Medio mill¨®n de ap¨¢tridas por una sentencia del Supremo dominicano
La Comunidad del Caribe ha criticado el fallo y amenaza con no incorporar a Rep¨²blica Dominicana como miembro pleno del grupo
Las autoridades del pa¨ªs en el que naci¨® Juliana Deguis Pierre, donde ha vivido sus 29 a?os, Rep¨²blica Dominicana, no la consideran como una de los suyos. El 23 de septiembre pasado, el Tribunal Constitucional dominicano dict¨® una sentencia que establece que no se reconocer¨¢ la nacionalidad a los hijos de padres extranjeros en situaci¨®n migratoria irregular, nacidos a partir de 1929. El fallo afecta directamente a tres generaciones de dominicanos de origen haitiano, hijos en su mayor¨ªa de jornaleros legalmente contratados durante el ¨²ltimo siglo por la industria local del az¨²car para cortar la ca?a que se procesa en sus ingenios. La decisi¨®n ha sido duramente criticada por ONG locales vinculadas a la defensa de los derechos humanos y por los pa¨ªses miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), que ahora ponen en duda la incorporaci¨®n de Rep¨²blica Dominicana como miembro pleno del bloque.
La sentencia del Tribunal Constitucional se produjo como respuesta a una solicitud de amparo hecha por Juliana Deguis Pierre para que la Junta Central Electoral, responsable del registro civil, expidiera el carnet de identidad que le hab¨ªa estado negando desde 2007. ¡°Yo me cri¨¦ aqu¨ª y nunca he ido a ning¨²n pa¨ªs¡±, dice Juliana, quien naci¨® y a¨²n vive en el batey de Los Jovillos, un barrac¨®n que comparten m¨¢s de 20 familias de braceros de origen haitiano, en el municipio agr¨ªcola Yamas¨¢, a hora y media de camino de Santo Domingo, la capital. Juliana tuvo una partida de nacimiento dominicana, que le fue entregada a su padre cuando la present¨® ante el registro civil utilizando su carnet de trabajador del Consejo Estatal del Az¨²car (CEA). En 2007, cuando Juliana hab¨ªa cumplido la mayor¨ªa de edad e intent¨® obtener su primera c¨¦dula dominicana, las autoridades del registro se negaron y retuvieron sus documentos alegando que sus apellidos eran ¡°sospechosos¡±, pues eran apellidos haitianos.
El criterio de las autoridades dominicanas es que el principio jus solis (derecho al suelo) incorporado en la Constituci¨®n en 1929 no ampara a los hijos de padres extranjeros que se encuentren ejerciendo funciones diplom¨¢ticas en Rep¨²blica Dominicana o en condici¨®n ¡°de tr¨¢nsito¡± por el territorio. ¡°Las autoridades judiciales han interpretado que si una persona no tiene residencia, se presume que est¨¢ en tr¨¢nsito, lo cual es una interpretaci¨®n gramatical totalmente err¨®nea¡±, han explicado a EL PA?S los abogados Genaro Rinc¨®n y Manuel del Dandr¨¦, representantes del Movimiento Socio-Cultural Para Los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), con sede en Santo Domingo. Seg¨²n esta sentencia, miles de haitianos y sus hijos nacidos en Rep¨²blica Dominicana ¨Cde acuerdo al m¨¢s reciente censo oficial , son unos 450.000- han vivido ¡°en tr¨¢nsito¡± hasta por ocho d¨¦cadas.?
Desde que comenz¨® la ocupaci¨®n estadounidense en Hait¨ª (1915-1934), la industria dominicana del az¨²car se mueve gracias a la mano de obra haitiana, con el consentimiento de las autoridades. A d¨ªa de hoy, en Rep¨²blica Dominicana operan cuatro grandes ingenios y cada uno requiere de la fuerza de 5.000 braceros para poder funcionar. La paga que ellos reciben por el empleo riesgoso y duro de cortar ca?a de az¨²car con machete, depende de su desempe?o: las empresas pagan 200 pesos (poco m¨¢s de 4,5 d¨®lares) por cada tonelada cortada. Un bracero diestro, como el padre Juliana Deguis Pierre, que tiene 58 a?os y trabaja en la zafra desde que ten¨ªa 15, nunca alcanza a cortar m¨¢s de dos toneladas y media al d¨ªa.
Para algunos juristas dominicanos de renombre, como el abogado Luis V¨ªlchez Gonz¨¢lez, la sentencia del Tribunal Constitucional para resolver el problema de la nacionalidad de los hijos de inmigrantes haitianos ¡°constituye una de las mejores piezas jur¨ªdicas de la legislaci¨®n dominicana de los ¨²ltimos 60 a?os¡±. ¡°Su estilo de redacci¨®n propio de altas cortes internacionales, los motivos dados por los jueces para implementar el plan nacional de regulaci¨®n de extranjeros ilegales radicados en el pa¨ªs, ilustra no s¨®lo a los abogados dominicanos, sino a la Comisi¨®n Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por su contenido en hechos y en Derecho Comparado Internacional¡±, ha escrito este 19 de octubre en una columna de opini¨®n publicada por el peri¨®dico dominicano List¨ªn Diario.
Comparten esa opini¨®n altos representantes del Estado, como el presidente del Senado, Reinaldo Pared P¨¦rez, quien considera que toda la cr¨ªtica internacional que ha suscitado el fallo se debe a un plan del Gobierno de Hait¨ª para desviar la atenci¨®n de la crisis pol¨ªtica que atraviesa su pa¨ªs. ¡°Lo decidido por el Tribunal Constituci¨®n es un acto de plena soberan¨ªa de la Rep¨²blica Dominicana¡±, ha dicho Pared P¨¦rez.
Este 17 de octubre, la Comunidad del Caribe (Caricom) emiti¨® un comunicado en el que se?ala que la decisi¨®n adoptada por el Supremo dominicano ¡°es contraria a los pronunciamientos de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, que ha llamado repetidamente a Rep¨²blica Dominicana a tomar medidas que garanticen el derecho a la nacionalidad y adoptar leyes sobre inmigraci¨®n y pr¨¢cticas acordes con lo previsto en la Convenci¨®n Americana de Derechos Humanos¡±. La primera ministra de Trinidad y Tobago y presidenta pro tempore del bloque, Kamla Persad-Bissessar, calific¨® la decisi¨®n del tribunal como un acto discriminatorio y llam¨® a los pa¨ªses que integran la comunidad a tomar parte activa en este debate, ¡°dentro de un contexto en el que Rep¨²blica Dominicana busca integrarse a la organizaci¨®n¡±. Al menos dos de los 15 pa¨ªses que hacen parte de la Caricom, Guyana y San Vicente y las Granadinas, ya han fijado una posici¨®n de rechazo a la sentencia que, no se descarta, podr¨ªa afectar el ingreso de los dominicanos como miembros plenos del grupo.
Sin su carnet de identidad, Juliana Deguis Pierre no puede registrar a sus cuatro hijos, ni inscribirlos formalmente en la escuela, ni tiene posibilidad de conseguir un trabajo distinto al de limpiar casas de familia durante un mes o dos, o hasta que los patrones le pidan sus documentos. Hace un par de semanas, cuando su fotograf¨ªa estaba en todos los diarios y noticieros de la isla, fue despedida de su empleo. Juliana no sabe hablar creole haitiano, ni conoce el camino que lleva a la frontera m¨¢s pr¨®xima con Hait¨ª y teme que en cualquier momento las autoridades del pa¨ªs donde naci¨® decidan deportarla.
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