EE UU defiende la legalidad de sus incursiones militares en Libia y Somalia

Las operaciones simult¨¢neas de Estados Unidos en Somalia y Libia, que suponen el regreso a la lucha contra el terrorismo sobre el terreno y con fuerzas militares, abren al mismo tiempo un complejo debate sobre la legalidad de esas acciones y el riesgo de una mayor implicaci¨®n norteamericana en pa¨ªses que ya padecen una enorme desestabilizaci¨®n. El Gobierno de Barack Obama defiende que ha actuado de forma leg¨ªtima y que el sospechoso capturado en Tr¨ªpoli ser¨¢ puesto en manos de la justicia y tratado conforme a la ley.

El secretario de Estado, John Kerry, manifest¨® que Abu Anas al Libi, detenido el viernes pasado por un comando de las fuerzas Delta del Ej¨¦rcito norteamericano, era ¡°un objetivo legal y apropiado¡± que ¡°tendr¨¢ la oportunidad de defenderse y ser¨¢ debidamente sometido a la justicia en un tribunal¡±.

El detenido tendr¨¢ la oportunidad de defenderse y ser¨¢ debidamente sometido a la justicia en un tribunal" John Kerry

Kerry no dijo cu¨¢ndo puede eso ocurrir. Mientras tanto, Al Libi, reclamado por un juez de Nueva York por su responsabilidad en los atentados de 1998 contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania, se encuentra ¡°en lugar seguro¡±, seg¨²n la informaci¨®n oficial, pero desconocido. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, explic¨® que Obama aprob¨® ambas misiones porque es obligaci¨®n del Gobierno llevar ante la justicia a las personas reclamadas por el delito de ¡°matar norteamericanos¡±, y respald¨® la legitimidad de la intervenci¨®n en Libia con la autorizaci¨®n que el Congreso otorg¨® al presidente en 2001 para usar la fuerza contra Al Qaeda y sus aliados. Obama hab¨ªa dicho a principios de este a?o que los poderes que proporciona esa autorizaci¨®n son excesivamente amplios y que era necesario renegociar esa ley con el Congreso.

Extraoficialmente, fuentes de la Administraci¨®n han informado a medios de comunicaci¨®n que Al Libi est¨¢ a bordo del barco San Antonio en un punto no identificado. El sospechoso est¨¢ siendo interrogado por expertos de la CIA y el FBI, pero no cuenta con asistencia de un abogado ni se le han le¨ªdo sus derechos, algo que todav¨ªa podr¨ªa tardar varias semanas en suceder. En el ¨²nico precedente de un caso similar durante la Administraci¨®n de Obama, Ahmed Abdulkadir Warsame, capturado en 2011 en el Golfo de Ad¨¦n, estuvo detenido dos meses antes de recibir la visita de un abogado y quedar a disposici¨®n del juez. El Gobierno libio ha calificado la captura de Al Libi como ¡°un secuestro¡±.

Tambi¨¦n este fin de semana, un comando de los Navy Seal, el mismo grupo de operaciones especiales que mat¨® a Osama bin Laden, trat¨® de capturar a otro sospechoso de terrorismo en Somalia. Aunque oficialmente no se han facilitado detalles al respecto, ha trascendido de fuentes fiables, aunque no identificadas, que el objetivo era Abdikadir Mohamed Abdikadir, conocido como Ikrima, a quien se cree uno de los principales mandos del grupo terrorista somal¨ª Al Shabab, la rama de Al Qaeda en el ?frica oriental. Ikrima est¨¢ considerado tambi¨¦n uno de los responsables de la actividad del grupo Al Hijra, la extensi¨®n de Al Shabab en Kenia y al que pertenec¨ªan los autores del ataque de hace dos semanas contra un centro comercial en Nairobi. Las mismas fuentes afirmaron que la incursi¨®n de los Navy Seal en Somalia fue abortada cuando se comprob¨® que no era posible atrapar con vida al sospechoso.

La coincidencia de las dos operaciones, ambas con el prop¨®sito de capturar objetivos que podr¨ªan haber sido atacados desde el aire, representa un cambio significativo en la estrategia antiterrorista del Gobierno de Obama, que hasta ahora hab¨ªa concentrado los esfuerzos para diezmar a Al Qaeda en los bombardeos con aviones no tripulados (drones). Ese cambio representa, tanto el reconocimiento de que el desmantelamiento de Al Qaeda, reaparecida con fuerza en los ¨²ltimos meses, puede exigir una mayor implicaci¨®n militar, como la voluntad de enviar el mensaje de que EE UU no renunciar¨¢ a esa pelea.

¡°Esperemos que esto deje claro¡±, advirti¨® Kerry, ¡°que EE UU nunca cejar¨¢ en sus esfuerzos para que aquellos que cometen actos terroristas paguen para ello. Los miembros de Al Qaeda y de otras organizaciones terroristas pueden correr, pero no se pueden esconder¡±.

Estas dos acciones militares vienen a robustecer la posici¨®n de Obama en un momento en que su liderazgo est¨¢ siendo cuestionado por la crisis pol¨ªtica y presupuestaria en Washington, as¨ª como por sus vacilaciones durante el conflicto con Siria, en el que la Casa Blanca decidi¨® en el ¨²ltimo momento renunciar a la intervenci¨®n con la que hab¨ªa amenazado.

Al mismo tiempo, le permiten al presidente renunciar por una vez al uso de los drones, que hab¨ªa sido criticado por organizaciones de derechos humanos y opositores pol¨ªticos porque esos ataques causan la muerte de personas inocentes y crean sentimiento de repulsa entre la poblaci¨®n de los pa¨ªses en los que operan.

El procedimiento legal ser¨ªa solicitar la extradici¨®n de los sospechosos. Pero no parece una v¨ªa muy factible en casos como los de Somalia o Libia

La implicaci¨®n de fuerzas militares sobre el terreno y el intento de capturar a los sospechosos con vida tiene un riesgo menor de lo que lo oficialmente se conoce como da?os colaterales, pero no elimina la pol¨¦mica sobre la autoridad de EE UU para actuar fuera de sus fronteras. El procedimiento legal en el caso de un sospechoso reclamado por un juez norteamericano ser¨ªa, desde luego, el de solicitar su extradici¨®n a las autoridades del pa¨ªs en que sea localizado. Pero no parece esta una v¨ªa muy factible en casos como los de Somalia o de Libia.

La captura de sospechosos con vida crea, adem¨¢s, el problema del trato legal a otorgarle. En un estado de derecho no cabe ninguna alternativa a la de poner al detenido bajo protecci¨®n policial en el plazo que marque la ley. Pero, de nuevo, no parece muy probable que EE UU mande un comando Delta a Tr¨ªpoli a capturar a un supuesto dirigente de Al Qaeda para permitir que ¨¦ste se acoja inmediatamente a su derecho a guardar silencio.

Obama se encuentra, pues, frente a uno de los dilemas ante los que se ha encontrado desde el principio la guerra contra el terrorismo: le eficacia o la legalidad. En este caso, al menos, EE UU ha reconocido que tiene en su poder al detenido y ha prometido su juicio en alg¨²n momento. Pero algunos otros interrogantes subsisten.