La lucha de los mapuches gana peso

¡°Chile no est¨¢ enfrentando ninguna amenaza terrorista¡±, asegur¨® Ben Emmerson, relator especial para la ONU de derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. En el marco de las reivindicaciones de tierras y las protestas para lograr mayor autonom¨ªa por parte de grupos mapuches ¡ªla mayor etnia chilena¡ª en el sur del pa¨ªs, el funcionario de la ONU exhort¨® al Gobierno y al poder judicial a dejar de aplicar la Ley Antiterrorista y, en cambio, pidi¨® que se utilizaran las leyes comunes en la decena de casos hoy en curso contra 85 ind¨ªgenas. Tras una visita oficial que comenz¨® el 17 de julio, Emmerson dio a conocer las observaciones preliminares de su trabajo en una rueda de prensa que realiz¨® en la sede de la Comisi¨®n Econ¨®mica para Am¨¦rica Latina y el Caribe (Cepal) en Santiago de Chile, donde dijo que ley se ha aplicado de modo discriminatorio y confuso, ¡°lo que ha resultado en verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo y se ha percibido como estigmatizante¡±.

A juicio de Emmerson, quien cree que seguir por el mismo camino podr¨ªa causar ¡°una violencia generalizada¡± en el sur de Chile, ¡°la legislaci¨®n se ha convertido en parte del problema y no parte de la soluci¨®n. Se ha aplicado de forma desproporcionada contra los defendidos mapuches y se ha implementado sin una pol¨ªtica coherente y objetiva¡±.

Dictada en 1984 durante la dictadura de Pinochet para enfrentar a grupos de resistencia, la Ley Antiterrorista castiga con penas mucho m¨¢s severas respecto a la legislaci¨®n ordinaria casos de homicidios, secuestros, incendios y detonaciones de artefactos explosivos. En la pr¨¢ctica, entre otras desventajas procesales, la norma implica la utilizaci¨®n de testigos sin rostro en los juicios y, previo a estos, permite periodos m¨¢s extensos de prisi¨®n preventiva.

Despu¨¦s del retorno a la democracia en 1990, la ley se ha aplicado sobre todo en casos contra activistas mapuches, quienes ¡ªentre otras demandas, como protecci¨®n de sus lugares sagrados y derechos de aguas¡ª reclaman la restituci¨®n de los territorios despojados por la fuerza por el Estado chileno. Seg¨²n el peri¨®dico La Tercera, los incidentes ¡ªenfrentamientos con la polic¨ªa, ataques incendiarios a camiones y casas y cortes de caminos¡ª aumentaron un 76% entre 2009 y 2012 en la regi¨®n de La Araucan¨ªa, ubicada a 700 kil¨®metros al sur de la capital. En la zona viven 500.000 mapuches, mientras que en todo Chile son 1.500.000, poco m¨¢s del 10% de la poblaci¨®n total del pa¨ªs.

En 2009, durante el Gobierno de Michelle Bachelet ¡ªla m¨¢s probable ganadora de las elecciones presidenciales de noviembre pr¨®ximo¡ª, que tambi¨¦n recurri¨® a la normativa en casos de violencia en La Araucan¨ªa, el Comit¨¦ para la Eliminaci¨®n de la Discriminaci¨®n Racial de la ONU ya hab¨ªa instado al Estado chileno a no aplicar la pol¨¦mica ley contra mapuches.

Tras su visita de 14 d¨ªas a Chile, Ben Emmerson pidi¨® adem¨¢s un reconocimiento constitucional para el pueblo ind¨ªgena dentro del Estado chileno y, ¡°en un plazo definido y relativamente breve¡±, llam¨® a crear una ¡°estrategia nacional¡± para afrontar el conflicto a largo plazo.?

Adem¨¢s, el relator de la ONU pidi¨® terminar con el uso de la fuerza excesiva por parte de la polic¨ªa en los allanamientos a las comunidades e hizo hincapi¨¦ en la impunidad de la violencia contra los ind¨ªgenas, destacando el caso de Mat¨ªas Catrileo, un activista mapuche muerto en 2008 a causa del disparo de un carabinero. El agente no fue dado de baja de inmediato de la instituci¨®n luego de ser identificado.

Lorena Fr¨ªes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo aut¨®nomo del Estado chileno, coment¨® a este diario que se encontraba satisfecha con los planteamientos de Emmerson, pues apuntan a solucionar los problemas urgentes en la zona y tambi¨¦n, a largo plazo, insta al futuro Gobierno ¡ªque tomar¨¢ posesi¨®n en marzo del a?o pr¨®ximo¡ª a ofrecer una soluci¨®n integral al conflicto. ¡°Coincidimos en que, sin defender la impunidad, creemos que judicializar el problema no es la forma de resolver el conflicto entre el Estado y las comunidades mapuches¡±, dijo Fr¨ªes.