Londres tem¨ªa una lluvia de demandas si trascend¨ªa la escala de sus escuchas

Los servicios secretos brit¨¢nicos presionaron con ¨¦xito a los partidos pol¨ªticos para impedir que sus escuchas fueran utilizadas como prueba en los tribunales. Esas presiones no ten¨ªan como objetivo proteger frente a sospechosos de terrorismo los sistemas utilizados o a los agentes que los llevaban a cabo, como se hizo creer en su momento, sino ocultar la escala de esas escuchas y evitar que eso provocara "un debate p¨²blico da?ino" sobre esas escuchas que habr¨ªa podido provocar una catarata de demandas ante los tribunales.

As¨ª lo pone de manifiesto la ¨²ltima entrega del diario The Guardian sobre los documentos secretos filtrados por Edward Snowden, el antiguo empleado subcontratado por la CIA que ha puesto patas arriba los sistemas y ha revelado la escala del espionaje practicado por los servicios secretos de EE UU y Reino Unido. Un espionaje que ha afectado no solo a supuestos enemigos o potenciales terroristas, si no a te¨®ricos aliados y pol¨ªticos amigos.

Los documentos a los que ha accedido el diario londinense revelan tambi¨¦n que las grandes compa?¨ªas de telecomunicaciones han ido m¨¢s all¨¢ de sus meras obligaciones legales a la hora de colaborar con los servicios secretos brit¨¢nicos. Una revelaci¨®n que a?ade presi¨®n a las pr¨¢cticas de estadounidenses y brit¨¢nicos a la hora de interceptar las comunicaciones personales de l¨ªderes pol¨ªticos europeos y de otros pa¨ªses.

El ¨²ltimo intento de utilizar en los tribunales la inteligencia conseguida mediante la interceptaci¨®n de comunicaciones se dio en 2009, cuando gobernaba el laborista Gordon Brown, pero fue descartada tras las presiones del GCHQ (siglas en ingl¨¦s del organismo de los servicios secretos al cargo de la intercepci¨®n de comunicaciones) y las agencias de espionaje interior y exterior (MI5 y MI6).

Los documentos preparados por el GCHQ para presionar a favor de sus intereses insisten en su temor a las consecuencias que tendr¨ªa un debate p¨²blico sobre las escuchas. "Nuestra mayor preocupaci¨®n es que las referencias a las pr¨¢cticas de las agencias [por ejemplo, la escala de la interceptaci¨®n y borrado] puede llevar a un da?ino debate p¨²blico que podr¨ªa llevar a demandas jur¨ªdicas contra el actual r¨¦gimen". En una actualizaci¨®n de los argumentos en mayo de 2012 se admite que "la escala de las interceptaciones y retenciones requerida podr¨ªa hacer bastante probable que fuera denunciada con base al art¨ªculo 8 [derecho de privacidad]".

Otro aspecto relevante puesto de manifiesto por esos documentos es la asistencia que el GCHQ prest¨® al Home Office para identificar a pol¨ªticos y personalidades favorables u opuestos a que las escuchas pudieran ser utilizadas en los tribunales. Entre los primeros se cita al entonces director de la oficina de la fiscal¨ªa, al fiscal general y a un diputado conservador especialmente preocupado por las libertades individuales, David Davis.

Entre los identificados como ¨²tiles para defender las posiciones de los servicios secretos citan al pol¨ªtico liberal lord Carlile, que hace unos d¨ªas critic¨® p¨²blicamente a The Guardian por publicar los documentos secretos filtrados por Snowden.

Esas revelaciones dan a entender que la campa?a que se ha desatado en los ¨²ltimos meses con reiterados ataques a The Guardian por publicar los papeles de Snowden podr¨ªa no ser completamente espont¨¢nea. La directora de la organizaci¨®n brit¨¢nica de derechos civiles Liberty, Shami Chakrabarti, y el director de su equivalente estadounidense, Anthony Romero, han emitido un comunicado conjunto en el que denuncian que lo que deber¨ªa ser un debate sobre los excesos de los servicios secretos se ha convertido en una campa?a "interesada" contra periodistas a los que se acusa de "ayudar al enemigo". "Tenemos que aplaudir, no que condenar, la decisi¨®n de The Guardian de poner al descubierto el alcance con el que se est¨¢ violando nuestra privacidad".

Y entre los responsables de esos excesos est¨¢n las grandes compa?¨ªas de telecomunicaciones. Cuando The Guardian denunci¨® en junio su colaboraci¨®n con los pinchazos llevados a cabo por los servicios secretos a trav¨¦s del programa Tempora, las empresas se refugiaron en que no hac¨ªan m¨¢s que cumplir con sus obligaciones legales. Los documentos a los que ha accedido el diario se?alan que esa colaboraci¨®n ha ido m¨¢s all¨¢ de lo exigido por la ley.

Documentos preparados por los servicios secretos brit¨¢nicos en 2009 sobre esa cuesti¨®n explican la obligaci¨®n de los operadores de colaborar facilitando las capacidades de interceptaci¨®n, y a?ade: "En la pr¨¢ctica, todos los proveedores significativos proveen esa capacidad. Pero en muchos casos su asistencia, aunque en conformidad con la ley, va mucho m¨¢s all¨¢ de lo que esta exige".