Libertad de prensa y monopolios

Ahora le toca a Per¨². El grupo El Comercio, propietario del peri¨®dico del mismo nombre y dos canales de televisi¨®n, acaba de adquirir los diarios del grupo Epensa, con lo cual tambi¨¦n pasa a controlar el 78 por ciento de la prensa escrita del pa¨ªs. Ante eso, ocho periodistas presentaron una acci¨®n de amparo, solicitando la anulaci¨®n de la compra bas¨¢ndose en el principio constitucional que proh¨ªbe la existencia de monopolios en los medios de comunicaci¨®n. El caso promete ser largo, judicial y pol¨ªticamente hablando.

La controversia es importante no solo por Per¨²¡ªpa¨ªs que parec¨ªa estar exento de estos conflictos¡ªy porque ha ocupado la atenci¨®n de un premio nobel y de su hijo. Tambi¨¦n importa porque ilustra con elocuencia que la discusi¨®n en serio sobre el derecho a la libertad de expresi¨®n y su relaci¨®n con la organizaci¨®n industrial de la actividad period¨ªstica ni siquiera ha comenzado. Este debate requiere entender la evoluci¨®n de los grupos informativos como empresas, al mismo tiempo que se refuerzan los verdaderos principios democr¨¢ticos; verdaderos en el sentido de la protecci¨®n de las minor¨ªas permanentes y no para sacar ventaja de las mayor¨ªas transitorias.

La concentraci¨®n es consecuencia de la ca¨ªda de la rentabilidad en la industria period¨ªstica, que ocurre desde hace tiempo en Am¨¦rica Latina y en todas partes. El cambio tecnol¨®gico, las redes sociales, la globalizaci¨®n informativa, el exceso de oferta, entre otros, han obligado a las empresas del sector a desarrollar econom¨ªas de escala para sobrevivir, formando conglomerados informativos. Se ha convertido en norma, de hecho, la existencia de grupos horizontalmente diversificados¡ªcon propiedad de medios escritos y audiovisuales¡ªy verticalmente integrados¡ªque van desde la producci¨®n hasta la provisi¨®n del servicio de cable y banda ancha.

Pero la concentraci¨®n empresarial no es exclusiva de los medios de comunicaci¨®n. Tambi¨¦n se la encuentra en la banca, en la generaci¨®n y transmisi¨®n de electricidad, y en el transporte a¨¦reo, por citar algunos ejemplos. La analog¨ªa subraya, justamente, que el problema fundamental es de mercado y de organizaci¨®n industrial, b¨¢sicamente un tema de la microeconom¨ªa, de agencias de regulaci¨®n y de legislaci¨®n anti-monopolios. El objetivo de la regulaci¨®n en general es aumentar la eficiencia en la asignaci¨®n de recursos por medio de incrementar la competencia. De no ser posible por la persistencia de econom¨ªas de escala, entonces la regulaci¨®n institucionaliza buenas pr¨¢cticas a efectos de prevenir abusos y proteger derechos, ya sea para acceder al cr¨¦dito, consumir energ¨ªa el¨¦ctrica y transitar libremente¡ªo bien para informarse, como en este caso.

Los entes regulatorios son siempre independientes y neutrales, como la justicia, la administraci¨®n electoral y el banco central, lo cual es a¨²n m¨¢s importante cuando se trata de medios de comunicaci¨®n. Siendo que la concentraci¨®n puede producir uniformidad, reduciendo el pluralismo informativo, precisamente por esa raz¨®n la regulaci¨®n nunca puede ser materia de alguna dependencia del gobierno, secretar¨ªa de comunicaci¨®n, informaci¨®n o similar. Cuando eso ocurre, inevitablemente aparecer¨¢n los comisarios pol¨ªticos, aumentando a¨²n m¨¢s la uniformidad, claro que f¨¦rreamente disciplinada en favor del gobierno. La resultante es Argentina, donde la autoridad regulatoria hace rato que se enfrenta a un grupo informativo privado, Clar¨ªn, pero en colusi¨®n con otro grupo econ¨®mico privado, Crist¨®bal L¨®pez; o Venezuela, donde el gobierno, por medio del control de divisas, impide a los peri¨®dicos opositores importar papel; o Ecuador, donde la legislaci¨®n de medios sanciona a periodistas que investigan a funcionarios p¨²blicos, como en el reciente caso de Fernando Villavicencio.

En democracia, la regulaci¨®n nunca puede ser sobre contenidos¡ªni mucho menos para perseguir periodistas¡ªsino para garantizar la diversidad y el pluralismo. Ello no puede ignorar las restricciones comerciales que se le presentan hoy al negocio period¨ªstico. Tal vez no sea posible incrementar la competencia, pero alcanzar¨ªa con garantizar el derecho a la cr¨ªtica; derecho violado desde el poder con mucha mayor frecuencia que desde el sector privado. Lo que ocurre es que las tendencias a la concentraci¨®n les han ca¨ªdo de maravillas a aquellos gobiernos de la regi¨®n que buscan la perpetuaci¨®n. El pretexto perfecto, mientras denuncian a los monopolios informativos privados, y sus supuestas conspiraciones, van construyendo sus propios monopolios con recursos p¨²blicos, claro que con un modelo institucional mucho m¨¢s cercano a Granma que a la BBC.

Como muestra Freedom House, los ¨ªndices de libertad de prensa en la regi¨®n, que crecieron durante las transiciones de los ochenta y en los noventa, han descendido consistentemente en este siglo. Ello se explica por el paulatino silenciamiento de los medios de comunicaci¨®n independientes, monop¨®licos o no, y su sustituci¨®n por ¨®rganos de difusi¨®n oficialistas. La distinci¨®n entre medios y ¨®rganos de difusi¨®n no es trivial. En ese contraste yace la diferencia entre democracia y autoritarismo, nada menos.

En definitiva, el monopolio m¨¢s nocivo ha sido el monopolio del relato: la construcci¨®n discursiva de la realidad que viola el principio de simplemente informar sobre ella. En Am¨¦rica Latina, el subjetivismo ha dejado de ser una herramienta anal¨ªtica como tantas otras para convertirse en un canon de acci¨®n pol¨ªtica.

Hector E. Schamis es profesor en Georgetown University, Washington DC.

Twitter @hectorschamis