La CIDH ordena a Ecuador que suspenda la condena a varios adversarios de Correa
El organismo otorga medidas cautelares al asamble¨ªsta Cl¨¦ver Jim¨¦nez y a sus colaboradores, Villavicencio y Figueroa condenados por injurias al presidente ecuatoriano
La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido este lunes al Gobierno de Ecuador que suspenda la ejecuci¨®n de las condenas a prisi¨®n e indemnizaci¨®n econ¨®mica por injurias al presidente del pa¨ªs, Rafael Correa, que el pasado 21 de marzo fue ratificada, contra el asamble¨ªsta Cl¨¦ver Jim¨¦nez, l¨ªder del movimiento Pachakutik, y sus colaboradores, el periodista Fernando Villavicencio y el sindicalista Carlos Figueroa. Los comisionados entienden que con esa sentencia no s¨®lo se pone sordina al derecho a la libertad de expresi¨®n de los peticionarios, sino que se ejerce un peligroso efecto disuasorio respecto de otras personas que pudieran tener intenci¨®n de denunciar supuestos actos de corrupci¨®n del funcionarios p¨²blicos ecuatorianos.
El abogado Julio C¨¦sar Sarango, que representa a los tres procesados por el presidente Rafael Correa, espera que la Corte Nacional de Justicia suspenda la aplicaci¨®n de la sentencia. ¡°Los jueces tienen que acatar los convenios internacionales que est¨¢n al nivel de la Constituci¨®n y sobre las leyes¡±, ha dicho a EL PA?S. La semana pasada, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, soslay¨® la aplicaci¨®n de otras medidas cautelares de la CIDH a favor del alcalde Gustavo Petro, alegando que la Convenci¨®n era un derecho subsidiario, desatando un debate sobre la obligatoriedad o no de esa tutela. Sarango ha a?adi¨® que el asamble¨ªsta Jim¨¦nez seguir¨¢ en la provincia a la que representa, Zamora Chinchipe, hasta conocer el pronunciamiento de la Corte. ¡°El presidente puede o no aceptar la disposici¨®n de la CIDH, es la justicia ecuatoriana la que se debe pronunciar, ahora veremos si la justicia tiene independencia¡±.
El pasado 14 de enero, la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana confirmaba sendas condenas de prisi¨®n de 18 meses para Jim¨¦nez y Villavicencio, y seis meses para Figueroa, as¨ª como una indemnizaci¨®n econ¨®mica equivalente al salario mensual del presidente de la naci¨®n por cada uno de los meses transcurridos desde la presentaci¨®n de su denuncia (unos 140.000 d¨®lares) y una disculpa p¨²blica por injurias contra el presidente cometidas con ocasi¨®n de la denuncia que los tres presentaron el 4 de agosto de 2011 en el que se acusaba a Correa de haber ordenado, supuestamente, la incursi¨®n armada al hospital de la Polic¨ªa durante la revuelta del 30 de septiembre de 2010.
La semana pasada, qued¨® confirmada la sentencia cuya ejecuci¨®n, sin embargo, la CIDH ha pedido que se suspenda, mediante el otorgamiento de medidas cautelares, en tanto que pasa a conocer el fondo del asunto, por entender que se dan los requisitos de urgencia, gravedad y da?o irreparable contra el derecho a la libertad de expresi¨®n de los condenados. Para la Comisi¨®n, ¡°la severidad de las condenas penales y civiles impuestas a los beneficiarios por expresiones utilizadas al denunciar ante las autoridades hechos que, a su entender, configuraban conductas punibles del presidente¡±, son determinantes de la gravedad; la urgencia subyace en el hecho de que ya se han emitido las ¨®rdenes de encarcelaci¨®n ¨Cel pasado 21 de marzo-. La irreparabilidad la determina el hecho de que la pena de prisi¨®n impide que los peticionarios puedan ¡°continuar trabajando como lo ven¨ªan haciendo en ejercicio de su libertad de expresi¨®n¡±.
La Comisi¨®n llama la atenci¨®n, adem¨¢s, del efecto intimidatorio que este tipo de condenas por injurias a funcionarios p¨²blicos puede tener en otros legisladores y periodistas y ¡°en todas las personas que pretendan denunciar a funcionarios p¨²blicos ante las autoridades competentes¡±, una circunstancia que abunda en la merma del ejercicio de control social en casos de corrupci¨®n de las autoridades. El propio Villavicencio denunciaba esta circunstancia el pasado mes de enero durante una entrevista a EL PA?S. ¡°la condena est¨¢ dirigida a toda la c¨²pula cr¨ªtica del pa¨ªs que maneja informaci¨®n¡±
A parte del cercenamiento de la libertad de expresi¨®n, la CIDH hace notar que en el caso de Jim¨¦nez, la pena de c¨¢rcel tambi¨¦n constri?e sus derechos pol¨ªticos por suponer, por su duraci¨®n, la p¨¦rdida de su cargo en la Asamblea Nacional.
En las redes sociales, uno de los primeros en reaccionar ha sido Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe por el partido ind¨ªgena Pachakutik. ¡°Sab¨ªamos que la CIDH iba a decidir sobre la sentencia ilegal en contra de Jim¨¦nez. Esperamos que se respete esta resoluci¨®n de la CIDH¡±, escribi¨® en un tuit y en los siguientes explic¨® que la gente de su partido no ha interferido con la justicia al proteger al asamble¨ªsta. ¡°Quien interfiere en la administraci¨®n de justicia es el gobierno nacional. Dice c¨®mo y cu¨¢ndo debe sentenciarse a sus detractores¡±.
La pugna de Correa con la CIDH
No es la primera vez que la CIDH llama la atenci¨®n a Ecuador por sus ataques a la libertad de expresi¨®n. En 2012, los comisionados otorgaron medidas cautelares a los directivos del diario El Universo, tras ser condenados por injurias y calumnias contra Correa a tres a?os de prisi¨®n y una multimillonaria multa, por el art¨ªculo No a las mentiras. Esta decisi¨®n por parte de la CIDH y las m¨²ltiples denuncias por las continuas amenazas a la libertad de prensa emitidas por la Relator¨ªa Especial de la Libertad de Expresi¨®n ¨Cacrecentadas tras la promulgaci¨®n de la Ley de Medios- han soliviantado al presidente ecuatoriano hasta el punto de dirigir la cruzada por silenciar a esa relator¨ªa y mermar las capacidades de la propia comisi¨®n a trav¨¦s de la reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la que, finalmente, no se impusieron los presupuestos defendidos por el mandatario.
El a?o pasado, tras publicarse contundente informe sobre libertad de expresi¨®n en Ecuador en 2012 de dicha relator¨ªa, Correa calific¨® su contenido de ¡°payasadas¡± y solicit¨® a su canciller, Ricardo Pati?o, que tomara medidas ¡°ante la OEA, ante la CIDH, para denunciar esas payasadas, adefesios¡ Esto s¨ª es corrupci¨®n, est¨¢n defendiendo las corruptelas de cierta prensa¡±, se?al¨®.
El presidente ecuatoriano es el mandatario que m¨¢s juicios ha impulsado por delitos de da?o moral, injurias o falso testimonio (14), de acuerdo con la web de Funci¨®n Judicial. En el caso de Jim¨¦nez, Villavicencio y Figueroa, las acciones del Gobierno ecuatoriano fueron m¨¢s all¨¢ de las denuncias. El 26 de diciembre, la polic¨ªa llevaba a cabo sendos registros en los domicilios y las oficinas del pol¨ªtico opositor y el periodista, en los que se incautaron de material inform¨¢tico y documentos sobre otras investigaciones. Un d¨ªa despu¨¦s, Correa amenaz¨® con iniciar diligencias criminales como consecuencia del material incautado. ¡°Se han descubierto cosas muy graves que en su momento y de acuerdo al debido proceso las sabr¨¢ el pa¨ªs¡±, se?al¨® a trav¨¦s de su cuenta de Twitter el presidente.
La recreaci¨®n del allanamiento que el caricaturista Xavier Bonilla, Bonil, plasm¨® en una de sus vi?etas, convirti¨® al dibujante en la primera v¨ªctima de la pol¨¦mica Ley de Medios. El Superintendente de Informaci¨®n y Comunicaci¨®n le impuso la obligaci¨®n de rectificar ¨Calgo que hizo con mucho humor-. Precisamente Bonil estar¨¢ esta semana en Washington para abordar la situaci¨®n de la libertad de expresi¨®n en su pa¨ªs con ocasi¨®n del 150 periodo de audiencias de la CIDH.
Reacci¨®n del Gobierno
El primero en pronunciarse ha sido el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Pati?o, que a trav¨¦s de su cuenta de Twitter ha dicho: "La CIDH no tiene competencia para solicitar medidas cautelares" y ha remitido al art¨ªculo 18 del estatuto de la comisi¨®n que se?ala que puede "formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos".
En esa misma l¨ªnea ha respondido a este peri¨®dico, por correo electr¨®nico, el titular de la Secretar¨ªa Nacional de Comunicaci¨®n, Fernando Alvarado. ¡°Entiendo que la CIDH no tiene atribuci¨®n para dictar medidas cautelares, solo la Corte. Aceptar dicha resoluci¨®n, en mi opini¨®n personal (aunque no soy abogado, ni experto en derecho internacional) ser¨ªa atentar contra la soberan¨ªa del Ecuador¡±. En el pa¨ªs no hay ninguna se?al de que la justicia ecuatoriana vaya a acatar la solicitud de la CIDH. Por el contrario, la b¨²squeda del asamble¨ªsta Cl¨¦ver Jim¨¦nez y sus coidearios es una prioridad para el MInisterio de Interior. Su titular, Jos¨¦ Serrano, dijo en la televisi¨®n p¨²blica que se est¨¢ buscando a los tres implicados y que ya se han emitido las alertas en Interpol.
Antes de conocer la resoluci¨®n de la CIDH, el presidente Rafael Correa habl¨® del caso en las redes sociales: ¡°Ahora soy yo el que judicializ¨® la pol¨ªtica. Ni siquiera presentan la falsa denuncia, con firma de abogado y todo, que present¨® contra m¨ª. Esto en cualquier parte del mundo es penalizado. Pretenden que si eres pol¨ªtico o periodista (frecuentemente lo mismo), no puedas ser juzgado. En otras palabras, impunidad. En un estado de derecho no se persiguen personas, sino delitos, independientemente de qui¨¦n los cometa¡±.
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