El Supremo de El Salvador cuestiona la ley de amnist¨ªa

El 25 de julio de 1981, una patrulla de 20 soldados del Ej¨¦rcito salvadore?o lleg¨® al pueblo de San Francisco Angulo. Eran sobre las once de la ma?ana. Sin mediar palabra, asesinaron a 45 personas. En 2005, familiares de las v¨ªctimas comenzaron a exigir justicia y que se supiera la verdad de lo ocurrido. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador lanz¨® el mi¨¦rcoles un rayo de esperanza sobre la causa al ordenar a la Fiscal¨ªa General investigar qui¨¦nes ordenaron y cometieron los asesinatos.

Durante la guerra civil salvadore?a, entre 1980 y 1992, se produjeron este tipo de carnicer¨ªas que respond¨ªan a una t¨¢ctica de contrainsurgencia conocida como tierra arrasada. Se trataba de ¡°quitarle el agua al pez¡±, es decir, quitarle a la guerrilla la base social de apoyo.

Hay registro de masacres, como las de El Mozote y la de R¨ªo Sumpul, en las que fueron asesinadas un millar de personas en cada una. Los registros del Informe de la Comisi¨®n de la Verdad, auspiciado por la ONU, dan cuenta de tales atrocidades de lesa humanidad, que nunca han sido investigadas judicialmente en El Salvador: lo impide una ley de amnist¨ªa promulgada en 1993, durante el Gobierno de Alfredo Cristiani.

La sentencia de amparo emitida por la Sala de lo Constitucional es ahora favorable a los familiares de las v¨ªctimas: Higinio Ponce Ruiz, Ina de los ?ngeles Arias de Rodr¨ªguez, Miguel Romero y Blanca Nohemy, quienes exigen desde 2005 saber la verdad. Aunque hubo exhumaciones de m¨¢s de 40 cad¨¢veres de las v¨ªctimas, la Sala de lo Constitucional considera ¡°que el Fiscal General de la Rep¨²blica vulner¨® los derechos de acceso a la jurisdicci¨®n y a conocer la verdad de los hechos, al no investigar oficiosamente el homicidio colectivo ocurrido en el cant¨®n San Francisco Angulo, y haber dilatado injustificadamente el inicio de tal actividad investigativa, la cual hasta la fecha no ha sido seria, exhaustiva, diligente ni concluyente¡±.

Claudia Interiano, en representaci¨®n de los familiares y del Centro para la Promoci¨®n de los Derechos Humanos Madelaine Lagadec, considera que ¡°el fallo es un hecho sin precedentes en El Salvador, porque es la primera vez que se habla que se ha violentado un derecho constitucional, que es el acceso a la jurisdicci¨®n, y dentro de este, por primera vez se estar¨ªa diciendo que se ha violado el derecho a la verdad¡±.

Interiano explica que la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) abre las puertas para que los familiares de v¨ªctimas y supervivientes de la conocida como masacre de Tecoluca reciban reparaci¨®n emocional, psicol¨®gica y f¨ªsica. ¡°Se dar¨ªa un paso m¨¢s para sanar a la sociedad salvadore?a¡±, recalca la activista.

Sectores sociales ligados a grupos que velan por los derechos humanos y el Estado de derecho en El Salvador han demandado ante la Sala de lo Constitucional la anulaci¨®n de la ley de amnist¨ªa de 1993. La sala ha admitido la demanda hecha el a?o pasado y hay expectativa de que resuelva a favor. Este fallo para investigar la masacre de Tecoluca camina en ese sentido, asevera Interiano.