Derechos y deberes ind¨ªgenas

El linchamiento en Bolivia de supuestos delincuentes por turbas que invocaron las prerrogativas otorgadas a la justicia ind¨ªgena por la administraci¨®n de Evo Morales, en detrimento de la justicia ordinaria, remite a uno de los dilemas todav¨ªa no resueltos en Am¨¦rica Latina: el respeto de los usos y costumbres de las etnias o su sometimiento a las leyes promulgadas por las democracias parlamentarias.

Entre las comunidades ind¨ªgena de Bolivia, Guatemala, M¨¦xico o Ecuador ajenas a la igualdad de g¨¦nero, se observa una violencia m¨¢s profunda y enquistada que el linchamiento: la coerci¨®n ejercida por el machismo ind¨ªgena contra la mujer, reducida frecuentemente a la condici¨®n de ciudadana de segunda. ¡°Da verg¨¹enza que las mujeres embarazadas estudien, pues s¨®lo sirven para la cocina y para trabajar en el campo¡±, se despach¨® en su d¨ªa Domingo G¨®mez, presidente del patronato de agua potable de San Juan Chamula, en Chiapas (M¨¦xico). Al amparo de la tradici¨®n, el l¨ªder de la etnia chamula se opuso a que 67 mujeres ind¨ªgenas recibieran el diploma oficial de estudios secundarios. Y lo logr¨®.

El presidente Morales, el subcomandante Marcos y los intelectuales afectos a la prevalencia de los c¨®digos tradicionales citan los abusos y atrocidades cometidos por las oligarqu¨ªas blancas y mestizas contra los pueblos amerindios para justificar la conveniencia de una discriminaci¨®n positiva en los textos constitucionales. Nada que objetar a la vindicaci¨®n, pues los pueblos ind¨ªgenas han sufrido y sufren marginaci¨®n y pobreza, pero la realidad demuestra que la devoluci¨®n de los derechos hist¨®ricos arrebatados es una cosa, y la integraci¨®n y convivencia de comportamientos caciquiles y retr¨®grados con leyes concebidas para el siglo XXI, y para todos, es otra mucho m¨¢s dif¨ªcil.

Frecuentemente, los usos y costumbres reglamentan elecciones locales y comportamientos refractarios a los reglamentos promulgados por las leyes generales. En ese sentido, las reclamaciones ind¨ªgenas de autodeterminaci¨®n son tan respetables como denunciables los prop¨®sitos de quienes las exigen para seguir en un machismo ancestral, en la ignorancia y en la defensa a ultranza de privilegios y prebendas. Un ecuatoriano que viol¨® a una menor y fue condenado a 16 a?os de c¨¢rcel se declar¨® ind¨ªgena para burlar los rigores de la ley ordinaria, que acept¨® su traslado a la jurisdicci¨®n ind¨ªgena, pese a la oposici¨®n del fiscal. Fue condenado a una fuerte indemnizaci¨®n, trabajo comunitario durante seis a?os, ba?o de purificaci¨®n, y seis latigazos.

Pol¨ªticos, abogados, antrop¨®logos, psic¨®logos y soci¨®logos trabajan en los pa¨ªses latinoamericanos de poblaci¨®n ind¨ªgena numerosa para tratar de armonizar sus ordenamientos jur¨ªdicos con los ordinarios, sin haberlo conseguido todav¨ªa pues a diario se publican noticias sobre abusos, carencias e incompatibilidades. La nueva ley promovida por el gobierno de Evo Morales establece el mismo rango para la justicia ordinaria y la ind¨ªgena, cuyos fallos son inapelables ante instancia superiores. Peligrosamente ambigua, y necesitada de recorrido, no garantiza ni la paz, ni la equidad, ni tampoco precisa los delitos competencia de una u otra jurisdicci¨®n. Puede ocurrir que una autoridad ind¨ªgena se declare competente para juzgar asuntos que afecten a la seguridad del estado.

A la espera de la dif¨ªcil convivencia de c¨®digos tan divergentes, los gobiernos de Am¨¦rica Latina afrontan el reto de evitar que la protecci¨®n de los usos y costumbres de las nacionalidades originarias no causen agravios comparativos, ni supongan la desprotecci¨®n y el atraso de los ind¨ªgenas, mayoritariamente mujeres, que los perciben sofocantes, opuestos a sus aspiraciones de libertad y progreso.