EE UU invalida las restricciones a los estados segregacionistas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechaz¨® este martes una de las secciones m¨¢s importantes de la Ley de Derecho a Voto, que no podr¨¢ volver a ser aplicada antes de que la renueve el Congreso. La ley, aprobada en 1965, y considerada como uno de los grandes logros en la lucha por los derechos civiles, hab¨ªa sido puesta en duda por el Estado de Alabama, que recurri¨® ante la corte la vigencia de la normativa.

¡°Estoy profundamente decepcionado con la decisi¨®n del Tribunal¡±, afirm¨® el presidente Obama en un comunicado. "La ley ha permitido garantizar el derecho a voto de millones de estadounidenses durante las ¨²ltimas cinco d¨¦cadas. La decisi¨®n que hoy invalida uno de sus principales art¨ªculos acaba con d¨¦cadas de pr¨¢cticas consolidadas para impedir que el voto es justo, sobre todo all¨ª donde ha prevalecido la discriminaci¨®n a lo largo de la historia¡±.

El Fiscal General, Eric Holder, asegur¨® que la sentencia es "un golpe a la piedra angular de los derechos civiles" de Estados Unidos. "No dudaremos en aplicar todas las leyes y todos nuestros recursos legales contra aquellas jurisdicciones que quieran aprovechar esta sentencia para poner en peligro el derecho a voto de los ciudadanos".

La ley de Derecho a Voto de 1965 establece que aquellos Estados y condados que participaron en la segregaci¨®n racial o donde se hayan producido casos de discriminaci¨®n contra votantes en unas elecciones, deben someter cualquier cambio a sus normativas electorales a la aprobaci¨®n del Gobierno federal. La demanda del Condado Shelby de Alabama oblig¨® a la Corte a determinar si los criterios que determinan qu¨¦ Estados deben ser vigilados se ajustan a las amenazas de discriminaci¨®n actuales.

La Corte ignora que el pasado es un pr¨®logo y aquellos que no pueden recordar el pasado est¨¢n condenados a repetirlo¡± Ruth Ginsburg, juez del Tribunal Supremo

¡°Nuestro pa¨ªs ha cambiado y mientras que cualquier tipo de discriminaci¨®n en unas elecciones siempre ser¨¢ excesiva, el Congreso debe garantizar que las leyes que aprueba suponen un remedio para los problemas actuales¡±, dice la sentencia, redactada por el presidente del Supremo, John Roberts. La Corte ha dado la raz¨®n a Alabama, con cinco votos a favor y cuatro en contra, por lo que el apartado esencial de la ley no podr¨¢ ser aplicado hasta que la renueve el poder legislativo.

La ley ha cobrado especial relevancia en los ¨²ltimos dos a?os, cuando la Administraci¨®n Obama bloque¨® varias leyes electorales impulsadas por gobernadores republicanos al estimar que discriminaban contra las minor¨ªas. Estas normas, conocidas como ¡®leyes de supresi¨®n de voto¡¯, fueron protagonistas de las ¨²ltimas elecciones presidenciales, en 2012. El Gobierno bloque¨® modificaciones en Texas, Florida y Carolina del Sur gracias a esta ley.

En su sentencia, el Tribunal ordena que la Secci¨®n 4 de la legislaci¨®n, la que determina qu¨¦ Estados deben solicitar permiso al Departamento de Justicia para modificar sus leyes electorales, sea renovada por el Congreso. La decisi¨®n no supone la anulaci¨®n completa de la Ley de Derecho a Voto, pero otro de sus art¨ªculos, la Secci¨®n 5, el coraz¨®n de la normativa que permite al Gobierno impedir la entrada en vigor de leyes discriminatorias, no podr¨¢ funcionar hasta que el Congreso acuerde los nuevos criterios.

El Congreso debe garantizar que las leyes que aprueba suponen un remedio para los problemas actuales¡± Juez John Roberts, presidente del Tribunal Supremo

La f¨®rmula para elegir a los Estados considera desde su participaci¨®n en la segregaci¨®n racial hasta factores como la diferencia entre porcentajes de participaci¨®n electoral entre blancos y minor¨ªas raciales. El Congreso ha renovado esta f¨®rmula y la totalidad de la legislaci¨®n en cuatro ocasiones desde su entrada en vigor, y siempre por un plazo de 25 a?os. La ¨²ltima vez fue en 2006, durante la presidencia de George W. Bush.

¡°La Corte ignora que el pasado es un pr¨®logo y aquellos que no pueden recordar el pasado est¨¢n condenados a repetirlo¡±, escribe la juez Ruth Ginsburg en la opini¨®n de los cuatro magistrados progresistas que votaron a favor de mantener la ley en vigor. ¡°Seg¨²n la opini¨®n del Tribunal, precisamente el ¨¦xito de esta secci¨®n de la Ley de Derecho a Voto exige que sea anulada¡±.

Durante la presentaci¨®n de los argumentos ante la Corte esta primavera, los jueces se mostraron divididos entre aquellos que defendieron que todav¨ªa existen casos en los que leyes y normativas estatales han dificultado el derecho a voto de las minor¨ªas; y los que, como Alabama, aseguran que no se pueden aplicar los mismos criterios en 2013 que en 1965.

El juez Roberts explica en la sentencia que la decisi¨®n de la mayor¨ªa no afecta ¡°de ninguna manera¡± a las secciones de la normativa que luchan contra la discriminaci¨®n racial en convocatorias electorales. ¡°S¨®lo nos limitamos a la f¨®rmula que establece qu¨¦ Estados deben ser vigilados. El Congreso deber¨¢ dise?ar nuevos criterios en base a las condiciones actuales¡±.

El Comit¨¦ Nacional del Partido Dem¨®crata rechaz¨® en un comunicado la sentencia del Supremo, asegurando que ¡°m¨¢s que una decepci¨®n, es una injusticia¡±. Los dem¨®cratas rechazan que los casos de discriminaci¨®n hayan desaparecido: ¡°Durante los ¨²ltimos a?os los republicanos han aumentado sus esfuerzos para limitar el acceso a las urnas. Han aprobado leyes de restricci¨®n de voto y han limitado los horarios de los colegios electorales. La lista contin¨²a. Estas amenazas son reales¡±.

Ahora, dem¨®cratas y republicanos deber¨¢n acordar los requisitos que determinan si un Estado est¨¢ discriminando o no en contra de grupos de electores, y por tanto pertenece a una categor¨ªa especial que debe ser vigilada por las autoridades federales. La divisi¨®n en el Capitolio y la cercan¨ªa de unas elecciones legislativas en el oto?o de 2014, auguran un camino dif¨ªcil para cualquier pacto al respecto.