Un ¨®rgano de la OEA denuncia la ley de Comunicaci¨®n de Ecuador

La Relator¨ªa Especial para la Libertad de Expresi¨®n de la Convenci¨®n Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha alertado de las restricciones que para la libertad de expresi¨®n y de prensa se derivar¨¢n si entra en vigor la Ley de Comunicaci¨®n aprobada por Ecuador el pasado 14 de junio. Su responsable, Catalina Botero, insta en una carta remitida al ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, Ricardo Pati?o, que adecue la disposici¨®n a los est¨¢ndares internacionales en materia de libertad de expresi¨®n.

¡°La ley consagra algunos principios importantes para el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresi¨®n¡±, se?ala el documento remitido por la relator¨ªa. ¡°No obstante, al regular dichos principios, la ley establece gravosas restricciones que hacen que resulten pr¨¢cticamente ineficaces¡±.

La relator¨ªa manifiesta su preocupaci¨®n por el excesivo control sobre los medios que la norma atribuye a la Superintendencia de Informaci¨®n y Comunicaci¨®n y por la existencia de un r¨¦gimen sancionador con obligaciones ¡°ambiguas¡±, ¡°exorbitantes¡± y ¡°desproporcionadas¡±

A lo largo de los 12 folios de los que consta la carta, la relator¨ªa manifiesta su preocupaci¨®n por el excesivo control sobre los medios que la norma atribuye al organismo denominado Superintendencia de Informaci¨®n y Comunicaci¨®n y por la existencia de un r¨¦gimen sancionador con obligaciones ¡°ambiguas¡±, ¡°exorbitantes¡± y ¡°desproporcionadas¡±, que podr¨ªa amenazar la existencia de medios de comunicaci¨®n peque?os o m¨¢s d¨¦biles y ¡°crear un efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democr¨¢tica¡±.

Sobre ese efecto intimidatorio se insiste en varias ocasiones en el documento cuando se alerta sobre la nueva figura jur¨ªdica del ¡°linchamiento medi¨¢tico¡±, cuya aplicaci¨®n podr¨ªa derivar en una mordaza para la libertad de informaci¨®n. ¡°Cualquier denuncia sostenida de corrupci¨®n que pueda conducir a la reducci¨®n de la credibilidad p¨²blica de un funcionario p¨²blico podr¨ªa ser calificada por el organismo administrativo competente como ¡°linchamiento medi¨¢tico¡± y ser objeto de las correspondientes sanciones¡±, se?ala Botero en la carta. En esa misma l¨ªnea, se denuncian los est¨ªmulos a la autocensura que se esconden en la norma. ¡°La ley proh¨ªbe expresamente la autocensura, pero establece incentivos muy fuertes para que los periodistas, editores y propietarios de los medios adopten autorrestricciones desproporcionadas como medida de protecci¨®n frente a la posibilidad incierta de ser objeto de las sanciones que la ley establece¡±.

Se alerta sobre la nueva figura jur¨ªdica del ¡°linchamiento medi¨¢tico¡±, cuya aplicaci¨®n podr¨ªa derivar en una mordaza para la libertad de informaci¨®n

Uno de los puntos sobre los que la carta llama la atenci¨®n al Gobierno dirigido por Rafael Correa es el relativo a la extensi¨®n del deber de reserva respecto de la informaci¨®n p¨²blica clasificada, tanto a terceros no vinculados al Estado como a los medios de comunicaci¨®n, que se incluye en la norma. Una circunstancia que, en Ecuador, convertir¨ªa en responsable legal a Julian Assange, a quien ese pa¨ªs ha concedido asilo y mantiene alojado en su Embajada de Londres, y, por supuesto, a Edward Snowden, quien tambi¨¦n ha solicitado refugio a Ecuador, ya que trabajaba bajo una subcontrata para el Gobierno estadounidense cuando sustrajo los programas de espionaje de la Administraci¨®n que luego filtr¨®. ¡°Bajo ninguna circunstancia los periodistas, integrantes de medios de comunicaci¨®n o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan informaci¨®n reservada por considerarla de inter¨¦s p¨²blico, deben ser sometidos a sanciones por por violaci¨®n del deber de reserva¡±, denuncia Botero.?

En los ¨²ltimos a?os, el Gobierno de Ecuador ha sido especialmente beligerante con la Relator¨ªa sobre Libertad de Expresi¨®n de la CIDH, que se ha mostrado muy cr¨ªtica con la situaci¨®n de la libertad de expresi¨®n en ese pa¨ªs. Pati?o y Correa han acusado a esta relator¨ªa de contar con demasiados privilegios en relaci¨®n a otras -por su car¨¢cter de especial se financia con recursos externos- y durante los debates para la reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos presionaron, junto con el resto de pa¨ªses del ALBA, para eliminar la posibilidad de financiaci¨®n externa de las relator¨ªas, una decisi¨®n que otros Estados, adem¨¢s de organizaciones de derechos civiles, consideraron como un intento de debilitar a esa relator¨ªa, aboc¨¢ndola a su desintegraci¨®n al acabar con su fuente ingresos. Finalmente, la OEA acord¨® mantener la posibilidad de v¨ªas exteriores de financiaci¨®n.