La mordaza se estrecha en el Golfo

¡°Hoy me ha llamado la polic¨ªa para pedirme que me presente, pero no voy a hacerlo¡±, conf¨ªa el oman¨ª D.D. en un email a un colega defensor de los derechos humanos, quien a partir de ahora estar¨¢ atento por si le detienen. Su delito, trabajar para que en su pa¨ªs se respeten las libertades de expresi¨®n y de asociaci¨®n. Como ¨¦l, decenas de activistas est¨¢n siendo perseguidos en las monarqu¨ªas de la pen¨ªnsula Ar¨¢biga. Las organizaciones que les apoyan denuncian una ofensiva para acallar las voces cr¨ªticas que, a falta de otros espacios para el debate, se dan cita en Internet y las redes sociales.

¡°Imag¨ªnese cu¨¢l es la situaci¨®n cuando ni siquiera podemos establecer una oficina en nuestros pa¨ªses¡±, resume Khalid Ibrahim, co director del Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR), desde Irlanda donde est¨¢ registrado el grupo en busca de la protecci¨®n europea. ¡°A un criminal le tratan mejor que a un activista¡±, lamenta.

Arabia Saud¨ª, Kuwait, Om¨¢n, Bahr¨¦in, Emiratos ?rabes Unidos (EAU) y Qatar han abrazado el desarrollo tecnol¨®gico y una p¨¢tina de modernidad, pero cuando se trata de los derechos y libertades pol¨ªticos de sus habitantes, los dirigentes rechazan cualquier sugerencia de reformas que ponga en peligro su poder absoluto. Por eso les preocupa el creciente n¨²mero de abogados, profesores, periodistas y otros ciudadanos influyentes que est¨¢n utilizando las redes sociales para revelar violaciones y abusos. Internet se ha convertido en una nueva plaza p¨²blica, en especial desde la primavera ¨¢rabe.

¡°En los dos ¨²ltimos a?os se ha duplicado el n¨²mero de usuarios de Facebook y Twitter en la regi¨®n y se han formado un gran n¨²mero de grupos para defender los derechos humanos. Raro es el d¨ªa en que no aparece un nuevo hashtag alertando de alguna injusticia, lo que indica que se est¨¢ elevando el nivel de concienciaci¨®n¡±, celebra Ibrahim.

Arabia Saud¨ª, Kuwait, Om¨¢n, Bahr¨¦in, Emiratos ?rabes Unidos (EAU) y Qatar han abrazado el desarrollo tecnol¨®gico y una p¨¢tina de modernidad, pero cuando se trata de los derechos y libertades pol¨ªticos de sus habitantes, los dirigentes rechazan cualquier sugerencia de reformas

Las autoridades no han tardado en actuar para silenciar las potenciales fuentes de cr¨ªtica, y no s¨®lo a los disidentes pol¨ªticos. Draconianas leyes contra el cibercrimen les permiten detener a defensores de derechos, blogueros e incluso a simples ciudadanos que expresan su descontento en las redes sociales. En uno de los casos m¨¢s prominentes, el pasado junio, Arabia Saud¨ª conden¨® a entre 5 y 10 a?os de prisi¨®n a siete j¨®venes que en 2011 convocaron protestas contra el Gobierno a trav¨¦s de Facebook. Encarcelados desde su detenci¨®n en septiembre de aquel a?o, fueron juzgados en un tribunal especial para terrorismo.

El primer informe de GCHR, publicado hace tres meses, denuncia el ¡°deterioro de la situaci¨®n¡± durante 2012. ¡°Se ha incrementado la violaci¨®n de los derechos a la libre asociaci¨®n y expresi¨®n, y en particular, el acoso a quienes trabajan en su defensa¡±, asegura el texto.

¡°La represi¨®n siempre ha existido, pero tras la primavera ¨¢rabe han aumentado los incidentes, en parte por el aumento de actividad en la sociedad y en parte porque los Gobiernos est¨¢n m¨¢s preocupados¡±, constata Sadek al Ramadan, secretario general de Adala. Ese centro, como otros que han tratado de establecerse en Arabia Saud¨ª, no ha conseguido el permiso de las autoridades, pero sus responsables han recurrido la decisi¨®n.

En teor¨ªa, no hay ninguna ley que proh¨ªba a los ciudadanos de esas ricas naciones decir lo que piensan. Sin embargo, en la pr¨¢ctica, los activistas se arriesgan a ser acusados de ¡°manchar la reputaci¨®n del Estado¡± si expresan sus cr¨ªticas en p¨²blico en vez de acudir a los dirigentes, como requiere la tradici¨®n tribal.

¡°Las familias gobernantes se sienten inc¨®modas; temen el contagio de las revueltas que se han producido en los pa¨ªses vecinos y quieren cortar de ra¨ªz¡±, interpreta Joe Stork, vicedirector para Oriente Pr¨®ximo de Human Rights Watch (HRW).

En su opini¨®n, ¡°hay una ofensiva por parte de los gobiernos que es m¨¢s notable en Arabia Saud¨ª y Emiratos ?rabes Unidos¡±, pero que tambi¨¦n se da en el resto. ¡°En Bahr¨¦in, Om¨¢n e incluso Kuwait ha habido grandes manifestaciones que pueden explicar la reacci¨®n, pero en EAU no se ha producido nada semejante y en Arabia Saud¨ª las protestas se han circunscrito a la Provincia Oriental, sin embargo han detenido a activistas en Yeddah, Riad y otras ciudades¡±.

Aunque cada una de esas monarqu¨ªas ribere?as del golfo P¨¦rsico tiene sus particularidades, Stork ve un elemento com¨²n en ¡°la ausencia de tolerancia a la cr¨ªtica de las familias reales¡±.

En Bahr¨¦in, el veterano activista Nabil Rajab cumple dos a?os de c¨¢rcel por un tuit en el que ped¨ªa la dimisi¨®n del primer ministro, un t¨ªo del rey, que lleva en el poder 41 a?os. En Kuwait, Sara al Driss ha sido condenada a 20 meses por ¡°minar el prestigio del emir y ultrajar a la familia real¡± en su cuenta de Twitter. En Arabia Saud¨ª, los siete condenados por sus mensajes de Facebook tambi¨¦n fueron acusados de ¡°deslealtad al rey¡±. En Qatar, hay un poeta encarcelado por criticar al emir. Las leyes de Om¨¢n proh¨ªben cualquier reproche al sult¨¢n, quien en un gesto de magnanimidad esta semana [el lunes 22] ha perdonado a quienes participaron en las revueltas de 2011.

Al Ramad¨¢n sospecha que las autoridades de los seis pa¨ªses, agrupados en el Consejo de Cooperaci¨®n del Golfo, tratan de coordinar sus pol¨ªticas al respecto. Un ejemplo es la politizaci¨®n del poder judicial.

¡°Los Gobiernos lo est¨¢n utilizando para crear acusaciones falsas¡±, asegura Ibrahim. Pone como ejemplo la condena a los miembros de la Asociaci¨®n por los Derechos Civiles y Pol¨ªticos en Arabia (ACPRA) por pertenencia a una asociaci¨®n ilegal, ¡°cuando las propias autoridades hab¨ªan rechazado su registro¡±. O el caso de los 94 de EAU que, afirma, ¡°no han violado la ley del pa¨ªs; su delito es haber firmado una petici¨®n para que la Shura [Consejo Consultivo] se elija por sufragio¡±.

Adem¨¢s, liderados por Arabia Saud¨ª, buscan armonizar sus leyes contra el cibercrimen, que los defensores de derechos consideran meras tapaderas para trasladar a internet las limitaciones a la libertad de expresi¨®n que aplican a los medios de comunicaci¨®n convencionales.

Y cuando los medios legales no bastan para intimidar a los activistas, no dudan en presionarles por otras v¨ªas. Imam al Qahtani, una conocida periodista saud¨ª que informaba v¨ªa Twitter de los juicios a los fundadores de la ACPRA, dej¨® de utilizar su cuenta el pasado 10 de abril porque los servicios secretos le amenazaron con hac¨¦rselo pagar a su madre. La semana pasada descubri¨® en el aeropuerto que tiene prohibido salir del reino. ¡°Estamos trabajando en un ambiente muy hostil¡±, concluye Ibrahim, que lamenta la falta de apoyo de los gobiernos occidentales. Fin