Los linchamientos y la impunidad se retroalimentan en Centroam¨¦rica

Fue el pasado 9 de abril. A menos de 100 metros al este del edificio principal de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, un hombre asalt¨® a una embarazada y le rob¨® un bolso. Cuando se daba a la fuga, fue atrapado por una turba que le vapule¨® y linch¨® en plena v¨ªa p¨²blica, antes de ser rescatado y detenido por efectivos policiales.

Una costarricense que, en complicidad con su compa?ero sentimental, es sospechosa de asesinar a golpes a su hijo de nueve meses recibi¨® una golpiza el 12 de abril. El suceso tuvo lugar en una c¨¢rcel de mujeres en San Jos¨¦ y se produjo a manos de otras reclusas menos de 24 horas despu¨¦s de ingresar al penal.

Una muchedumbre de m¨¢s de 2.500 personas asesin¨® en un linchamiento en octubre de 2011 en la capital de Guatemala a un joven de 18 a?os acusado de asalto, robo, secuestro y violaci¨®n sexual.

Por estos y otros numerosos ejemplos, desde Guatemala a Panam¨¢, los linchamientos han irrumpido en Centroam¨¦rica como parte de una supuesta ¡°justicia popular¡± a pesar del riesgo de ser mecanismos de ¡°limpieza social¡±. Todo ello en el contexto de la incapacidad estatal de sancionar la delincuencia y de evitar propiciar la impunidad, uno de los a?ejos males del aparato legal de la regi¨®n.

Uno de los sangrientos casos estremeci¨® a Honduras en mayo de 2012, en el departamento de Col¨®n (este del pa¨ªs): un hombre de 48 a?os mat¨® a pu?aladas a una mujer de 24 a la que intent¨® violar. Cuando trat¨® de escapar, fue atrapado por un enfurecido grupo de pobladores que, a patadas y pedradas, lo mat¨® e impidi¨® la intervenci¨®n policial.

La situaci¨®n m¨¢s grave se da en Guatemala, debido a las costumbres ind¨ªgenas de desconocer y desconfiar de las estructuras institucionales de justicia. Un informe de la estatal Procuradur¨ªa de Derechos Humanos de Guatemala entregado a EL PA?S?revel¨® que, de enero de 2004 a noviembre de 2013, hubo 295 asesinatos¡ªentre ellas 14 mujeres¡ªpor linchamiento. Adem¨¢s, 1.704 personas resultaron heridas en ese tipo de actos.

Guatemala pas¨® de un promedio mensual de 4,5 heridos y muertos en linchamientos en 2004 a 42,43 en 2013. En el periodo, hubo 1.224 otros casos de ¡°retenciones multitudinarias¡±, que son eventos en los que los sospechosos de cometer delitos son retenidos por comunidades. En Honduras, solo en 2005, hubo 15 linchamientos y 30 ejecuciones extrajudiciales.

Fen¨®menos cercanos

Centroam¨¦rica est¨¢ considerada una de las zonas m¨¢s violentas del mundo, con promedios regionales de homicidios superiores a los 27 por cada 100.000 habitantes. En sus investigaciones sobre los problemas de inseguridad en la regi¨®n, el Programa de la Organizaci¨®n de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha identificado que en este tipo de hechos - cobrar venganza, ajuste de cuentas o pretender tomarse la ley y hacer justicia con sus manos - hay dos fen¨®menos cercanos pero con caracter¨ªsticas propias: los linchamientos y las operaciones de ¡°limpieza social¡±.

Los linchamientos, seg¨²n el PNUD, son hechos punibles bajo el manto de una presunta ¡°justicia popular¡± ejercida por turbas. La ¡°limpieza social¡± es ejecutada por grupos o escuadrones de la muerte con el pretexto de liberar a una comunidad de indeseables.

El PNUD describe dos situaciones que ocurren en Centroam¨¦rica. Por un lado, considera los linchamientos como una forma de acci¨®n colectiva para ejercer violencia en contra de quien o quienes son considerados autores de un delito. En consecuencia, se tratar¨ªa de actos de car¨¢cter privado e ilegal que se traducen en un fuerte castigo f¨ªsico y que no siempre desembocan en la muerte. Estos actos ocurren como reacci¨®n emocional y espont¨¢nea de un grupo de personas y usualmente son promovidos por l¨ªderes que instan a hacer una ¡°justicia de urgencia¡±.

Por otro lado, considera que existen las operaciones de "limpieza social¡±. Estas implican el acuerdo previo y calculado de un conjunto de personas para asesinar a habitantes de la calle, drogadictos, prostitutas u otros miembros de grupos marginados. Tambi¨¦n tienen como objetivo a personas identificadas o estigmatizadas como autores habituales de delitos, tales como j¨®venes de barriadas populares y pandilleros.

Ese tipo de actividades pueden o no incluir la participaci¨®n de miembros de las fuerzas de seguridad estatales. Cuando estos act¨²an en connivencia o intervienen directamente, se trata de ¡°ejecuciones extrajudiciales¡±. Estas pr¨¢cticas se achacan a la incapacidad del Estado para llevar a juicio y lograr el castigo legal de los delincuentes, aunque reflejan una ¡°cultura enfermiza¡± de falta de respeto a la ley.

Sin respuestas estatales, ¡°la cultura de violencia y la desesperaci¨®n imperante en la poblaci¨®n¡± contribuyen ¡°al desborde de la violencia en Guatemala¡±, advirti¨® la guatemalteca Claudia Samayoa, investigadora del fen¨®meno regional de inseguridad, al ser consultada por EL PA?S. Hay un ¡°clamor social por la aplicaci¨®n de pol¨ªticas represivas y violentas¡± como la pena de muerte, o la ¡°anuencia¡± para ejecutar la ¡°mal llamada limpieza social (ejecuciones extrajudiciales) y el caso m¨¢s extremo se ve evidenciado en el aumento de los linchamientos¡±, alert¨®.