Los desplazados de Colombia sufren la violencia de nuevo al volver a sus casas

No son pocos los colombianos desplazados por el conflicto armado que han intentado recuperar las tierras de las que fueron despojados y mucho m¨¢s desde que se puso en marcha la ambiciosa Ley de V¨ªctimas y Restituci¨®n de Tierras, una de las banderas del presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, el tal¨®n de Aquiles de este proceso que ya lleva dos a?os han sido las amenazas y en muchos casos, asesinatos, a los reclamantes, a lo que se suma, que estos casos siguen en la impunidad.

As¨ª se desprende del informe El riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restituci¨®n de sus tierras en Colombia, divulgado hoy por Human Rights Watch y que documenta numerosos asesinatos, amenazas de muerte y nuevos casos de desplazamiento forzado que sufren quienes le han apostado a la restituci¨®n, no solo desde que empez¨® aplicarse la Ley de V¨ªctimas, sino con otras pol¨ªticas vigentes en materia de tierras.

¡°Es probable que el legado en derechos humanos del gobierno del presidente Santos se vaya a medir en funci¨®n del ¨¦xito o no de la aplicaci¨®n de esta norma (la Ley de V¨ªctimas), pero para que tenga ¨¦xito se requiere abordar una serie de obst¨¢culos serios, muchos vinculados a problemas de seguridad¡±, dijo a EL PA?S, Jos¨¦ Miguel Vivanco, director para las Am¨¦ricas de Human Rights Watch.

Colombia es el pa¨ªs con m¨¢s desplazados internos del mundo, con m¨¢s 4,8 millones de v¨ªctimas, y a esta cifra se suma que la tierra abandonada podr¨ªa alcanzar las seis millones de hect¨¢reas, el equivalente a los territorios de Massachusetts y Maryland, seg¨²n HRW.

La ONG de derechos humanos document¨® 17 casos de reclamantes de tierra asesinados desde 2008 donde murieron 21 personas, pero tambi¨¦n rese?a otros informes como uno de la Fiscal¨ªa que investiga 49 casos en los que murieron 56 personas desde 2000, y otro de la Defensor¨ªa del Pueblo, que ha dicho que al menos 71 asesinatos de l¨ªderes de restituci¨®n de tierras ocurrieron entre 2006 y 2011. HRW tambi¨¦n document¨® m¨¢s de 80 casos de reclamantes de tierras que han recibido graves amenazas, y otros 30 han sido desplazados.

Pero esto es tan solo una muestra de lo que ocurre. Seg¨²n cifras de la Unidad de Restituci¨®n del Gobierno, desde enero de 2012 m¨¢s de 700 reclamantes y l¨ªderes de restituci¨®n han informado que recibieron amenazas. ¡°Las autoridades han determinado que m¨¢s de 360 reclamantes y l¨ªderes amenazados se encuentran en una situaci¨®n de ¡®riesgo extraordinario¡¯¡±, dice el informe.

Para HRW, los ataques a los reclamantes son previsibles ya que la gran mayor¨ªa de los responsables de los desplazamientos y ulterior despojo de las tierras no han sido castigados. ¡°Muchos de ellos u otros terceros, act¨²an con total impunidad, involucrados en amenazas en contra de estas personas, en algunos casos hasta asesinatos, sin ser realmente objeto de investigaciones penales serias¡±, dijo Vivanco, quien cree que la Unidad de Restituci¨®n ha trabajado muy sola. ¡°Si llevamos ya a 700 amenazados, si no se hacen las correcciones, el n¨²mero va a seguir subiendo al punto que sabotea la propia Ley (de V¨ªctimas)¡±, a?adi¨®.

Seg¨²n el informe de la ONG, de 17.000 investigaciones en curso de casos de desplazamiento forzado a cargo de la Fiscal¨ªa, solo en el 1% hay condenados. Y sobre las investigaciones por amenazas a reclamantes no se han imputado cargos en ninguna. El informe concluye que la impunidad es una de las causas principales de los abusos contra los que buscan regresar a sus tierras.

Para Vivanco, la restituci¨®n debe ir acompa?ada de sanciones penales contra los despojadores. Esta es la principal recomendaci¨®n que HRV le hace al Gobierno colombiano. ¡°Si la Fiscal¨ªa coordinara con la Unidad de Tierras, para avanzar en algunas regiones, no solo desde la restituci¨®n sino con investigaciones penales, facilitar¨ªa la implementaci¨®n de estas normas. Las familias est¨¢n muy indefensas, muchas cuentan con un t¨ªtulo y con algunos derechos que no pueden ejercer porque est¨¢n atemorizadas por grupos mafiosos que siguen operando con total impunidad¡±, dijo.

Se suma, seg¨²n la ONG, que persiste el poder de los grupos sucesores de los paramilitares, lo que se convierte en otra amenaza. Hasta el momento, los grupos llamados en Colombia, BACRIM, han sido los responsables de gran parte de las amenazas y los ataques contra los reclamantes de tierras, asegura HRW. En particular Los Urabe?os, la banda criminal m¨¢s grande que hay en Colombia. HRW se?ala tambi¨¦n como responsables a ganaderos, empresarios y desmovilizados que ocuparon las tierras despu¨¦s del despojo y, en ciertas zonas, a la guerrilla de las FARC.

El miedo es el com¨²n denominador. ¡°Basta con el asesinato de un l¨ªder de una comunidad para atemorizar a los reclamantes y sus familias¡±, dice Max Schoening, el autor del informe. As¨ª ocurri¨® tras el asesinato de Ermes Vidal y ?ver Cordero entre marzo y abril de este a?o, dos l¨ªderes de desplazados en C¨®rdoba. ¡°34 de sus familiares abandonaran sus hogares¡±, cuenta Schoening, quien agreg¨® que hasta junio de este a?o, solamente una familia regres¨® a sus tierras como resultado de sentencias dictadas por la jurisdicci¨®n de tierras. ¡°Muchos otros beneficiarios de estas sentencias visitaban regularmente sus tierras para cultivarlas¡±.

La estrategia de protecci¨®n del Gobierno ha sido entregarle chalecos antibalas y escoltas a los amenazados. Para HRW, aunque estas medidas son importantes, resultan paliativas. ¡°La utilidad de un chaleco antibalas es limitada cuando un reclamante amenazado tiene que vivir en una zona donde siguen activos nuevos grupos paramilitares, recibe amenazas y teme por su familia¡±, dice Schoening.

Desde enero de 2012, el programa de protecci¨®n ha reubicado a m¨¢s de 90 reclamantes de tierras amenazados en nuevas zonas. ¡°Est¨¢ muy bien en el corto plazo, porque el Estado no los ha dejado a su suerte, pero a mediano y largo plazo, va contra el fin de la Ley que es regularizar el retorno y no alejar a las familias de las tierras que les pertenecen¡±, concluye Vivanco.