Lo decente es matar al Mecanismo

Hace dos a?os, en abril de 2012, los diputados y senadores terminaron de aprobar la Ley para la Protecci¨®n de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con una visi¨®n similar a la que tendr¨ªa un carnicero que quiere poner su tienda en un barrio de vegetarianos.

Desde un principio varios periodistas advertimos que el Mecanismo de Protecci¨®n creado por la ley era un engendro burocr¨¢tico que no iba a funcionar. En julio de 2012 escrib¨ª que un an¨¢lisis de c¨®mo operar¨ªa el mecanismo en zonas con alta incidencia de ataques a la prensa ¡°indica que no responde a la realidad y ser¨ªa in¨²til en muchos casos¡±.

Dos a?os y decenas de ataques a medios de comunicaci¨®n, periodistas y activistas, han confirmado lo que se sab¨ªa desde un principio. Cifras publicadas recientemente indican que desde 2012 la Junta de Gobierno del Mecanismo no ha atendido ni la mitad de los casos que ha recibido (88 de 152 a¨²n no tienen respuesta). Los que por lo menos menos han llegado a la mesa de la Junta han recibido, en la mayor¨ªa de los casos, una atenci¨®n deficiente.

Incluso el secretario de Gobernaci¨®n, Miguel ?ngel Osorio Chong, en cuyo regazo cay¨® el Mecanismo apenas unos meses despu¨¦s de aprobado, ha reconocido impl¨ªcitamente que fue un fracaso cuando anunci¨® a la organizaci¨®n Reporteros Sin Fronteras que se reestructurar¨ªa.

El problema es que el Mecanismo puede reestructurarse para quedar igual de in¨²til.

Lo decente ahora es matar el Mecanismo. Aplicarle la eutanasia, firmar un certificado de defunci¨®n y pasar a otra cosa. Es claro que el Mecanismo actual no es la soluci¨®n, no es ni siquiera una opci¨®n.

Quiz¨¢ la clave est¨¢ en empezar en otro lado.

Uno de los razonamientos para diagnosticar que el Mecanismo no servir¨ªa fue el hecho de que las personas que lo dise?aron en la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n, la C¨¢mara de Diputados y el Senado nunca tomaron en cuenta la realidad en el terreno, sobre todo fuera de la Ciudad de M¨¦xico, donde las formas de agresi¨®n a periodistas y activistas son tan variadas como las regiones del pa¨ªs.

Desde esta perspectiva era imposible dise?ar un mecanismo homog¨¦neo sin tomar en cuenta que la realidad cambia dependiendo del lugar. En Veracruz, por ejemplo, la forma m¨¢s com¨²n de agresi¨®n a la prensa ha sido el asesinato de periodistas; en Tamaulipas o Nuevo Le¨®n ha sido el ataque a instalaciones de medios.

Sin embargo, nadie en el Gobierno Federal o el Congreso se tom¨® el cuidado de siquiera levantar el tel¨¦fono y hablarle a directivos, editores o reporteros de medios locales para preguntar c¨®mo estaban las cosas en sus ciudades, cu¨¢les eran sus principales amenazas, sus temores de un ataque o sus medidas de protecci¨®n.

Por eso lo que el Congreso aprob¨® y el entonces presidente Felipe Calder¨®n termin¨® publicando fue una estructura burocr¨¢tica que no sirvi¨® para proteger, por ejemplo, al veracruzano Gregorio Jim¨¦nez de ser secuestrado y asesinado, o al sinaloense Adri¨¢n L¨®pez, de ser asaltado y baleado incluso luego de que su diario recibi¨® amenazas por su cobertura del arresto del Chapo Guzm¨¢n.

Un vistazo a la ley sirve para entender el problema. La ley obliga a la Unidad de Recepci¨®n de Casos y Reacci¨®n R¨¢pida del Mecanismo a recibir solicitudes de incorporaci¨®n, definir la naturaleza de los casos, solicitar a la Unidad de Evaluaci¨®n de Riesgos un Estudio de Evaluaci¨®n de Riesgos y emitir Medidas Urgentes de Protecci¨®n.

Esta medida aplicar¨ªa solamente, y en el mejor de los casos, de manera individual pero no hay menci¨®n de los casos institucionales, cuando es una empresa o una organizaci¨®n la que es agredida (por ejemplo con ataques contra sus instalaciones). La ley habla de evacuaci¨®n, reubicaci¨®n y asignaci¨®n de escoltas. ?Pero qu¨¦ pasa cuando el edificio de un medio es atacado? ?Se reubica a todo el personal? ?Se le pone escoltas a las decenas de trabajadores de un medio?

Hay otras medidas poco pr¨¢cticas, como la entrega de chalecos antibalas. ?Para qu¨¦? Ninguno de los periodistas asesinados en M¨¦xico ha sido baleado a distancia, sino que han sido secuestrados y luego asesinados, algo que un chaleco nunca podr¨ªa evitar.

La ley tambi¨¦n ordena un monitoreo nacional de agresiones para sistematizar informaci¨®n en una base de datos con reportes mensuales, de los cuales no se conoce ninguno. Y obliga a la Federaci¨®n y los estados el desarrollo de medidas de prevenci¨®n para evitar agresiones, lo cual ya sabemos que no se ha logrado, precisamente porque no hay informaci¨®n para diagnosticar cada situaci¨®n.

Pero el problema no est¨¢ en la estructura burocr¨¢tica, a final de cuentas la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n y la Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo del Mecanismo est¨¢n obligados a regirse por esta ley. Es decir, el Congreso decidi¨® que la forma de proteger periodistas y defensores de derechos humanos era con esta herramienta. Disfuncional, in¨²til y lenta, pero es lo que hay.

De aqu¨ª se concluye que ante los resultados de un aumento en agresiones a periodistas y activistas en los ¨²ltimos dos a?os, lo que proceder¨ªa es cambiar la herramienta, conservando algunos aspectos ¨²tiles pero despoj¨¢ndola de su carga buroc¨¢tica.

?Se necesita una nueva legislaci¨®n? No estoy seguro. Cualquier mecanismo estrechamente definido en una ley ser¨¢ insuficiente para la gran variedad de agresores y tipos de agresiones que hay contra la prensa y organizaciones civiles en el pa¨ªs. Lidiar con amenazas telef¨®nicas es diferente a lidiar con un secuestro, que es diferente a enfrentar una balacera en el edificio, que no se compara con una golpiza durante una cobertura.

Adem¨¢s, la ley actual entra en funcionamiento a ra¨ªz de amenazas, pero sus autores nunca tomaron que una gran cantidad de ataques a periodistas y medios se hace sin amenaza previa y muchos otros se dan cuando el tiempo que media entre amenaza y agresi¨®n es de unos minutos, a lo mucho unas cuantas horas, tiempo insuficiente para que periodistas en, digamos, Veracruz, llamen a la Ciudad de M¨¦xico para pedir apoyo del Mecanismo y se active todo el proceso burocr¨¢tico.

Gran parte el fracaso del actual Mecanismo es su centralizaci¨®n. La ley obliga a la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n a concentrar los casos de todo el pa¨ªs y regresarlos luego a autoridades estatales para que apoyen en las medidas de protecci¨®n. Esto de por s¨ª es un problema, no s¨®lo por la desconfianza en los cuerpos de seguridad locales sino ante el hecho de que en ocasiones los agresores son precisamente las autoridades locales.

Una salida es descentralizar la reacci¨®n. Esto agilizar¨ªa la respuesta no s¨®lo para atender una amenaza sino tambi¨¦n para responder r¨¢pidamente a una agresi¨®n. Un modelo que he visto funcionar en varias ocasiones es el de contactos directos entre directivos de un medio de comunicaci¨®n y mandos de cuerpos de seguridad federales o locales capaces de decidir y activar operativos de protecci¨®n o prevenci¨®n.

Una vertiente digna de explorar ser¨ªa vincular a medios de comunicaci¨®n con las principales autoridades de seguridad en sus ciudades, tanto a nivel federal como estatal, para construir una relaci¨®n que pueda reparar dos de las principales fallas del Mecanismo actual: la lejan¨ªa y la ignorancia de las realidades locales.

Un contacto entre medios de comunicaci¨®n u organizaciones no gubernamentales en una ciudad y los encargados de la Polic¨ªa Federal, de la delegaci¨®n de la Procuradur¨ªa (Fiscal¨ªa) General de la Rep¨²blica o de los destacamentos del Ej¨¦rcito y la Marina en esa localidad, adem¨¢s de los mandos de polic¨ªas estatales, permitir¨ªa a los periodistas y activistas tener un apoyo cercano con reacci¨®n inmediata, sin necesidad de estar llamando a la Ciudad de M¨¦xico para buscar protecci¨®n ante una amenaza o ataque.

Adem¨¢s, pedir apoyo directo a fuerzas de seguridad en cada localidad permite poner inmediatamente el problema en manos de funcionarios con conocimiento del terreno, de los actores locales y de las distintas din¨¢micas que tienen los posibles agresores en cada regi¨®n (criminales, polic¨ªas, funcionarios con mucha ¡°iniciativa¡±, l¨ªderes pol¨ªticos o sindicales, etc.)

Por supuesto que cabe la posibilidad de que sean esas fuerzas de seguridad en cada ciudad las que, en muchas ocasiones, son quienes amenazan o agreden a periodistas o activistas. Pero el involucrar a m¨¢s de un cuerpo de seguridad (Polic¨ªa Federal, PGR, Ej¨¦rcito, Marina, polic¨ªas estatales), permitir¨¢ identificar f¨¢cilmente si alguna de estas instituciones no est¨¢ trabajando.

Las fuerzas locales de seguridad deben tener un incentivo para acabar con esto, en la medida en que las agresiones atraen los reflectores sobre sus propias fallas en sus labores de seguridad p¨²blica. Los gobernadores tambi¨¦n tendr¨ªan un acicate para que sus procuradur¨ªas o fiscal¨ªas trabajen en investigaciones s¨®lidas contra los agresores.

Porque en el fondo el mejor mecanismo de protecci¨®n de periodistas y activistas es acabar con la impunidad de los agresores. Mientras 9 de cada 10 agresiones no se castiguen, la invitaci¨®n est¨¢ abierta a todos los que quieran intimidar.

?Javier Garza Ramos, periodista, es exdirector de El Siglo de Torre¨®n