27 de octubre. Antes de esos comicios se celebrar¨¢n unas elecciones primarias el 11 de agosto. Con lo cual, las organizaciones pol¨ªticas deber¨¢n presentar a sus candidatos el 22 de junio.

Entre los candidatos habr¨¢n de ir los miembros del Consejo de la Magistratura. Pero el Gobierno se ha encontrado con la sentencia de la jueza. Y ahora s¨®lo le queda recurrir a la Corte Suprema. Y eso es lo que har¨¢ esta semana, seg¨²n ha se?alado el ministro de Justicia, Julio Alak a Radio Continental, emisora propiedad del grupo Prisa.

La Corte Suprema, formada por cinco hombres y dos mujeres, se encontrar¨¢ as¨ª ante una de sus decisiones m¨¢s trascendentes. La semana pasada los jueces dictaron una sentencia que le ha dado al Gobierno una bolsa de ox¨ªgeno enorme; levantaron el embargo de 19.000 millones de d¨®lares que pesaba sobre la petrolera estadounidense Chevron. Con esa decisi¨®n, Chevron quedaba con las manos libres para asociarse con YPF en la explotaci¨®n de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta.

Pero en fuentes pr¨®ximas a la Corte se viene afirmando que los jueces dictaminar¨¢n la inconstitucionalidad de la reforma. Con lo cual, el Gobierno recibir¨ªa el mayor rev¨¦s judicial de su historia. Consciente de que eso podr¨ªa ocurrir, Cristina Fern¨¢ndez ha vertido cr¨ªticas directas en las ¨²ltimas semanas sobre el m¨¢ximo tribunal y sobre alguno de sus miembros. ¡°Yo quiero leer los argumentos que digan que no se pueden expresar los 40 millones de argentinos acerca de qui¨¦nes deben ser los funcionarios pol¨ªticos, son funcionarios pol¨ªticos porque el Consejo de la Magistratura es el ¨®rgano pol¨ªtico del Poder Judicial¡±, se?al¨®. Y despu¨¦s, arremeti¨® en Twitter contra el juez Carlos Fayt, a quien cuestion¨® por tener 95 a?os. ¡°Se me olvid¨® el casi centenario miembro de la Corte, que pertenece al hist¨®rico y tambi¨¦n centenario Partido Socialista¡±, escribi¨®. Fayt fue el ¨²nico juez de los siete que hab¨ªa votado en contra de levantar el embargo a Chevron. Tras las cr¨ªticas de la presidente, se limit¨® a declarar en un comunicado: ¡°Los hechos son sagrados, pero el comentario, libre¡±. El resto de los miembros aludidos guard¨® silencio.

Cuatro de los siete miembros de la Corte Suprema fueron designados durante el mandato de N¨¦stor Kirchner (2003-2007), quien se propuso renovar una instituci¨®n muy desprestigiada durante los diez a?os en que gobern¨® el peronista Carlos Menem (1989-1999). Hasta hace pocos meses, la Corte Suprema parec¨ªa intocable. Sin embargo, empez¨® a ser objeto de las cr¨ªticas de la presidenta cuando extendi¨® la medida cautelar que protege al Grupo Clar¨ªn frente la Ley de Medios que decret¨® el Gobierno hace m¨¢s de tres a?os.

Ahora, la patata caliente de la reforma judicial pasar¨¢ al tejado de la Corte Suprema.