Armados pero pac¨ªficos

En Uruguay hay oficialmente 580.000 armas registradas para una poblaci¨®n de poco m¨¢s de 3.280.000 habitantes. Existe, adem¨¢s, un importante mercado negro. Y las ventas van en aumento: 50% m¨¢s en los ¨²ltimos cuatro a?os, en medio de una ola de inseguridad que - vista desde M¨¦xico, Colombia o Venezuela parecer¨ªa rid¨ªcula - pero que para los pl¨¢cidos uruguayos resulta intolerable.

Once de la ma?ana del domingo en el Club Uruguayo de Tiro, a pocos metros del m¨ªtico estadio Centenario de Montevideo. En varias hileras, con una diana al fondo, varios hombres disparan causando un fuerte estruendo que, sin embargo, nadie parece advertir. Aqu¨ª vienen los socios de toda la vida y tambi¨¦n aquellos que quieren sacarse un permiso. La ley actual somete a los candidatos a tener un arma a un examen psicol¨®gico y a varias horas de clases de tiro. Cada arma y cada due?o queda registrado. Si bien la "tenencia" de armas es f¨¢cil de obtener, el "porte" de armas - es decir, el derecho a llevarla encima - es sometido a estrictos controles. De los mil socios del club, solo veinte tienen el porte, seg¨²n la administraci¨®n.

Los testimonios coinciden: el perfil del propietario de un arma en Uruguay es un hombre, generalmente un padre de familia, que tramita la "tenencia" para poder defender su hogar en caso de agresi¨®n externa. Basta con interrogar al vecino, al compa?ero de trabajo, al m¨¦dico o al profesor. Muchos reconocer¨¢n que tienen una pistola en casa, en un caj¨®n cerrado, muchas veces sin utilizar.

Pero muchas otras veces las armas se usan y en esos casos la legislaci¨®n explica la parad¨®jica situaci¨®n de Uruguay, un pa¨ªs donde el concepto de leg¨ªtima defensa resulta especialmente protector para el hogar, considerado pr¨¢cticamente inviolable. En ese contexto, abatir a un ladr¨®n dentro del domicilio se califica muchas veces como "leg¨ªtima defensa". En medio de una fuerte aprobaci¨®n popular, los jueces tienden a ser clementes en este tipo de situaciones.

El ultimo caso se produjo el pasado uno de marzo en la localidad norte?a de Salto. Un jubilado de 64 a?os mat¨® de un disparo en la cabeza a un delincuente con antecedentes que trataba de robarle la bombona de gas. Tras un interrogatorio, el juez dej¨® al agresor libre y sin cargos.

Gustavo Guidobono, director de la Asociaci¨®n para el Desarme Civil, confirma que el arma se concibe como un "instrumento de seguridad dom¨¦stica y patriarcal" en Uruguay.

Algunas organizaciones civiles afirman que el n¨²mero real de armas en manos de civiles ronda el mill¨®n. En todo caso, con 32 armas por cada cien habitantes, Uruguay est¨¢ al nivel de pa¨ªses como Irak (34 armas por cada cien habitantes), muy por encima de Argentina (10 por cada cien habitantes), Brasil (8 por cada cien) o de Colombia (6 de cada cien), pero lejos de Estados Unidos (90 armas por cada cien habitantes). Las cifras est¨¢n basadas en el Small arms Surrey 2007.

Pero Guidobono rechaza estas comparaciones, Uruguay tiene en todo caso "el mejor registro de armas de Latinoam¨¦rica, donde el control es muy relativo".

Los socios del Club de Tiro, que prefieren no dar sus nombres, rechazan de plano la nueva legislaci¨®n que condena a penas de hasta 12 a?os de c¨¢rcel a los propietarios de armas no registradas, un rechazo que comparten con los sectores pol¨ªticos conservadores.

Guillermo Maciel es el experto en seguridad del Partido Colorado, totalmente contrario a la ley. Cree que lo necesario es "desarmar a los delincuentes y no a los ciudadanos honestos". Maciel considera que las leyes tienen que dar m¨¢s elementos de autodefensa a los civiles. En ese contexto, el Partido Colorado apoya una iniciativa parlamentaria para ampliar el supuesto de leg¨ªtima defensa y permitirla, por ejemplo, en los comercios.

Sin embargo, el presidente de la C¨¢mara de Diputados - An¨ªbal Pereyra, del Frente Amplio - afirma que la nueva ley trata de luchar contra el mercado negro y dejar¨¢ un plazo de un a?o para que los civiles cambien sus armas ilegales por ordenadores portables o bicicletas.

En todo caso, quedar¨¢ intacto un curioso privilegio para los diputados y senadores uruguayos, que tienen derecho a portar armas sin ning¨²n tipo de restricci¨®n. Un estudio de 2008 revel¨® que uno de cada tres legisladores tiene un arma, cifras que Pereyra considera totalmente caducas. "En 1950, se prohibi¨® la entrada de legisladores armados al hemiciclo y actualmente s¨®lo se usan cuando hay necesidad de transportar fondos", afirma.

Guidobono se indigna contra el "adefesio" que constituye mantener los "privilegios rid¨ªculos" de los legisladores y se muestra tajante: "los pol¨ªticos uruguayos est¨¢n armados", tanto en los sectores de la derecha como en el bando de los exguerrilleros tupamaros del Frente Amplio y del presidente Jos¨¦ Mujica.