La riesgosa apuesta de las autodefensas en M¨¦xico

Con esta asociaci¨®n estrat¨¦gica, el gobierno federal intenta contener el avance de Los Caballeros Templarios ¨C un cartel que surgi¨® de una escisi¨®n de la Familia Michoacana y que ha llevado a cabo un acelerado proceso de reconstituci¨®n del orden local en el estado mexicano de Michoac¨¢n. Los Caballeros han ido m¨¢s all¨¢ del tr¨¢fico de drogas y se han constituido en un grupo criminal que gobierna los mercados ilegales de Michoac¨¢n y que cobra impuestos criminales a la poblaci¨®n civil mediante la extorsi¨®n y el secuestro a cambio de protecci¨®n o simplemente de renunciar a destruirles sus propiedades o quitarles la vida.

Hay razones militares y pol¨ªticas de corto plazo que explican los motivos detr¨¢s de esta inusual coalici¨®n, pero tambi¨¦n existen razones y evidencia muy poderosas que sirven de alerta sobre las nocivas consecuencias de largo plaza de esta nueva estrategia.

En lo militar, la falta de informaci¨®n local ha sido el principal problema para el gobierno federal y el ej¨¦rcito mexicano en m¨¢s de siete a?os de guerra contra el narcotr¨¢fico y el crimen organizado.

En esta guerra hay enormes asimetr¨ªas de informaci¨®n. Los c¨¢rteles y otros grupos criminales se han coludido con agentes en puestos claves en instituciones judiciales y de seguridad a nivel subnacional ¨C polic¨ªas judiciales y municipales, ministerios p¨²blicos y reclusorios ¨C y en instituciones federales con enorme presencia subnacional ¨C las delegaciones de la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica y la polic¨ªa federal. La colusi¨®n con estos agentes del orden p¨²blico le ha dado al crimen organizado una ventaja estrat¨¦gica que les permite resistir y evadir las embestidas federales. El gobierno federal, en cambio, no cuenta con la informaci¨®n local que requiere cualquier operativo militar. Desconoce con precisi¨®n el grado de penetraci¨®n del crimen organizado en la sociedad y las instituciones gubernamentales de Michoac¨¢n.

Las autoridades federales han visto en los grupos de autodefensa una fuente vital de informaci¨®n local que les permitir¨ªa llevar a cabo micro-intervenciones militares y dar golpes certeros en contra de Los Caballeros Templarios. En abierta o velada coalici¨®n con el gobierno federal, las autodefensas ser¨ªan los ojos y o¨ªdos que las fuerzas federales no tienen en Michoac¨¢n.

En lo pol¨ªtico, una coalici¨®n informal con los grupos de autodefensa le permitir¨ªa al gobierno federal golpear y mermar fuertemente a Los Caballeros sin pagar los costos de las muertes colaterales de civiles. Al delegar parte del poder coercitivo del estado a los grupos de autodefensa, las autoridades federales intentar¨ªan diluir las responsabilidades de la guerra contra el crimen organizado en la sociedad civil. No ser¨ªan el gobierno federal o el ej¨¦rcito los responsables directos de la violencia que implica recuperar territorios gobernados por el crimen organizado, sino las autodefensas.

Esta estrategia de delegar capacidades coercitivas del estado a grupos civiles y de diluir responsabilidades no es ajena a la historia de M¨¦xico; es una estrategia que siguieron los gobiernos del PRI durante la larga etapa autoritaria. En las universidades p¨²blicas los gobiernos del PRI subcontrataron a grupos de ¡°porros¡± ¨C estudiantes organizados que vigilaban y reprim¨ªan a movimientos estudiantiles de izquierda. En el campo y en las zonas ind¨ªgenas del pa¨ªs, el PRI subcontrat¨® a ¡°asociaciones civiles¡± campesinas para reprimir movimientos campesinos e ind¨ªgenas de izquierda que demandaban la redistribuci¨®n de tierras. Estos grupos de choque fueron los que eventualmente se convertir¨ªan en los paramilitares que lucharon en contra el neo-zapatismo en el sure?o estado de Chiapas.

Una coalici¨®n informal con el gobierno federal es muy atractiva para los grupos de autodefensa. De resultar exitosa una operaci¨®n conjunta en contra de Los Caballeros Templarios, las autodefensas se convertir¨ªan en un actor clave en la reconstituci¨®n del orden pol¨ªtico local en Michoac¨¢n. A diferencia de las polic¨ªas comunitarias de extracci¨®n ind¨ªgena del propio Michoac¨¢n y del estado vecino de Guerrero ¨C las cuales son producto de d¨¦cadas de movilizaciones ind¨ªgenas y del trabajo de la iglesia cat¨®lica y de laicos al frente de asociaciones de derechos humanos ¨C estos grupos de autodefensa parecen estar financiado por grupos de profesionistas de clase media y agricultores y ganaderos que ya no est¨¢n dispuestos a pagar m¨¢s impuestos criminales a Los Caballeros. Son grupos sin muchos contrapesos sociales que deben reclutar j¨®venes sicarios de extractos humildes a cambio de buena paga.

Aunque el debilitamiento de Los Caballeros Templarios puede ser un acto de liberaci¨®n social y econ¨®mica para muchos sectores de Michoac¨¢n, la simple sustituci¨®n de ese orden criminal por uno en el que los grupos de autodefensa desempe?en un papel pol¨ªtico central puede ser igualmente nociva para la sociedad. La experiencia internacional muestra que grupos armados sin una s¨®lida base social y sin mecanismos informales de contralor¨ªa social pueden ser particularmente violentos. La experiencia de Colombia da cuenta de los enormes costos en violaciones de derechos humanos que se pagaron cuando actores pol¨ªticos nacionales decidieron entrar en una velada coalici¨®n estrat¨¦gica con grupos de autodefensa civil para reconstituir el orden pol¨ªtico local en lugares dominados por las FARC y el Cartel de Medell¨ªn.

Recuperar territorios gobernados por el narcotr¨¢fico y el crimen organizado ¨C en connivencia con autoridades subnacionales y a veces federales ¨C debe ser una prioridad del gobierno federal en M¨¦xico. El despliegue de las fuerzas armadas y de un enorme contingente de bur¨®cratas federales para repartir recursos e iniciar obras p¨²blicas de alguna manera contribuir¨¢ a contener la violencia en el corto plazo. Hacerlo en coordinaci¨®n subrepticia con grupos de autodefensa, sin embargo, simplemente sembrar¨¢ la semilla de la violencia del ma?ana.

Reconstituir el orden local en Michoac¨¢n mediante una profunda reforma de las instituciones estatales y municipales de seguridad e impartici¨®n de justicia que transparente y abra a las polic¨ªas, los ministerios y los reclusorios a una mayor contralor¨ªa social y pol¨ªtica ser¨ªa una forma sustentable de reconstituir el orden pol¨ªtico local. El narcotr¨¢fico y el crimen organizado y las guerras criminales no son producto de la ausencia del gobierno. Surgen, m¨¢s bien, porque las fuerzas del orden entran impunemente en acuerdos cooperativos con el crimen organizado.

En lugar de apabullar a los gobiernos locales mediante la acci¨®n fara¨®nica del gobierno federal y subcontratar grupos locales de autodefensa para mejorar las actividades anti-insurgentes del ej¨¦rcito, las autoridades federales deber¨ªan iniciar una etapa de reconstituci¨®n democr¨¢tica del Estado a partir del rescate institucional de los gobiernos estatales y municipales. Extirpar a jueces y polic¨ªas forjados en las ca?er¨ªas del r¨¦gimen autoritario y que sobrevivieron a la transici¨®n a la democracia y reformar las instituciones y las reglas que les permitieron a estos agentes del orden reinventarse en la democracia como protectores del crimen organizado, es una tarea que sentar¨ªa las bases institucionales para una paz perdurable. Es un acto riesgoso que obligar¨ªa al PRI a confrontar su pasado. Pero subcontratar milicias privadas para derrotar al crimen organizado es una apuesta mucho m¨¢s riesgosa; es un atajo que podr¨ªa llevar a la perpetuaci¨®n de largo plazo de la violencia.

Guillermo Trejo es profesor asociado de ciencia pol¨ªtica en la Universidad de Notre Dame y fellow del Kellogg Institute for International Studies