Per¨² cierra el caso de las esterilizaciones forzadas de Fujimori

Durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) en Per¨², el ministerio de Salud esteriliz¨® al menos a 272.028 mujeres, y en m¨¢s de 2.000 casos lo hizo sin consentimiento informado, o mediante enga?os, coacci¨®n o soborno.

Las primeras denuncias ante la Fiscal¨ªa, de 1988 y 2001, fueron archivadas en 2009 y reabiertas en 2012, en cumplimiento de un acuerdo amistoso entre el Estado peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La tarde del jueves la Fiscal¨ªa notific¨® el archivo definitivo del expediente, luego de excluir de responsabilidad a Fujimori, a los ministros y viceministros de Salud y formalizar una denuncia contra cinco trabajadores de salud directamente vinculados con la muerte de Mam¨¦rita Mestanza, en 1998, a causa de la infecci¨®n generalizada que le produjo la ligadura de trompas que le realizaron en el distrito de La Enca?ada, Cajamarca, sierra norte del pa¨ªs. Hubo otras 17 muertes derivadas de las esterilizaciones forzadas.

Rossy Salazar, abogada de la ONG Demus, inform¨® a EL PA?S de que en la resoluci¨®n de m¨¢s de 100 p¨¢ginas el fiscal Marco Guzm¨¢n Baca concluye que ¡°no se ha llegado a comprobar que [la esterilizaci¨®n forzada] fue una pol¨ªtica sistem¨¢tica¡± y que Fujimori no ten¨ªa conocimiento de los hechos.

¡°Refiere que no hay delito de homicidio, ni lesiones, y que todo era una pol¨ªtica de control de la natalidad, no hab¨ªa dolo para esterilizar¡±, a?ade la responsable del ¨¢rea jur¨ªdica de una de las ONG que defiende legalmente a decenas de v¨ªctimas de la anticoncepci¨®n quir¨²rgica voluntaria (AQVs como las denominaba el gobierno de Fujimori).

Aunque el fiscal Guzm¨¢n Baca refiere que no encontr¨® pruebas, los testimonios de las mujeres esterilizadas, de operadores de salud y otros elementos conformaron 118 tomos de investigaci¨®n, y ello apuntaba a un plan y una pol¨ªtica de salud para lograr cantidades espec¨ªficas de esterilizaciones por semana y por mes.

Los trabajadores de salud eran supervisados para cumplir con un m¨ªnimo de esterilizaciones en hombres y mujeres, y estos procedimientos los realizaban en los departamentos y provincias m¨¢s pobres del pa¨ªs, especialmente en zonas rurales, con predominio de quechua-hablantes. El director del programa de salud reproductiva y planificaci¨®n familiar entre 1997-2000, Jorge Parra, ten¨ªa una sala con una moderna pizarra en la que registraba el n¨²mero de AQVs logradas en cada departamento del pa¨ªs.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos record¨® en 2010 al Estado peruano el compromiso que firm¨® en 2003 de ¡°investigar y sancionar debidamente a los responsables¡±, y por ello el Ministerio P¨²blico anunci¨® en 2011 la reapertura del caso. Sin embargo, los trabajos empezaron entrado el 2012. Expertos en defensa de los derechos de la mujer, como la abogada Jeannette Llaja, destacaron en 2012 la falta de recursos para que la Fiscal¨ªa recogiera testimonios fuera de Lima.

Demus y el Instituto de Defensa Legal presentar¨¢n, a m¨¢s tardar el martes, un recurso de queja ante el Ministerio P¨²blico. ¡°El fiscal de la Segunda Fiscal¨ªa Supraprovincial de Lima no formula denuncia contra Alberto Fujimori, los exministros Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga [actual congresista fujimorista]. Tampoco contra John Nagahata Susanibar, Jorge Parra Vergara, Ulises Jorge Aguilar [entonces directores de programas del ministerio de Salud] por ninguno de los delitos, ni homicidio culposo, secuestro y coacci¨®n¡±, indic¨® Salazar a EL PA?S.

Por el caso de Mestanza, la Fiscal¨ªa formaliz¨® denuncia contra cinco servidores de salud: entre ellos Liborio Serna y Carlos Alberto Herrera Fern¨¢ndez -por presunto homicidio culposo-, y contra Enrique Octavio y Enedina Zavaleta, por presuntos c¨®mplices primarios y presunta comisi¨®n del delito de exposici¨®n al peligro.

En 2011, la campa?a electoral presidencial de Keiko Fujimori -la hija del expresidente- que contaba con el respaldo de la mayor¨ªa de medios de comunicaci¨®n y el empresariado, fue mellada por la alusi¨®n a las esterilizaciones forzadas. El recurso fue parte de las estrategias de comunicaci¨®n pol¨ªtica que encabez¨® el estratega franco-argentino Luis Favre.

La Fiscal¨ªa de la Naci¨®n precis¨® en su cuenta de Twitter que ¡°comprob¨® que hubo violaci¨®n de los derechos humanos, denunci¨¢ndose a un grupo de m¨¦dicos de Cajamarca¡±, pero que ¡°no se incurri¨® en crimen de lesa humanidad¡±.

Un comunicado de Demus explica que, de acuerdo a la resoluci¨®n fiscal, ¡°los hechos denunciados no constituir¨ªan cr¨ªmenes de lesa humanidad por el desconocimiento del ataque generalizado y sistematico de parte de Alberto Fujimori¡±, y porque los delitos enmarcados en el C¨®digo Penal no se dan por falta de dolo de los ex ministros y altos funcionarios de salud.

La ONG asevera que el fiscal no ha tomado en cuenta ¡°la pol¨ªtica estatal vigente entre los a?os 1996-2000 que era de conocimiento del entonces presidente Alberto Fujimori, los titulares de Salud de ese per¨ªodo y de los funcionarios, quienes ordenaban y monitoreaban el cumplimiento de esas metas¡±.

Un grupo de activistas de derechos humanos ha convocado para este lunes a una movilizaci¨®n frente a la sede del Ministerio P¨²blico en Lima, y ante el Poder Judicial en Cusco, en rechazo a la resoluci¨®n fiscal. De Anta, Cusco, proced¨ªan las primeras denuncias que hicieron mujeres en 1998, cuando el Poder Judicial era controlado por el aparato del gobierno de Fujimori.