Ind¨ªgenas de Ecuador denuncian en EE UU la norma de libre asociaci¨®n de Correa

El presidente de Ecuarunari (Movimiento de los Ind¨ªgenas de Ecuador en kichwa), Carlos P¨¦rez Guartambel, y el director para las Am¨¦ricas de Human Rights Watch (HRW), Jos¨¦ Miguel Vivanco, han denunciado este lunes en Washington las graves restricciones que para la participaci¨®n de la sociedad civil en Ecuador supone la nueva normativa que regula la libertad de asociaci¨®n en ese pa¨ªs y que el Gobierno de Rafael Correa aprob¨® a trav¨¦s del denominado Decreto 16 el pasado 4 de junio. La medida, para ambos activistas, se enmarca dentro de la deriva autoritaria del presidente ecuatoriano.

¡°Los retrocesos m¨¢s graves en Am¨¦rica Latina en materia de libertad de asociaci¨®n y expresi¨®n se han producido en Ecuador¡±, ha reconocido Vivanco en una charla en el Interamerican Dialogue. Vivanco y P¨¦rez Guartambel han puesto de manifiesto los peligros que para la subsistencia de las organizaciones a favor de los derechos civiles y libertades p¨²blicas supone la entrada en vigor de una norma que concentra en torno a la Administraci¨®n las competencias para reconocer, controlar y disolver agrupaciones en el caso de que ¡°interfieran en pol¨ªticas p¨²blicas o afecten a la paz p¨²blica¡±, en un momento en que la comunidad ind¨ªgena est¨¢ alzando su voz en defensa de el ¨¢rea de Yasun¨ª, amenazada por un plan de concesi¨®n de pozos petrol¨ªferos del Ejecutivo de Correa.

La norma que concentra en torno a la Administraci¨®n las competencias para reconocer, controlar y disolver agrupaciones en el caso de que ¡°interfieran en pol¨ªticas p¨²blicas o afecten a la paz p¨²blica¡±

¡°Si uno quiere constituir una ONG su actividad debe ser autorizada por un funcionario gubernamental, lo cual es una contradicci¨®n absoluta con el esp¨ªritu de este tipo de instituci¨®n¡±, ha se?alado Vivanco, quien ha enumerado el resto de amenazas que para la libertad de asociaci¨®n representa el Decreto que la regula, entre ellas la limitaci¨®n por parte de los miembros de las organizaciones de elegir qui¨¦nes pueden ser sus miembros, lo que, para el dirigente de HRW, abre la puerta a la penetraci¨®n de integrantes ¡°con una visi¨®n absolutamente distinta de los fines y objetivos¡± que persiga la asociaci¨®n; la fiscalizaci¨®n sobre la desviaci¨®n de los fines para los que se constituy¨®; la aprobaci¨®n de una reforma de sus estatutos o su disoluci¨®n por razones tan gen¨¦ricas como ¡°afectar a la paz p¨²blica¡±.

Para P¨¦rez Guartambel, el Decreto 16 est¨¢ en consonancia con ¡°el proceso de consolidaci¨®n del autoritarismo y concentraci¨®n de poder del r¨¦gimen de Correa que busca terminar con todo conato de resistencia por parte de la sociedad civil¡±. El activista y miembro de la etnia kichwa ha viajado a Estados Unidos para recoger firmas en contra de la XI Ronda Petrolera que contempla la concesi¨®n de 13 pozos petrol¨ªferos en el Yasun¨ª. P¨¦rez Guartambel teme que la nueva normativa amenace la subsistencia de la asociaci¨®n que preside y que, junto a muchas otras organizaciones ind¨ªgenas, se est¨¢ movilizando contra los planes del Gobierno.

HRW coincide en que la nueva disposici¨®n de Correa es ¡°reveladora de los criterios retr¨®grados con los que se gobierna en Ecuador¡±

¡°Si incidir en las pol¨ªticas p¨²blicas es una causa de disoluci¨®n y el Gobierno de Correa considera que una de esas pol¨ªticas p¨²blicas es la petrolera o la hidrocarb¨²rica, eso ser¨ªa una causa suficiente para nuestra disoluci¨®n¡±, explica a EL PA?S. Ecuarunari es, tras la ONG Fundamedios, la segunda asociaci¨®n en interponer una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de Ecuador contra el Decreto 16. ¡°De acuerdo con la Constituci¨®n, las comunidades ind¨ªgenas tienen derecho a ser escuchadas antes de la entrada en vigor de una medida legislativa que pueda afectarles, el Decreto 16 vulnera a nuestras comunidades y a una gran cantidad de derechos individuales y colectivos y no se nos ha pedido nuestra opini¨®n¡±, explica P¨¦rez Guartambel.

Vivanco coincide en que la nueva disposici¨®n de Correa es ¡°reveladora de los criterios retr¨®grados con los que se gobierna en Ecuador¡±. El responsable de HRW ha denunciado que, de acuerdo con el apartado de la norma sobre las organizaciones internacionales, la que ¨¦l dirige ¡°tendr¨¢ muy complicado operar¡± en el pa¨ªs sudamericano. ¡°El Gobierno debe consultar con las embajadas y consulados ecuatorianos donde la asociaci¨®n realiza su actividad sobre su legalidad, solvencia y seriedad para determinar si la autoriza o no¡±, ha explicado Vivanco. ¡°Dudo mucho que yo pueda trabajar all¨ª cuando Correa ha denunciado en su programa de televisi¨®n que HRW est¨¢ financiado por el c¨¢rtel de Sinaloa¡±.

Aunque no nos registremos, no nos pueden desconocer, no nos pueden invisibilizar" Carlos P¨¦rez Guartambel

Para P¨¦rez Guartambel la nueva disposici¨®n atenta contra la existencia misma de las comunidades ind¨ªgenas. ¡°Con este decreto nos obligan a registrar a los grupos ind¨ªgenas, supone repetir la historia y volver al momento en el que nos descubrieron. Entonces, no ten¨ªamos leyes pero s¨ª principios, no ten¨ªamos gobiernos pero s¨ª autoridad¡±. El activista, sin embargo, no est¨¢ dispuesto a supeditarse a la nueva legislaci¨®n. ¡°Aunque no nos registremos, no nos pueden desconocer, no nos pueden invisibilizar. En Ecuador hay miles de organizaciones que no tienen legalizada su existencia, no tienen personalidad jur¨ªdica ni estatutos porque no les hacen falta, porque su cosmovisi¨®n es diferente, ellas no piensan en papeles, piensan en el respeto a la Pachamama, en el respeto a su tierra y con decreto y sin decreto vamos a seguir resistiendo¡±.

Los representantes de la Embajada de Ecuador en Washington han alegado que con la nueva normativa el Gobierno de Correa ejerce su potestad para reglamentar un derecho que aparece en la Constituci¨®n y que el Decreto 16 ha sido positivo porque ha servido para unificar distintos procedimientos y criterios para la inscripci¨®n de asociaciones y para ¡°poner orden en un sistema en el que hab¨ªa m¨¢s ONG que empresas y muchas de ellas no cumpl¨ªan los requerimientos legales [el 95% de las 30.000 que exist¨ªan en Ecuador en 2009, seg¨²n atestigu¨® entonces el propio Correa]¡±.

P¨¦rez Guartambel se muestra esc¨¦ptico ante la posibilidad de que su demanda ante el Constitucional ecuatoriano prospere, pero es una instancia que debe agotar para poder presentar su caso ante la Convenci¨®n Interamericana de Derechos Humanos. La justicia internacional es donde cifra parte de sus esperanzas el activista. ¡°All¨¢ [por Ecuador] los tribunales est¨¢n controlados, pero aqu¨ª a¨²n no han podido controlar a la CIDH. Pero los grandes cambios no se consiguen con leyes, decretos o sentencias, sino luchando y resistiendo, es lo que nos han ense?ado nuestros abuelos, sin su resistencia nosotros no estar¨ªamos ac¨¢¡±, se?ala orgulloso.